Resumo

Os Direitos Fundamentais da pessoa humana, seu estrito respeito, observância e aplicação de garantias, são deveres do Estado e dos governos no poder. Portanto, é necessário verificar se eles são cumpridos, bem como zelar para que não sejam violados ou violados, e ser favorável às mudanças desde que estejam de acordo com o momento histórico em que vivemos, para reafirmar a devida e eficiente segurança jurídica, por parte do Estado, suas instituições e funcionários, é o que através da presente investigação intitulada: "SEGURANÇA JURÍDICA NA ORDEM CONSTITUCIONAL EQUATORIANA", pretendemos reivindicar sua ratificação em favor de indivíduos e grupos. A Carta da República nasceu do poder constituinte. Acima da lei, como fonte do direito e na realização da verdadeira justiça; o que está gerando uma maior conscientização da participação de indivíduos e grupos, de setores antes esquecidos e discriminados como indígenas, afros e montubios, exigindo também a constante prestação de contas de todos os funcionários públicos nos esforços do governo. O Estado equatoriano, e sua estabilidade governamental, portanto é necessário, imprescindível que, através de nossa visão milenar, sistemática, intercultural, plurinacional, de acordo com a observância das normativas constitucionais, ancestrais, inclusivas, de harmonia com a pachamama – natureza – o meio ambiente e as leis internacionais e o estudo da jurisprudência comparada, de acordo com o próprio princípio do devido processo legal, proteção efetiva e, acima de tudo, segurança jurídica.

Introducción

La presente investigación científica que lleva por título: “LA SEGURIDAD JURIDICA EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO”, es el tema que me he permitido escoger, finalmente el trabajo de investigación en conjunto con la Propuesta. Está desarrollada, Partimos de la – contextualización nacional y local – mediante la evocación de la nueva Constitución de la República del Ecuador, respecto a la seguridad jurídica, a través del desarrollo de la misma y su relación con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Considero que la más notable aspiración de las naciones latinoamericanas, sobre todo en los últimos treinta años de dictaduras en el Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y de “aparentes democracias”, han sido eminentes ofrecimientos para cambiar la justicia en beneficio de los más oprimidos, que han quedado la mayoría de las veces, en el limbo jurídico-social-político, por la falta de decisión de los mandatarios de turno.

Ahora bien, hablar de seguridad jurídica, es hablar de verdadera justicia, con su debido acceso y transparencia, ofreciendo un alto respeto de los valores morales y las garantías constitucionales y jurisdiccionales. Los principios de ley, su legitimidad y su observancia constitucional, han llevado a los pueblos de esta región sur, a entablar verdaderas discusiones y estrategias, culminando con la redacción de las Cartas Políticas, para que el pueblo en uso de sus atribuciones y derechos, se pronuncie, salvaguardando su poder mismo, el de participar de manera directa.

Cabe anotar, que estos fenómenos sociales de recuperación del poder por parte del soberano, nos indica que la verdadera seguridad en todo su ámbito, es el poder integral, sí la integración mismo de todos los bloques de poder, para que en el encuentro de sus discrepancias y divergencias, se llegue a un punto neutral, que es el momento de que el poder omnímodo, ejecutivo o de facto, no pueda tener los verdaderos acuerdos, trasladando esa responsabilidad al punto inicial y esencial, el poder del pueblo soberano.

De la misma manera, vamos analizar, que los tiempos históricos de cada república, denotan la explicación de que hemos sido tratados injustificadamente de forma excluyentes, y que a viva voz, se han proyectado y edificado nuevos gobiernos sustentados en la demagogia, en el ofrecimiento de que ellos darían una mayor seguridad jurídica; siendo oportuno recordar, que estos  incumplimientos son producto de la falta de cultura y la inminente norma natural de que el derecho es dinámico y que las políticas sociales de gobierno, deben observar los cambios de su entorno.

Por tanto, echemos un vistazo retrospectivamente en el tiempo, haciendo una remembranza a lo indicado por un jurista, quien en su sombría claridad intelectual enunciaba,,” sí un juez no usa la ley en el tiempo, ese mismo tiempo se encargará de prescribir esa ley”;  siendo necesario para que una sociedad aspire conseguir una mayor seguridad, en toda la extensión de la palabra, debe recurrir en el tiempo a su pasado, que es la base esencial de lo que representa hoy, ya que el mayor presente de un pueblo es su extinto pasado, y de esta manera tendrá un claro camino, de exigencias y realidades; que se sustenta en que la seguridad jurídica es un principio que radica en la soberanía del pueblo, siguiendo la conceptualización constante en el Art. 2 de la Declaración del Pueblo de Virginia de junio de 1776, y en la frase sobre la democracia la cual radica en el pueblo, para el pueblo y por el pueblo del extinto Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Abraham  Lincoln.

Como principio de supremacía el Derecho constitucional está por encima de las demás normas y leyes, no solo frente al derecho privado, sino incluso frente a las diferentes normas del derecho público. Arts. 424 bajo el Titulo IX sobre la Supremacía Constitucional, Capitulo primero de los Principios. “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y actos de poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de – eficacia jurídica…y en el artículo 425 de la Constitución.

Son las actuaciones de los jueces y juezas que administran justicia, las que nos llevan al respeto de la Constitución, de los derechos garantizados en ella y lo que nos da la seguridad jurídica que requiere un país para su desarrollo. Así, las desmotivadas resoluciones en materia constitucional, que observamos en su gran mayoría de los casos dentro de la administración de justicia, ese incumplimiento por parte de algunos jueces y juezas no puede ser denostado por los organismos auxiliares de la administración de justicia, como son: la defensoría del pueblo, fiscalía, el mismo órgano administrativo y disciplinario de la función Judicial como es el Consejo de la Judicatura.

De esta manera, la importancia de respetar el debido proceso y entiéndase debido proceso no solo a la defensa que hace una de las partes dentro de una Litis, sino que esa defensa sea plenamente garantizada, lo que radica precisamente en el cumplimento de las garantías jurisdiccionales establecidas en la Carta Suprema.Así, la fundamentación aplicarse, está inserta en la normativa interna y en el ámbito internacional, por medio de los instrumentos de Derechos Humanos, debido a que todos los conflictos que se deriven de una acción de protección tienen el pilar en los derechos humanos que son plenamente justiciables; y a nivel nacional se utilizará la Constitución de la República del Ecuador, constantes en los artículos 11, 82, Seguridad jurídica: “EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA SE FUNDAMENTA EN EL RESPECTO A LA CONSTITUCIÒN Y EN LA EXISTENCIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS PREVIAS, CLARAS, PÙBLICAS Y AMPLIADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.

En acción armónica con el artículo 424, de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, los cuales prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

Materiales y métodos

Marco metodológico

Modalidad de la investigación

La investigación se inscribirá en una visión prospectiva y cualitativa del objeto de estudio, en el presente caso, "de la seguridad jurídica" garantizada por el Estado y su relación con la protección de las libertades fundamentales, como parte de los órganos estatales para el cumplimiento de la vigencia de los derechos humanos, derivados de considerar a los seres humanos como la ontogénesis y la teleología del Estado, con todos sus derechos expresados en los artículos 3, 10, 11, en relación con la misión del Estado en garantizar la seguridad jurídica, a través de la aplicación de la Constitución y los Instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, insertos en el Art. 10, hoy constitucionalizados al señalar el artículo 1 de la Carta Suprema que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia social, lo cual revela su carácter garantista por parte del Estado, a favor de las personas, colectivos, pueblos y nacionalidades, en armonía con las Garantías Jurisdiccionales (Acción de Protección, Hábeas Corpus, Hábeas Data, Acción por Incumplimiento, Acción Extraordinaria de Protección y Acción de Acceso a la Información Pública).

Tipo de investigación

Se trata de una investigación aplicada en la solución de un problema, la constitucional y su relación con la protección de las libertades fundamentales, como parte de los Órganos Estatales para el cumplimiento de la vigencia de los Derechos Humanos.

Vale la pena recordar, que el Estado Constitucional se caracteriza por el desarrollo de la - justicia constitucional - y las garantías, lo cual va de la mano con la materialidad de los derechos y sobre todo por la transformación de la institucionalidad hacia la protección de los mismos, por medio de la - seguridad jurídica - siendo el principal aporte y su aplicabilidad. Por tanto, la presente investigación debe también enriquecer el objeto de estudio y el campo de acción con el aporte teórico expresado en la correlación entre los componentes de la propuesta y su soporte científico.

Novedad de la investigación

Intentar, integrar el respeto del principio a la seguridad jurídica no solo por parte de las instituciones del Estado y sus funcionarios, a los operadores de justicia, para que apliquen este principio, a los profesionales del derecho, sino a toda la ciudadanía en general, para que no sea víctima por desconocimiento de esta figura jurídica garantista.

Viabilidad de la investigación

Su viabilidad se expresa en la normativa legal, a través del Código sustantivo y adjetivo de lo Penal, en armonía con el Art. 82 de la Constitución, seguridad jurídica - como son:

Principio de Legitimidad; b) Principio de Unidad; c) El Principio de eficacia integradora de la Constitución; d) el Principio de Perdurabilidad; y, e) El Principio de Funcionalidad, que deberán ser aplicados correctamente, no sólo por los operadores de justicia (juezas o jueces, fiscales, los Jueces de la Corte Constitucional, máxima evolución del órgano de control constitucional); así como por los funcionaros públicos que forman parte integrante de los órganos estatales y también por los privados; para el cumplimiento de la vigencia de los Derechos Humanos y garantía para la protección de las libertades fundamentales e impedir sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Ecuatoriano por violación de las libertades fundamentales.

En lo referente a su componente político, no sólo por el ejecutivo y sus instituciones, por el legislativo, el judicial, pasando por los organismos seccionales y todos los segmentos involucrados.

Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación

Método inductivo

Este método, permite establecer proposiciones de carácter particular, inferidas de la observación y el estudio analítico de hechos y fenómenos particulares; su aplicación permitirá establecer conclusiones generales derivadas, precisamente, de la observación sistemática y periódica de los hechos reales en toro al fenómeno de la aplicación de la seguridad jurídica, así acogeremos particularmente el ordenamiento constitucional ecuatoriano, para interaccionarlo con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos a nivel general.

Método deductivo

El razonamiento deductivo considerado como el método, desempeña dos funciones de la investigación científica: La primera función consistirá en hallar el principio desconocido de un hecho conocido; esto es las garantías judiciales del derecho a la seguridad jurídica a nivel general - internacional por lo que se refirió el fenómeno a la los instrumentos internacionales (Pactos de los Derechos Civiles y Políticos) que lo rige; a lo particular; la segunda función consistente en aplicar las garantías judiciales del derecho a la seguridad jurídica a nivel regional (Pacto de "San José) para los derechos civiles y políticos); para aplicar este principio en el ámbito nacional particular, la Constitución de la República del Ecuador, en lo referente al derecho a la seguridad jurídica, artículo 8.

Método histórico lógico

Este método nos esclarece las distintas etapas de los objetos en sucesión cronológica, en las formas concretas de manifestación histórica; para llegar a lo lógico, así la historia y desarrollo lógico de las garantías judiciales, reconocidas por la Carta Magna de 1925, al Bill Of Riths o Declaración de Derechos de Inglaterra de 1678, a la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia 1976, tres semanas antes de la Independencia de los Estados Unidos 4 de julio de 1776; a la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia de 1789, donde se garantizaron los derechos a la libertad, los derechos civiles y políticos, hasta la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1945, donde se internacionalizaron los Derechos humanos, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos diciembre 10 de 1948, se garantizaron los Derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales; a lo que se le agregó el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, donde se conjugan las garantías a las libertades, al debido proceso, a la tutela efectiva y a la seguridad jurídica, para convertirse en garantías jurídicas, a la seguridad personal y a nivel Regional por medio del Pacto de San José de Costa Rica de 1969; hasta el reconocimiento nacional por medio de la formulación lógica de nuestra Constitución, de las garantías judiciales a la tutela efectiva en el Art. 75, el debido proceso a través de los Arts. 76 y 77; y finalmente el derecho a la - seguridad jurídica - contenido en el Art. 82 de la Carta Suprema, configurándose el método histórico-lógico.

Instrumento de la investigación

La observación de campo, realizada en algunos sectores de la ciudad de Guayaquil, formulando algunas preguntas a personas de uno y otro sexo, tales como: ¿usted está de acuerdo en que la Corte Constitucional, sea el máximo organismo de control constitucional? ¿usted está de acuerdo que los operadores de justicia, hagan respetar el derecho a la seguridad jurídica, cuando se ha violado o vulnerado una garantía o un derecho constitucional, de las personas, colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades?:

Acopio y procesamiento de información

Así, la presente investigación su desarrollo, tiene como antecedente recopilar lo manifestado por autores, tratadistas, constitucionalistas, a nivel nacional, regional e internacional sobre todo en el tema relacionado con el neo constitucionalismo y garantismo, a nivel nacional se está incrementando, pasando al respectivo análisis y formulación acerca de cómo nuestro país se halla inmerso en el neo constitucionalismo y el Garantismo Jurisdiccional que se relaciona con el Derecho constitucional interno y el Derecho Internacional, cuando se trata de aplicar el derecho a la seguridad jurídica, por parte de los operadores de justicia incluido los de la Corte Constitucional.

Técnicas de investigación utilizadas

La encuesta

Es necesario, para recolectar información y de esta manera conocer la realidad del problema planteado, para dar soluciones por intermedio de cuestionarios elaborados con anticipación por los profesionales, jueces encuestados

Entrevistas

Por medio de preguntas a los sectores involucrados; esto es: a los abogados y abogadas en libre ejercicio profesional, Jueces y Juezas de la Corte, Juezas/jueces provinciales y sobre todo a los afectados ciudadanos ciudadanas.

Observación directa

Me he constituido en la Corte, Juzgados y Salas, para de esta manera constatar sobre la realización o no de audiencias en la misma; para de esta forma, recopilar los datos obtenidos y luego consignarlos en las respectivas fichas de observación.

Validez y confiabilidad

La validez y confiabilidad de la información y el uso de los instrumentos de recolección se sustentan en su ejecución realizada por el autor; es decir, se aplicaron los instrumentos a operadores jurídicos y a un grupo de personas (muestra) que pertenecen al universo establecido.

Plan de procesamiento y analisis

Para el procesamiento de la información se elaboró el siguiente plan:

1.      Revisión crítica de la información recogida.

2.      Segregación de la información con fallas.

3.      Ordenamiento según variables

4.      4 Sistematización definitiva.

5.      Presentación al Tutor.

6.      Para el análisis e interpretación de resultados se estructuró de la siguiente manera: Análisis de la información, destacando las relaciones principales de acuerdo con los objetivos.

7.      Interpretación de la información del marco teórico pertinente.

8.      Establecer las debidas Conclusiones y Recomendaciones.

Características relevantes

Los cambios sociales y políticos no se dan en forma inmediata; así como los jurídicos. En el marco constitucional ecuatoriano, nuestra sociedad ha vivido el inicio de importantes cambios sociales, políticos, económicos, jurídicos, ambientales, culturales y educativos.

Pensamos que de una u otra manera así se lo siente. Por esta razón es importante formular nuestra propuesta que comenzó su recorrido por medio de la investigación de la Tesis ya formulada a comienzo del 2.011 y de lo que va de recorrido el 2012, siendo un proceso del que se beneficiarán las nuevas generaciones, a través del empoderamiento ciudadano, para terminar con la desinstitucionalización del Estado, para que ya no existan malos funcionarios públicos, en las esferas policiales, judiciales, fiscales, administrativas, que atropellen y vulneren los derechos humanos, desconociendo la seguridad jurídica, la tutela efectiva, el debido proceso, que contiene entre otros los principios de presunción de inocencia y de libertad personal. de las personas, las poblaciones, colectivos, comunidades y nacionalidades, constituyéndose en agentes indirectos del cometimiento de nuevas violaciones a los derechos constitucionales y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ¿por tanto de qué servirían las garantías constitucionales y judiciales, sin en el empoderamiento ciudadano?

La investigación propuesta, se encuentra enfocada en la concientización y el empoderamiento ciudadano de las garantías jurídicas: I) A la tutela efectiva; 2) al Debido proceso; y, 3) A la Seguridad jurídica; para mediáticamente terminar con la desinstitucionalización del Estado, por parte de algunos funcionarios y representantes de sus instituciones, así como de operadores jurídicos, de ciertos miembros de las instituciones policiales y fiscales, con la esperanza que se plasmen en realidad a la brevedad posible, aprovechando los posibles cambios en los mandos policiales, en la justicia, Fiscalía, en los servidores públicos y administrativos; y de esta manera hacer realidad y exigir se cumplan las garantías Judiciales a la seguridad jurídica inserta en el Art. 82, en armonía con la tutela efectiva Art. 79;y, el debido proceso contempladas en el Capítulo Octavo, Art. 76, numeral 2 principio de presunción de inocencia; y, en el Art. 77, numeral 1, principio de libertad de la persona; bajo el Titulo de DERECHOS de PROTECCIÓN.

Ante algunos estudios teóricos, que han establecido la relación existente entre buena parte de operadores de justicia, la policía y la fiscalía, que atentan - contra la seguridad jurídica y con ello al debido proceso y a la tutela efectiva, es que la percepción ciudadana de la inseguridad y el temor, que representa la vulneración y violación de derechos y garantías constitucionales, es necesario redoblar esfuerzos

desde la academia, las universidades, autores y tratadistas, para concienciar a los actores y evitar que colapse la seguridad jurídica en nuestro país. La influencia que ejercen, el aparato de seguridad policial del Estado, sus instituciones, sobre todo parte de sus funcionarios, que son los que más vulneran o violan los derechos humanos constantes en la Constitución y en los instrumentos internacionales, como ejemplo el asesinato de un aficionado del Barcelona que se encontraba cruzando con otros el puente sobre la "Unidad Nacional" y supuestamente un policía es el autor de tan execrable hecho, del que fue detenido y acusado injustamente un hincha de la barra de Emelec, la pregunta es ¿qué hacen o han hecho los operadores de justicia de la Función Judicial, de la Fiscalía y del Ministerio de Gobierno, para evitarlo?.

Indicar, si los operadores de justicia cumplen con la aplicación del principio de seguridad jurídica constante en la normativa constitucional, internacional y regional de los derechos humanos. Diagnosticar, si se aplica el principio de seguridad jurídica, en conjunto con el debido proceso y la tutela efectiva, por parte de los operadores de justicia y los servidores y servidoras públicos y administrativos; Verificar, si se aplican los principios de seguridad jurídica y el de la tutela efectiva, por parte de los operadores de justicia y servidores públicos, a favor de los detenidos para que nadie quede en indefensión.

Reviste, suma importancia por parte de la academia, los abogados en libre ejercicio profesional, el empleo de las normas y preceptos mediante los escritos y en las audiencias de las garantías judiciales básicas constitucionales y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; esto es, los principios de la seguridad jurídica, del debido proceso y la tutela efectiva, que tienen derecho las personas y colectivos, para que los operadores de justicia y servidores públicos, administrativos y privados, le den el uso adecuado en sus sentencias y resoluciones.

Se encuentra justificado, a través del resultado de las encuestas y entrevistas realizadas a los sectores involucrados en el problema; esto es: que también servirá para fundamentar tanto una propuesta de utilización constante del cuerpo normativo constitucional - legal que regula la actividad de aplicación de los principios sobre la seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela efectiva, en el que se determinen falencias, para de esta forma evitar que se continúe haciendo daño al vulnerar y violar derechos y garantías, a la ciudadanía y colectivos en general, que por su parte deben empoderarse de este accionar conforme a la presente propuesta. Por tanto, son importantes las opiniones de los sectores involucrados, sobre la eficiencia o ineficacia de las garantías judiciales, así como de los medios sustitutivos, que se pueden solicitar como son las medidas cautelares.

Se fundamenta la propuesta a través del manejo y el reclamo constante de la ciudadanía y su empoderamiento, además de los abogados, que constituye el – talento humano - para que la administración de justicia en nuestro país, cumpla con el mandato constitucional delegado a la Función Judicial y al Consejo de la Judicatura, organismos que deben velar por la transparencia y eficiencia de la Función judicial, contando con el concurso del Ministerio Público del Ministerio de Justicia principalmente y el de Gobierno, siendo la Fiscalía quién dirigirá la investigación cumpliendo con la - factibilidad operativa social y operativa respetando las garantías jurídicas básicas a la seguridad jurídica al debido proceso y la tutela efectiva, así como las garantías jurisdiccionales.

Finalidad

Esta investigación tiene como fin, hacer conocer lo que ocurre por la falta de aplicación de los principios a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la tutela efectiva, ¿cuáles son las sanciones que se aplican, a los funcionarios y servidores públicos, policiales, judiciales, fiscales y administrativos?; y, ¿cuál es la visión que se tiene a este respecto?, tratando de evidenciar que el Derecho debe ser respetado conforme a la normativa jurídica en vigencia esto significa el plano (ontológico), haciendo hincapié en los criterios que se tenga sobre este asunto no sean de carácter exclusivamente de crítica, sino de soluciones que deben aplicarse para resolver estos inconvenientes con el deber ser de carácter (deontológicos) ya que a la larga no sólo benefician a la sociedad, sino al propio Estado, sus instituciones y funcionarios, para -

Conclusiones

Ecuador, en términos generales, se encuentra en la vanguardia constitucional, comparando con los textos constitucionales de la región andina. La Constitución del 2008 recoge principios que han sido ampliamente reconocidos por la doctrina y por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por la parte dogmática de la Constitución, y sus vínculos con la parte orgánica, esta Constitución se la podría calificar como garantista. El modelo de Estado proclama un catálogo de derechos ambicioso, tiene garantías para alterar la realidad y tiene un Estado con fines claros en tanto su fin es realizar y proteger derechos.

La Constitución del 2008 constituye un avance importante en la teoría constitucional y política de los estados. La introducción de palabras refleja, al momento, la culminación de desarrollos teóricos que, sin duda, serán superados en la búsqueda de una organización política que no genere exclusiones e inequidades.

El Estado constitucional de derechos y justicia es un paso adelante del estado social de derechos. Se podría considerar que el Estado constitucional es suficiente para comprender a los derechos, dado que las Constituciones contemporáneas son materiales. Sin embargo, el énfasis en los derechos resalta la importancia superior a la parte orgánica y, por otro lado, se podría afirmar que puede existir un estado

constitucional, pero sin reconocer la pluralidad jurídica.

El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio y para que esto se dé es necesario que exista ciertos presupuestos indispensables, entendiendo por presupuesto aquellas circunstancias anteriores al inicio de la actividad, sin las cuales el proceso no podrá ser considerado como legítimo, careciendo de validez y eficacia jurídica lo que se actuare sin existencia de los presupuestos. Estos son:

1.      El órgano jurisdiccional.

2.      La situación jurídica de inocencia del ciudadano.

3.      El derecho a la tutela jurídica.

Referencias

1.      Alexy; R. (2002). Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios

2.      Constitucionales. Madrid.

3.      Alexy, R. (1989). Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, trad. de

4.      Manuel Atienza, Doxa núm. S. Alicante

5.      Aragón, M. (1998). La eficacia jurídica del principio democrático. Revista española

6.      de Derecho Constitucional. Año 8 numero 24.

7.      Asamblea Nacional del Ecuador. (2008) Constitución de la República del Ecuador.

8.      Recuperado de:

9.      http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf.

10.  Asamblea Nacional del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales

11.  y Control Constitucional. Recuperado de:

12.  http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org2.pd

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