DOI: https://doi.org/10.23857/fipcaec.v8i1

 

La seguridad jur�dica en el ordenamiento constitucional Ecuatoriano

 

Legal security in the Ecuadorian constitutional order

 

A seguran�a jur�dica na ordem constitucional equatoriana

 

 

 

 

 

Vicente Paul Borbor-Mite I
vi_paulalcalde@hotmail.com  
https://orcid.org/0000-0002-7125-4214
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Correspondencia: [email protected]

 

 

 

* �Recepci�n: 22/11/2022��� * Aceptaci�n: 13/12/2022�� *Publicaci�n: 09/01/2023

 

 

1.      Mag�ster en Derecho Constitucional, Licenciado en Ciencias Sociales y Pol�ticas, Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Rep�blica del Ecuador, Universidad de Guayaquil, Ecuador, Docente de la Universidad de Guayaquil, Ecuador.

 


Resumen

Los Derechos Fundamentales de los seres humanos, su estricto respeto, observancia y aplicaci�n de las garant�as, son los deberes del Estado y los gobiernos de turno. Por consiguiente, es necesario constatar que se cumplen, as� como vigilar que no se vulneren o violen, y estar a favor de los cambios siempre y cuando est�n acordes al momento hist�rico en que se vive, para reafirmar la debida y eficiente seguridad jur�dica, por parte del Estado, sus instituciones y funcionarios, es lo que por medio de la presente investigaci�n titulada: �LA SEGURIDAD JURIDICA EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO�, pretendemos reivindicar su ratificaci�n en favor de las personas y colectivos.

La Carta de la Rep�blica, naci� del poder constituyente. Por encima de la ley, como fuente del derecho y en la consecuci�n de una verdadera justicia; lo que est� generando una mayor conciencia de participaci�n de las personas y colectivos, de los sectores anteriormente olvidados y discriminados como los ind�genas, afro y montubios, exigiendo adem�s la constante misiva de la rendici�n de cuentas de todo funcionario p�blico en las gestiones gubernamentales.

El estado Ecuatoriano, y su estabilidad gubernamental, por lo que es necesario, imprescindible que, por medio de nuestra visi�n milenaria, sistem�tica, intercultural, plurinacional, acorde con la observancia de la normativa constitucional, ancestral, incluyente, de armon�a con la pachamama � naturaleza � el medio ambiente, y las leyes internacionales y el estudio de la jurisprudencia comparada, acordes con el principio mismo del debido proceso, la tutela efectiva y sobre todo de la seguridad jur�dica.

Palabras clave: Los Derechos Fundamentales; La seguridad jur�dica; La Carta de la Rep�blica; Debido proceso.

 

Abstract

The Fundamental Rights of human beings, their strict respect, observance and application of guarantees, are the duties of the State and the governments in power. Therefore, it is necessary to verify that they are fulfilled, as well as to watch that they are not violated or violated, and to be in favor of the changes as long as they are in accordance with the historical moment in which we live, to reaffirm the due and efficient legal security, for part of the State, its institutions and officials, is what through the present investigation entitled: "LEGAL SECURITY IN THE ECUADORIAN CONSTITUTIONAL ORDER", we intend to claim its ratification in favor of individuals and groups. The Charter of the Republic was born from the constituent power. Above the law, as a source of law and in achieving true justice; which is generating a greater awareness of the participation of individuals and groups, of sectors previously forgotten and discriminated against such as indigenous people, Afro and montubios, also demanding the constant letter of accountability of all public officials in government efforts. The Ecuadorian state, and its governmental stability, therefore it is necessary, essential that, through our millennial, systematic, intercultural, plurinational vision, in accordance with the observance of the constitutional, ancestral, inclusive regulations, of harmony with the pachamama - nature � the environment, and international laws and the study of comparative jurisprudence, in accordance with the very principle of due process, effective protection and, above all, legal certainty.

Keywords: Fundamental Rights; Legal certainty; The Charter of the Republic; Due process.

 

Resumo

Os Direitos Fundamentais da pessoa humana, seu estrito respeito, observ�ncia e aplica��o de garantias, s�o deveres do Estado e dos governos no poder. Portanto, � necess�rio verificar se eles s�o cumpridos, bem como zelar para que n�o sejam violados ou violados, e ser favor�vel �s mudan�as desde que estejam de acordo com o momento hist�rico em que vivemos, para reafirmar a devida e eficiente seguran�a jur�dica, por parte do Estado, suas institui��es e funcion�rios, � o que atrav�s da presente investiga��o intitulada: "SEGURAN�A JUR�DICA NA ORDEM CONSTITUCIONAL EQUATORIANA", pretendemos reivindicar sua ratifica��o em favor de indiv�duos e grupos. A Carta da Rep�blica nasceu do poder constituinte. Acima da lei, como fonte do direito e na realiza��o da verdadeira justi�a; o que est� gerando uma maior conscientiza��o da participa��o de indiv�duos e grupos, de setores antes esquecidos e discriminados como ind�genas, afros e montubios, exigindo tamb�m a constante presta��o de contas de todos os funcion�rios p�blicos nos esfor�os do governo. O Estado equatoriano, e sua estabilidade governamental, portanto � necess�rio, imprescind�vel que, atrav�s de nossa vis�o milenar, sistem�tica, intercultural, plurinacional, de acordo com a observ�ncia das normativas constitucionais, ancestrais, inclusivas, de harmonia com a pachamama � natureza � o meio ambiente e as leis internacionais e o estudo da jurisprud�ncia comparada, de acordo com o pr�prio princ�pio do devido processo legal, prote��o efetiva e, acima de tudo, seguran�a jur�dica.

Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Seguran�a jur�dica; A Carta da Rep�blica; Devido Processo.

 

Introducci�n

La presente investigaci�n cient�fica que lleva por t�tulo: �LA SEGURIDAD JURIDICA EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO�, es el tema que me he permitido escoger, finalmente el trabajo de investigaci�n en conjunto con la Propuesta. Est� desarrollada, Partimos de la � contextualizaci�n nacional y local � mediante la evocaci�n de la nueva Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, respecto a la seguridad jur�dica, a trav�s del desarrollo de la misma y su relaci�n con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Considero que la m�s notable aspiraci�n de las naciones latinoamericanas, sobre todo en los �ltimos treinta a�os de dictaduras en el Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y de �aparentes democracias�, han sido eminentes ofrecimientos para cambiar la justicia en beneficio de los m�s oprimidos, que han quedado la mayor�a de las veces, en el limbo jur�dico-social-pol�tico, por la falta de decisi�n de los mandatarios de turno.

Ahora bien, hablar de seguridad jur�dica, es hablar de verdadera justicia, con su debido acceso y transparencia, ofreciendo un alto respeto de los valores morales y las garant�as constitucionales y jurisdiccionales. Los principios de ley, su legitimidad y su observancia constitucional, han llevado a los pueblos de esta regi�n sur, a entablar verdaderas discusiones y estrategias, culminando con la redacci�n de las Cartas Pol�ticas, para que el pueblo en uso de sus atribuciones y derechos, se pronuncie, salvaguardando su poder mismo, el de participar de manera directa.

Cabe anotar, que estos fen�menos sociales de recuperaci�n del poder por parte del soberano, nos indica que la verdadera seguridad en todo su �mbito, es el poder integral, s� la integraci�n mismo de todos los bloques de poder, para que en el encuentro de sus discrepancias y divergencias, se llegue a un punto neutral, que es el momento de que el poder omn�modo, ejecutivo o de facto, no pueda tener los verdaderos acuerdos, trasladando esa responsabilidad al punto inicial y esencial, el poder del pueblo soberano.

De la misma manera, vamos analizar, que los tiempos hist�ricos de cada rep�blica, denotan la explicaci�n de que hemos sido tratados injustificadamente de forma excluyentes, y que a viva voz, se han proyectado y edificado nuevos gobiernos sustentados en la demagogia, en el ofrecimiento de que ellos dar�an una mayor seguridad jur�dica; siendo oportuno recordar, que estos� incumplimientos son producto de la falta de cultura y la inminente norma natural de que el derecho es din�mico y que las pol�ticas sociales de gobierno, deben observar los cambios de su entorno.

Por tanto, echemos un vistazo retrospectivamente en el tiempo, haciendo una remembranza a lo indicado por un jurista, quien en su sombr�a claridad intelectual enunciaba,,� s� un juez no usa la ley en el tiempo, ese mismo tiempo se encargar� de prescribir esa ley�;� siendo necesario para que una sociedad aspire conseguir una mayor seguridad, en toda la extensi�n de la palabra, debe recurrir en el tiempo a su pasado, que es la base esencial de lo que representa hoy, ya que el mayor presente de un pueblo es su extinto pasado, y de esta manera tendr� un claro camino, de exigencias y realidades; que se sustenta en que la seguridad jur�dica es un principio que radica en la soberan�a del pueblo, siguiendo la conceptualizaci�n constante en el Art. 2 de la Declaraci�n del Pueblo de Virginia de junio de 1776, y en la frase sobre la democracia la cual radica en el pueblo, para el pueblo y por el pueblo del extinto Presidente de los Estados Unidos de Norteam�rica Abraham� Lincoln.

Como principio de supremac�a el Derecho constitucional est� por encima de las dem�s normas y leyes, no solo frente al derecho privado, sino incluso frente a las diferentes normas del derecho p�blico. Arts. 424 bajo el Titulo IX sobre la Supremac�a Constitucional, Capitulo primero de los Principios. �La Constituci�n es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jur�dico. Las normas y actos de poder p�blico deber�n mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecer�n de � eficacia jur�dica�y en el art�culo 425 de la Constituci�n.

Son las actuaciones de los jueces y juezas que administran justicia, las que nos llevan al respeto de la Constituci�n, de los derechos garantizados en ella y lo que nos da la seguridad jur�dica que requiere un pa�s para su desarrollo. As�, las desmotivadas resoluciones en materia constitucional, que observamos en su gran mayor�a de los casos dentro de la administraci�n de justicia, ese incumplimiento por parte de algunos jueces y juezas no puede ser denostado por los organismos auxiliares de la administraci�n de justicia, como son: la defensor�a del pueblo, fiscal�a, el mismo �rgano administrativo y disciplinario de la funci�n Judicial como es el Consejo de la Judicatura.

De esta manera, la importancia de respetar el debido proceso y enti�ndase debido proceso no solo a la defensa que hace una de las partes dentro de una Litis, sino que esa defensa sea plenamente garantizada, lo que radica precisamente en el cumplimento de las garant�as jurisdiccionales establecidas en la Carta Suprema.As�, la fundamentaci�n aplicarse, est� inserta en la normativa interna y en el �mbito internacional, por medio de los instrumentos de Derechos Humanos, debido a que todos los conflictos que se deriven de una acci�n de protecci�n tienen el pilar en los derechos humanos que son plenamente justiciables; y a nivel nacional se utilizar� la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, constantes en los art�culos 11, 82, Seguridad jur�dica: �EL DERECHO A LA SEGURIDAD JUR�DICA SE FUNDAMENTA EN EL RESPECTO A LA CONSTITUCI�N Y EN LA EXISTENCIA DE LAS NORMAS JUR�DICAS PREVIAS, CLARAS, P�BLICAS Y AMPLIADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES�.

En acci�n arm�nica con el art�culo 424, de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos m�s favorables a los contenidos en la Constituci�n, los cuales prevalecer�n sobre cualquier otra norma jur�dica o acto del poder p�blico.

 

Materiales y m�todos

Marco metodol�gico

Modalidad de la investigaci�n

La investigaci�n se inscribir� en una visi�n prospectiva y cualitativa del objeto de estudio, en el presente caso, "de la seguridad jur�dica" garantizada por el Estado y su relaci�n con la protecci�n de las libertades fundamentales, como parte de los �rganos estatales para el cumplimiento de la vigencia de los derechos humanos, derivados de considerar a los seres humanos como la ontog�nesis y la teleolog�a del Estado, con todos sus derechos expresados en los art�culos 3, 10, 11, en relaci�n con la misi�n del Estado en garantizar la seguridad jur�dica, a trav�s de la aplicaci�n de la Constituci�n y los Instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, insertos en el Art. 10, hoy constitucionalizados al se�alar el art�culo 1 de la Carta Suprema que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia social, lo cual revela su car�cter garantista por parte del Estado, a favor de las personas, colectivos, pueblos y nacionalidades, en armon�a con las Garant�as Jurisdiccionales (Acci�n de Protecci�n, H�beas Corpus, H�beas Data, Acci�n por Incumplimiento, Acci�n Extraordinaria de Protecci�n y Acci�n de Acceso a la Informaci�n P�blica).

 

Tipo de investigaci�n

Se trata de una investigaci�n aplicada en la soluci�n de un problema, la constitucional y su relaci�n con la protecci�n de las libertades fundamentales, como parte de los �rganos Estatales para el cumplimiento de la vigencia de los Derechos Humanos.

Vale la pena recordar, que el Estado Constitucional se caracteriza por el desarrollo de la - justicia constitucional - y las garant�as, lo cual va de la mano con la materialidad de los derechos y sobre todo por la transformaci�n de la institucionalidad hacia la protecci�n de los mismos, por medio de la - seguridad jur�dica - siendo el principal aporte y su aplicabilidad. Por tanto, la presente investigaci�n debe tambi�n enriquecer el objeto de estudio y el campo de acci�n con el aporte te�rico expresado en la correlaci�n entre los componentes de la propuesta y su soporte cient�fico.

 

Novedad de la investigaci�n

Intentar, integrar el respeto del principio a la seguridad jur�dica no solo por parte de las instituciones del Estado y sus funcionarios, a los operadores de justicia, para que apliquen este principio, a los profesionales del derecho, sino a toda la ciudadan�a en general, para que no sea v�ctima por desconocimiento de esta figura jur�dica garantista.

 

Viabilidad de la investigaci�n

Su viabilidad se expresa en la normativa legal, a trav�s del C�digo sustantivo y adjetivo de lo Penal, en armon�a con el Art. 82 de la Constituci�n, seguridad jur�dica - como son:

Principio de Legitimidad; b) Principio de Unidad; c) El Principio de eficacia integradora de la Constituci�n; d) el Principio de Perdurabilidad; y, e) El Principio de Funcionalidad, que deber�n ser aplicados correctamente, no s�lo por los operadores de justicia (juezas o jueces, fiscales, los Jueces de la Corte Constitucional, m�xima evoluci�n del �rgano de control constitucional); as� como por los funcionaros p�blicos que forman parte integrante de los �rganos estatales y tambi�n por los privados; para el cumplimiento de la vigencia de los Derechos Humanos y garant�a para la protecci�n de las libertades fundamentales e impedir sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Ecuatoriano por violaci�n de las libertades fundamentales.

En lo referente a su componente pol�tico, no s�lo por el ejecutivo y sus instituciones, por el legislativo, el judicial, pasando por los organismos seccionales y todos los segmentos involucrados.

 

M�todos, t�cnicas e instrumentos de la investigaci�n

M�todo inductivo

Este m�todo, permite establecer proposiciones de car�cter particular, inferidas de la observaci�n y el estudio anal�tico de hechos y fen�menos particulares; su aplicaci�n permitir� establecer conclusiones generales derivadas, precisamente, de la observaci�n sistem�tica y peri�dica de los hechos reales en toro al fen�meno de la aplicaci�n de la seguridad jur�dica, as� acogeremos particularmente el ordenamiento constitucional ecuatoriano, para interaccionarlo con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos a nivel general.

 

M�todo deductivo

El razonamiento deductivo considerado como el m�todo, desempe�a dos funciones de la investigaci�n cient�fica: La primera funci�n consistir� en hallar el principio desconocido de un hecho conocido; esto es las garant�as judiciales del derecho a la seguridad jur�dica a nivel general - internacional por lo que se refiri� el fen�meno a la los instrumentos internacionales (Pactos de los Derechos Civiles y Pol�ticos) que lo rige; a lo particular; la segunda funci�n consistente en aplicar las garant�as judiciales del derecho a la seguridad jur�dica a nivel regional (Pacto de "San Jos�) para los derechos civiles y pol�ticos); para aplicar este principio en el �mbito nacional particular, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, en lo referente al derecho a la seguridad jur�dica, art�culo 8.

 

M�todo hist�rico l�gico

Este m�todo nos esclarece las distintas etapas de los objetos en sucesi�n cronol�gica, en las formas concretas de manifestaci�n hist�rica; para llegar a lo l�gico, as� la historia y desarrollo l�gico de las garant�as judiciales, reconocidas por la Carta Magna de 1925, al Bill Of Riths o Declaraci�n de Derechos de Inglaterra de 1678, a la Declaraci�n de Derechos del Pueblo de Virginia 1976, tres semanas antes de la Independencia de los Estados Unidos 4 de julio de 1776; a la Declaraci�n de Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia de 1789, donde se garantizaron los derechos a la libertad, los derechos civiles y pol�ticos, hasta la creaci�n de la Organizaci�n de las Naciones Unidas (ONU) de 1945, donde se internacionalizaron los Derechos humanos, a trav�s de la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos diciembre 10 de 1948, se garantizaron los Derechos civiles y pol�ticos, as� como los derechos econ�micos, sociales y culturales; a lo que se le agreg� el Pacto de los Derechos Civiles y Pol�ticos de 1966, donde se conjugan las garant�as a las libertades, al debido proceso, a la tutela efectiva y a la seguridad jur�dica, para convertirse en garant�as jur�dicas, a la seguridad personal y a nivel Regional por medio del Pacto de San Jos� de Costa Rica de 1969; hasta el reconocimiento nacional por medio de la formulaci�n l�gica de nuestra Constituci�n, de las garant�as judiciales a la tutela efectiva en el Art. 75, el debido proceso a trav�s de los Arts. 76 y 77; y finalmente el derecho a la - seguridad jur�dica - contenido en el Art. 82 de la Carta Suprema, configur�ndose el m�todo hist�rico-l�gico.

 

Instrumento de la investigaci�n

La observaci�n de campo, realizada en algunos sectores de la ciudad de Guayaquil, formulando algunas preguntas a personas de uno y otro sexo, tales como: �usted est� de acuerdo en que la Corte Constitucional, sea el m�ximo organismo de control constitucional? �usted est� de acuerdo que los operadores de justicia, hagan respetar el derecho a la seguridad jur�dica, cuando se ha violado o vulnerado una garant�a o un derecho constitucional, de las personas, colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades?:

 

 

 

Acopio y procesamiento de informaci�n

As�, la presente investigaci�n su desarrollo, tiene como antecedente recopilar lo manifestado por autores, tratadistas, constitucionalistas, a nivel nacional, regional e internacional sobre todo en el tema relacionado con el neo constitucionalismo y garantismo, a nivel nacional se est� incrementando, pasando al respectivo an�lisis y formulaci�n acerca de c�mo nuestro pa�s se halla inmerso en el neo constitucionalismo y el Garantismo Jurisdiccional que se relaciona con el Derecho constitucional interno y el Derecho Internacional, cuando se trata de aplicar el derecho a la seguridad jur�dica, por parte de los operadores de justicia incluido los de la Corte Constitucional.

 

T�cnicas de investigaci�n utilizadas

La encuesta

Es necesario, para recolectar informaci�n y de esta manera conocer la realidad del problema planteado, para dar soluciones por intermedio de cuestionarios elaborados con anticipaci�n por los profesionales, jueces encuestados

 

Entrevistas

Por medio de preguntas a los sectores involucrados; esto es: a los abogados y abogadas en libre ejercicio profesional, Jueces y Juezas de la Corte, Juezas/jueces provinciales y sobre todo a los afectados ciudadanos ciudadanas.

 

Observaci�n directa

Me he constituido en la Corte, Juzgados y Salas, para de esta manera constatar sobre la realizaci�n o no de audiencias en la misma; para de esta forma, recopilar los datos obtenidos y luego consignarlos en las respectivas fichas de observaci�n.

 

 

 

 

Validez y confiabilidad

La validez y confiabilidad de la informaci�n y el uso de los instrumentos de recolecci�n se sustentan en su ejecuci�n realizada por el autor; es decir, se aplicaron los instrumentos a operadores jur�dicos y a un grupo de personas (muestra) que pertenecen al universo establecido.

 

Plan de procesamiento y analisis

Para el procesamiento de la informaci�n se elabor� el siguiente plan:

1.      Revisi�n cr�tica de la informaci�n recogida.

2.      Segregaci�n de la informaci�n con fallas.

3.      Ordenamiento seg�n variables

4.      4 Sistematizaci�n definitiva.

5.      Presentaci�n al Tutor.

6.      Para el an�lisis e interpretaci�n de resultados se estructur� de la siguiente manera: An�lisis de la informaci�n, destacando las relaciones principales de acuerdo con los objetivos.

7.      Interpretaci�n de la informaci�n del marco te�rico pertinente.

8.      Establecer las debidas Conclusiones y Recomendaciones.

 

Caracter�sticas relevantes

Los cambios sociales y pol�ticos no se dan en forma inmediata; as� como los jur�dicos. En el marco constitucional ecuatoriano, nuestra sociedad ha vivido el inicio de importantes cambios sociales, pol�ticos, econ�micos, jur�dicos, ambientales, culturales y educativos.

Pensamos que de una u otra manera as� se lo siente. Por esta raz�n es importante formular nuestra propuesta que comenz� su recorrido por medio de la investigaci�n de la Tesis ya formulada a comienzo del 2.011 y de lo que va de recorrido el 2012, siendo un proceso del que se beneficiar�n las nuevas generaciones, a trav�s del empoderamiento ciudadano, para terminar con la desinstitucionalizaci�n del Estado, para que ya no existan malos funcionarios p�blicos, en las esferas policiales, judiciales, fiscales, administrativas, que atropellen y vulneren los derechos humanos, desconociendo la seguridad jur�dica, la tutela efectiva, el debido proceso, que contiene entre otros los principios de presunci�n de inocencia y de libertad personal. de las personas, las poblaciones, colectivos, comunidades y nacionalidades, constituy�ndose en agentes indirectos del cometimiento de nuevas violaciones a los derechos constitucionales y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, �por tanto de qu� servir�an las garant�as constitucionales y judiciales, sin en el empoderamiento ciudadano?

La investigaci�n propuesta, se encuentra enfocada en la concientizaci�n y el empoderamiento ciudadano de las garant�as jur�dicas: I) A la tutela efectiva; 2) al Debido proceso; y, 3) A la Seguridad jur�dica; para medi�ticamente terminar con la desinstitucionalizaci�n del Estado, por parte de algunos funcionarios y representantes de sus instituciones, as� como de operadores jur�dicos, de ciertos miembros de las instituciones policiales y fiscales, con la esperanza que se plasmen en realidad a la brevedad posible, aprovechando los posibles cambios en los mandos policiales, en la justicia, Fiscal�a, en los servidores p�blicos y administrativos; y de esta manera hacer realidad y exigir se cumplan las garant�as Judiciales a la seguridad jur�dica inserta en el Art. 82, en armon�a con la tutela efectiva Art. 79;y, el debido proceso contempladas en el Cap�tulo Octavo, Art. 76, numeral 2 principio de presunci�n de inocencia; y, en el Art. 77, numeral 1, principio de libertad de la persona; bajo el Titulo de DERECHOS de PROTECCI�N.

Ante algunos estudios te�ricos, que han establecido la relaci�n existente entre buena parte de operadores de justicia, la polic�a y la fiscal�a, que atentan - contra la seguridad jur�dica y con ello al debido proceso y a la tutela efectiva, es que la percepci�n ciudadana de la inseguridad y el temor, que representa la vulneraci�n y violaci�n de derechos y garant�as constitucionales, es necesario redoblar esfuerzos

desde la academia, las universidades, autores y tratadistas, para concienciar a los actores y evitar que colapse la seguridad jur�dica en nuestro pa�s. La influencia que ejercen, el aparato de seguridad policial del Estado, sus instituciones, sobre todo parte de sus funcionarios, que son los que m�s vulneran o violan los derechos humanos constantes en la Constituci�n y en los instrumentos internacionales, como ejemplo el asesinato de un aficionado del Barcelona que se encontraba cruzando con otros el puente sobre la "Unidad Nacional" y supuestamente un polic�a es el autor de tan execrable hecho, del que fue detenido y acusado injustamente un hincha de la barra de Emelec, la pregunta es �qu� hacen o han hecho los operadores de justicia de la Funci�n Judicial, de la Fiscal�a y del Ministerio de Gobierno, para evitarlo?.

Indicar, si los operadores de justicia cumplen con la aplicaci�n del principio de seguridad jur�dica constante en la normativa constitucional, internacional y regional de los derechos humanos. Diagnosticar, si se aplica el principio de seguridad jur�dica, en conjunto con el debido proceso y la tutela efectiva, por parte de los operadores de justicia y los servidores y servidoras p�blicos y administrativos; Verificar, si se aplican los principios de seguridad jur�dica y el de la tutela efectiva, por parte de los operadores de justicia y servidores p�blicos, a favor de los detenidos para que nadie quede en indefensi�n.

Reviste, suma importancia por parte de la academia, los abogados en libre ejercicio profesional, el empleo de las normas y preceptos mediante los escritos y en las audiencias de las garant�as judiciales b�sicas constitucionales y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; esto es, los principios de la seguridad jur�dica, del debido proceso y la tutela efectiva, que tienen derecho las personas y colectivos, para que los operadores de justicia y servidores p�blicos, administrativos y privados, le den el uso adecuado en sus sentencias y resoluciones.

Se encuentra justificado, a trav�s del resultado de las encuestas y entrevistas realizadas a los sectores involucrados en el problema; esto es: que tambi�n servir� para fundamentar tanto una propuesta de utilizaci�n constante del cuerpo normativo constitucional - legal que regula la actividad de aplicaci�n de los principios sobre la seguridad jur�dica, el debido proceso y la tutela efectiva, en el que se determinen falencias, para de esta forma evitar que se contin�e haciendo da�o al vulnerar y violar derechos y garant�as, a la ciudadan�a y colectivos en general, que por su parte deben empoderarse de este accionar conforme a la presente propuesta. Por tanto, son importantes las opiniones de los sectores involucrados, sobre la eficiencia o ineficacia de las garant�as judiciales, as� como de los medios sustitutivos, que se pueden solicitar como son las medidas cautelares.

Se fundamenta la propuesta a trav�s del manejo y el reclamo constante de la ciudadan�a y su empoderamiento, adem�s de los abogados, que constituye el � talento humano - para que la administraci�n de justicia en nuestro pa�s, cumpla con el mandato constitucional delegado a la Funci�n Judicial y al Consejo de la Judicatura, organismos que deben velar por la transparencia y eficiencia de la Funci�n judicial, contando con el concurso del Ministerio P�blico del Ministerio de Justicia principalmente y el de Gobierno, siendo la Fiscal�a qui�n dirigir� la investigaci�n cumpliendo con la - factibilidad operativa social y operativa respetando las garant�as jur�dicas b�sicas a la seguridad jur�dica al debido proceso y la tutela efectiva, as� como las garant�as jurisdiccionales.

 

Finalidad

Esta investigaci�n tiene como fin, hacer conocer lo que ocurre por la falta de aplicaci�n de los principios a la seguridad jur�dica, al debido proceso y a la tutela efectiva, �cu�les son las sanciones que se aplican, a los funcionarios y servidores p�blicos, policiales, judiciales, fiscales y administrativos?; y, �cu�l es la visi�n que se tiene a este respecto?, tratando de evidenciar que el Derecho debe ser respetado conforme a la normativa jur�dica en vigencia esto significa el plano (ontol�gico), haciendo hincapi� en los criterios que se tenga sobre este asunto no sean de car�cter exclusivamente de cr�tica, sino de soluciones que deben aplicarse para resolver estos inconvenientes con el deber ser de car�cter (deontol�gicos) ya que a la larga no s�lo benefician a la sociedad, sino al propio Estado, sus instituciones y funcionarios, para -

 

Conclusiones

Ecuador, en t�rminos generales, se encuentra en la vanguardia constitucional, comparando con los textos constitucionales de la regi�n andina. La Constituci�n del 2008 recoge principios que han sido ampliamente reconocidos por la doctrina y por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por la parte dogm�tica de la Constituci�n, y sus v�nculos con la parte org�nica, esta Constituci�n se la podr�a calificar como garantista. El modelo de Estado proclama un cat�logo de derechos ambicioso, tiene garant�as para alterar la realidad y tiene un Estado con fines claros en tanto su fin es realizar y proteger derechos.

La Constituci�n del 2008 constituye un avance importante en la teor�a constitucional y pol�tica de los estados. La introducci�n de palabras refleja, al momento, la culminaci�n de desarrollos te�ricos que, sin duda, ser�n superados en la b�squeda de una organizaci�n pol�tica que no genere exclusiones e inequidades.

El Estado constitucional de derechos y justicia es un paso adelante del estado social de derechos. Se podr�a considerar que el Estado constitucional es suficiente para comprender a los derechos, dado que las Constituciones contempor�neas son materiales. Sin embargo, el �nfasis en los derechos resalta la importancia superior a la parte org�nica y, por otro lado, se podr�a afirmar que puede existir un estado

constitucional, pero sin reconocer la pluralidad jur�dica.

El debido proceso debe entenderse como una manifestaci�n del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades p�blicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio y para que esto se d� es necesario que exista ciertos presupuestos indispensables, entendiendo por presupuesto aquellas circunstancias anteriores al inicio de la actividad, sin las cuales el proceso no podr� ser considerado como leg�timo, careciendo de validez y eficacia jur�dica lo que se actuare sin existencia de los presupuestos. Estos son:

1.      El �rgano jurisdiccional.

2.      La situaci�n jur�dica de inocencia del ciudadano.

3.      El derecho a la tutela jur�dica.

 

Referencias

1.      Alexy; R. (2002). Teor�a de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios

2.      Constitucionales. Madrid.

3.      Alexy, R. (1989). Sistema jur�dico, principios jur�dicos y raz�n pr�ctica, trad. de

4.      Manuel Atienza, Doxa n�m. S. Alicante

5.      Arag�n, M. (1998). La eficacia jur�dica del principio democr�tico. Revista espa�ola

6.      de Derecho Constitucional. A�o 8 numero 24.

7.      Asamblea Nacional del Ecuador. (2008) Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador.

8.      Recuperado de:

9.      http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf.

10.  Asamblea Nacional del Ecuador. (2009). Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales

11.  y Control Constitucional. Recuperado de:

12.  http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org2.pd

 

 

 

 

�2022 por el autor.� Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).