Resumen
El presente
trabajo se orienta en realizar un análisis de los aspectos centrales de las
medidas cautelares de índole constitucional, como instrumentos que favorecen y
facilitan el acceso a la tutela judicial efectiva, que tienen como objeto
prevenir las lesiones de los derechos fundamentales o cesar la violación en
curso, en el primer caso, se solicitaran de forma autónoma y en el segundo caso
necesariamente deben solicitarse junto a una garantía jurisdiccional. Estas
garantías jurisdiccionales son fruto del desarrollo del Derecho Procesal
Constitucional Ecuatoriano, en donde se enuncian derechos y como si fuera poco
se han convertido en instrumentos de inmediata y directa aplicación. Esta
investigación se orienta desde una perspectiva metodología analítica y
documental, con un enfoque cualitativo lo que ha permitido realizar un estudio,
jurídico, constitucional e histórico en la investigación, se logró determinar que
las medidas cautelares constituyen por su naturaleza un instrumento relevante y
permite la protección de los derechos que se encuentran reconocidos en la
constitución de la República del Ecuador (2008).
Palabras
claves: medidas cautelares constitucionales; derechos
fundamentales; tutela judicial efectiva; garantías jurisdiccionales;
instrumento.
Abstract
This paper
focuses on an analysis of the central aspects of precautionary measures of a
constitutional nature, as instruments that favor and facilitate acess to
effective judicial protection, which are intended to prevent injury to
fundamental rights or cease the violation in progress, the first case, they
will be requested autonomously and in the second case they must necessarily be
requested together with a jurisdictional guarantee.
The jurisdictional
guarantess are the resulto f the development of Ecuadorian Constitutional
Procedural Law, where rights are enunciated and as if that were not enough,
they jave become instruments of immediate and direct application. This research
is oriented from an analytical and documentary perspective, which has allowed a
legal, constitutional and historical study in the investigation it was
determined that the precautionary measures are by their nature a relevant
instrument and allows the protection of the rights that are recognized in the
constitution of the Republic of Ecuador (2008).
Keywords:
constitutional
precautionary measures; fundamental rights; effective judicial protection;
jurisdictional guarantees; instrument.
Resumo
O
presente trabalho está orientado para a realização de uma análise dos aspectos
centrais das medidas cautelares de natureza constitucional, como instrumentos
que favorecem e facilitam o acesso à tutela jurisdicional efetiva, cujo
objetivo é prevenir violações de direitos fundamentais ou estancar a violação.
andamento, no primeiro caso, eles serão solicitados de forma independente e no
segundo caso eles devem necessariamente ser solicitados acompanhados de uma
garantia jurisdicional. Essas garantias jurisdicionais são o resultado do desenvolvimento
do Direito Processual Constitucional equatoriano, onde os direitos são
enunciados e como se isso não bastasse, eles se tornaram instrumentos de
aplicação imediata e direta. Esta investigação é orientada numa perspectiva de
metodologia analítica e documental, com uma abordagem qualitativa que permitiu
realizar um estudo jurídico, constitucional e histórico na investigação, foi
possível determinar que as medidas cautelares constituem pela sua natureza um
instrumento relevante e permite a proteção dos direitos que são reconhecidos na
constituição da República do Equador (2008).
Palavras-chave:
medidas cautelares constitucionais; direitos fundamentais; proteção judicial
efetiva; garantias jurisdicionais; instrumento.
Introducción
A lo largo de la
historia, el ser humano ha sufrido diversas violaciones, abusos de sus derechos
que son provocados tanto por personas naturales como jurídicas (Vernaza, 2020).
Además de ello, en múltiples ocasiones el Estado ha permanecido inmóvil frente a
esas agresiones. Históricamente a mediados del siglo XX, los Derechos Humanos
se han ido desarrollando y así se han ido añadiendo instrumentos legales y
constitucionales para su protección (Cueva y Saqui, 2022). Bajo ese contexto,
el Derecho ha ido evolucionando y también la protección a bienes jurídicos,
siendo las medidas cautelares un instrumento idóneo para su protección.
La idea de dotar
a los ciudadanos de mecanismos o instrumentos mediante los cuales se pueden
hacer efectivos los derechos se encuentran establecidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, en
donde el artículo 8 manifiesta: “Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la
ley”.
Si bien, el
Derecho constitucional tiene como objetivo principal el estudio de la
constitución y de la relación de las personas con los diferentes órganos
gubernamentales, es decir, se puede establecer que el Derecho Constitucional es
el encargado de estudiar los derechos humanos, tomando en cuenta que la
constitución es la norma suprema y que tiene autonomía sobre todas las demás
leyes. En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en
adelante (CRE) trajo consigo principales aportes para salvaguardar los
derechos fundamentales de los ciudadanos, estas herramientas propenden
garantizar y proteger el ejercicio de los derechos consagrados en la
constitución y en los instrumentos internacionales, de tal manera que, la
constitución regula las medidas cautelares, siendo el Ecuador un país que
garantiza los derechos y así como lo establece el artículo 1 de la norma
suprema su aplicación es inmediata y directa, siendo el Ecuador un estado
constitucional de derechos, en donde el más alto deber, consiste en respetar y
hacer respetar los derechos de las personas, por lo tanto son vistas como una
garantía que se encuentra reconocida en la norma suprema, que precisamente permite
acceder a la tutela judicial efectiva de los derechos (Art. 75 CRE), y esta es
la razón de ser de las medidas cautelares, posibilitando esta acción para
lograr la tutela judicial efectiva, de tal manera que constituyen un mecanismo
sustancial dentro de la justicia constitucional.
Por
lo tanto, es sumamente relevante conocer esta figura, regulada también en la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009) en
adelante (LOGJCC), en donde manifiesta que estas medidas están basadas en la
consecución del derecho, en tanto que todos los individuos tienen derecho a
ejercer este tipo de garantías constitucionales, si bien es cierto estas
medidas cautelares no crean derechos, sino más bien se encargan de proteger los
mismos, por lo que actúan cuando existe la amenaza de vulneración de los
derechos.
Ante lo
expuesto, el objetivo de la presente investigación es analizar las medidas cautelares
constitucionales como instrumentos de protección inmediato y eficaz de los
derechos reconocidos en la constitución, basado en los parámetros fundamentales
para el otorgamiento de las medidas cautelares como el fumus boni iuris (apariencia
del buen derecho) , adecuación y el periculum in mora (peligro en la
demora), esto como principales elementos para un manejo correcto en el
principio constitucional que es la celeridad que se debe otorgar en los
procesos por parte de los juzgadores competentes.
Aproximación
histórica de las medidas cautelares
Las medidas
cautelares se remontan en la época del Derecho Romano aproximadamente en el año
753 a.C. cuya época se hacía mención a la interdicción, la cual es similar a la
que hoy conocemos como medidas cautelares, la figura de la interdicción tenía
como objeto alejar a las personas para que no produzca daño a un bien
patrimonial (Vaca, 2017).
Pérez Ragone
cita a Vittorio Scialoja estableciendo que la figura del interdictum
(interdicción) se deriva del imperium del Petror la cual se manifestaba como
una prohibición o como una orden (Rodríguez, 2017). La principal característica
del interdictum era la de establecer apariencias o aspectos junto con
situaciones existentes de la forma más rápida, pero sin perjuicio de que las
partes que intervienen puedan manifestar sus derechos de fondo en un juicio de conocimiento.
En la historia
ecuatoriana del constitucionalismo, el antecedente de estas medidas es la
denominada acción de amparo constitucional de la Constitución Política de 1998,
que en el artículo 95 regulaba esta figura como preferente y sumaria ,ya que
“la acogida de las medidas estaban destinadas a evitar, cesar la comisión o
remediar de forma inmediata las consecuencias de algún acto u omisión
ilegítimos que provenga de una autoridad pública, que viole o pueda violar
cualquiera de los derechos reconocidos en la constitución o en un convenio o
tratado internacional vigente, de manera que amenace con causar un daño grave
de forma inminente”.
Por otro lado,
es cierto, que la acción de amparo aparece por primera vez en el Ecuador en la
constitución de 1967, regulada en el artículo 28.15, sin embargo, este artículo
no especificaba alguna regulación procesal para hacerla efectiva, solo se
limitaba a indicar que las personas tenían “derecho a demandar el amparo
jurisdiccional contra cualquier violación de las garantías constitucionales”.
Es así que la actual constitución de la República del 2008, recoge estos
antecedentes históricos regulando las medidas cautelares como una garantía
jurisdiccional en su cuerpo normativo, específicamente en el artículo 87 capítulo
tercero, sección primera, del título tercero (garantías constitucionales) de la
norma fundamental.
Aproximación
dogmática de las medidas cautelares
Mera Casas
(2018) citando a Almagro Noseth, destaca de forma general las medidas
cautelares, indicando que son aquellas que se adoptan judicialmente tras un
juicio de oportunidad y de procedencia, ya sea en el transcurso del proceso o
antes, y así mismo indica que estas medidas tienen la finalidad de evitar que
el estado de cualquier situación jurídica o de las cosas se modifique o altere
la efectividad de la sentencia, que debe de recaer en relación a la situación
provisional sub iudice.
Por lo tanto,
por su naturaleza las medidas cautelares tienen como objeto cesar o evitar la
vulneración de un derecho, debido a que permiten amparar a las personas de
actos u omisiones en aquellos casos en donde se viole o exista una amenaza de
modo inminente y grave un derecho. Así mismo tiene su regulación en la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en donde
señala que es competencia de cualquier juez que tenga conocimiento otorgarla de
manera inmediata tan solo con la verificación de los hechos, sin necesidad de
pruebas, es decir es un proceso informal que el juez no puede pasar por alto ni
tampoco debe de tomarse la molestia de indicar cuando la medida cautelar sea
revocada cuyo efecto dispositivo o restrictivo pueda causar algún perjuicio a quienes
lo deban soportar. En cuanto a la revocatoria en la ley no existe regulación
suficiente sobre las revocatoria de alguna medida cautelar, las cuales se puede
decir que se mantienen vigentes, hasta que: 1. Se demuestre que en su solicitud
no tenía fundamentos; 2. Que se haya evitado la amenazada de la violación de
derechos, estos son aspectos que, deben hallarse de forma clara, expresa y
determinados en la ley de tal forma que pueda ser aplicada por la autoridad
competente.
La medidas
cautelares en materia constitucional, son una especie de garantías
jurisdiccionales o procesos constitucionales que tienen como fin evitar que se
produzca una vulneración de derechos constitucionales o humanos, o detener o
cesar dichas vulneraciones, estas medidas pueden ser solicitadas de forma
independiente, cuando pretenden evitar la vulneración de derechos, o se pueden
solicitar de manera conjunta con alguna otra demanda de garantías como la
acción de protección, hábeas data, etc, cuando el fin sea hacer cesar el daño o
vulneración. Con base a lo sustentado anteriormente, el rol que deben tener las
juezas y jueces frente a una medida cautelar y que las mismas deben estar
sujetas en base a la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional su finalidad debe ser siempre
defender los derechos de las personas. (Crespo, 2020)
Por
consiguiente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador,
reconoce que las medidas cautelares proceden referente a derechos
fundamentales, es decir, tanto en los derechos consagrados en la Constitución
como en los consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos. Así
pues, las medidas cautelares siempre tienen un fin preventivo, pero nunca
reparador y su proceso es más bien sumario y no de conocimiento (CCE.
Sentencia No. 66-15-JC/19, 10 de septiembre de 2019, párrs. 19-20).
Derechos
fundamentales amenazados o violados
Los derechos
Constitucionales, son aquellos que se encuentran protegidos en la constitución,
como el derecho a la defensa, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho
al debido proceso, derecho a la seguridad humana, entre otros, todos estos
derechos se encuentran a partir del artículo 10 hasta el artículo 82 de la CRE,
haciendo énfasis que, los principios para la aplicación de estos derechos están
en el artículo 11 de la CRE.
Por
otro lado, la Constitución del Ecuador faculta al accionante a solicitar las
medidas cautelares cuando un derecho se encuentre amenazado o para cesar la
lesión actual (Art. 87 CRE). Esa disposición también está contemplada en los
artículos 424 y 426 de la constitución en donde hace mención a los tratados
internacionales de derechos humanos, por lo que en aquellos casos en los que un
tratado reconozca “derechos que sean más favorables a los que se encuentran consagrados
en la constitución, predominarán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del
poder público”. Dicho de otra manera, en el caso de que en la Constitución no
reconozca un derecho en particular, pero sin embargo ese derecho sí se
encuentra previsto en algún tratado internacional de derechos humanos
ratificados por el Ecuador, ese derecho tiene que ser aplicado directamente por
los juzgadores sin que sea necesario el desarrollo legislativo. Tomando en
cuenta el párrafo anterior en cuanto a la aplicación de los derechos, el
artículo 11.5 de la constitución, en el mismo sentido prevé que la
interpretación que se aplica tanto a los derechos y a las garantías
jurisdiccionales, va hacer la que más favorezca a su vigencia efectiva.
Por
lo que significa que los jueces deben directamente aplicar la interpretación
que más le favorezca a los derechos que provienen de la jurisprudencia para así
interpretar los tratados internacionales de derechos humanos, así por ejemplo,
el Ecuador es uno de los países que está sujeto a la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de que la interpretación que
configura los alcances y contenidos de esos derechos a nivel nacional sean más restrictivitos,
todo se debe a que en el artículo 11 de la constitución establece que los
derechos reconocidos en su norma no son excluyentes ni exclusivos, sino más
bien su contenido se desarrolla de manera progresiva a través de la
jurisprudencia.
Por
lo cual, las medidas cautelares pueden ser solicitadas en casos de lesión o de
peligro de un derecho constitucional o de un derecho humano, es decir, en los
casos de lo que comúnmente se los conoce como los derechos fundamentales.
Características
de las medidas cautelares
Carnelutti
(2018) sostiene que las medidas cautelares constitucionales tienen como
características esenciales ser provisionales, urgentes, necesarias, inmediatas
e instrumentales.
Así
mismo, la Corte Constitucional (2013) se pronunció en cuanto a estas
características, determinando que son, provisionales de manera que tienen
vigencia en el tiempo que dure la amenaza o la vulneración de un derecho ya que
no tendría sentido solicitarlas una vez que se haya dictado sentencia. Por tal
razón son provisionales, por lo que, en la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 33, le solicita al
juez a individualizar y especificar tanto las obligaciones positivas como
negativas a cargo del destinatario de la medida cautelar, así mismo las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse, pues así se mantiene
su carácter de provisionales y no definitivas (Sentencia
No. 61-12-IS/19). Urgentes de modo que la inminencia o la gravedad de un
hecho requiera la concesión inmediata de una medida que elimine o disminuya
efectos; necesarias por cuanto se aplican a un caso en concreto y la misma debe
ser adecuada con la violación; inmediatas porque el juzgador debe
ordenarlas en la brevedad posible desde que recibe la petición; e instrumentales
en razón de que establecen acciones que tienden a cesar o evitar una vulneración.
Presupuestos
de admisibilidad
Para
que una medida cautelar proceda deben concurrir los siguientes presupuestos
1.
Periculum in mora (Peligro en la demora)
Este
presupuesto, no es otra cosa que las tardanzas de los procesos judiciales,
corresponde al peligro que está expuesto el solicitante en la tardanza sobre la
respuesta de la petición (Rueda, 2017).
Una
de las necesidades para la creación de las medidas cautelares se debe a una
realidad en específico que ha venido desde otras épocas y es el tiempo de
duración del proceso, y es que cuando
se inicia un proceso pueden pasar semanas, meses o incluso hasta años para que
se emita el fallo final , y es ahí cuando el tiempo se convierte en nuestro
peor enemigo, pues en ese lapso pueden transcurrir una serie de situaciones que
pueden poner en peligro en la víctima , o puede ocurrir cualquier situación que
haga impracticable el pronunciamiento definitivo. Por lo que en el
artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, determina el periculum in mora, al mencionar que las
medidas cautelares proceden cuando los jueces tienen conocimiento de un hecho
grave e inminente, que viole un derecho o amenace con violar un derecho, así
pues por la urgencia de lo ocurrido , provocada por la violación o amenaza
inminente de un derecho, hace que cualquier demora resulte peligrosa, en tal
sentido la medida debe dictarse de forma inmediata.
Se
ha reconocido universalmente que las medidas cautelares tienen relación con la
tutela judicial efectiva debido a que es una forma de justicia provisional ya
que permite evitar que el derecho que se alega resulte lesionado por el tiempo
que transcurre desde la presentación de la demanda hasta la sentencia (Sierra,
2021)
2.
fumus bonis iuris (apariencia
de buen derecho)
El
artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdicionales y Control
Constitucional, indica: “una vez que la jueza o juez conozca
sobre la petición de medidas cautelares, si verifica por la sola descripción de
los hechos que se reúnen los requisitos previstos en esta ley, otorgará
inmediatamente las medidas cautelares correspondientes(…)”.
Por lo tanto, esto significa que la ley recoge este presupuesto, que hace
referencia al conocimiento profundo, o no exhaustivo que debe tener el juez al
momento de otorgar las medidas, para lo cual el juzgador no debe de exigir la
certeza de la vulneración del derecho constitucional, sino únicamente bases razonables
o indicios de manera que puedan presumir la violación del derecho o la amenaza
del mismo.
3.
Adecuación
Este
presupuesto está regulado en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual establece: “Las
medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar
o detener, tales como la comunicación inmediata con la autoridad o persona que
podría prevenir o detener la violación, la suspensión provisional del acto, la
orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. En ningún caso
se podrán ordenar medidas privativas de la libertad.”
Con
base a lo anterior, nos podemos dar cuenta, que la ley no enumera taxativamente
las medidas cautelares que se deben ordenar para detener o evitar la violación
de un derecho, ya que la norma antes descrita establece únicamente ciertos
ejemplos que sirven como pautas, así pues es el juez quién de manera eficaz
debe tomar la decisión para evitar o detener la afección del derecho con
relación al caso en concreto.
Por
consiguiente, es oportuno destacar que en ningún caso se podrá ordenar medidas
privativas de libertad, esto debido a que el procedimiento de las medidas
cautelares es informal, rápido y sencillo partiendo de la verosimilitud del
derecho y así al ordenar una medida cautelar privativa de libertad estaría
afectando los derechos fundamentales del sujeto pasivo como la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa, derecho a la libertad, entre otros, cuyos
efectos serían de difícil reparación es decir irreversibles, violando así el
principio de proporcionalidad que debe prevalecer entre la medida cautelar y el
derecho que se quiera proteger.
En
definitiva, el presupuesto de la adecuación está encadenado con la
proporcionalidad, ya que su aplicación evitará que tengan efectos irreversibles
para el sujeto pasivo, porque no se puede proteger un derecho, violando a otro.
Tipos
de medidas cutelares
El
artículo 87 de la Constitución de la República manifiesta que “Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o
independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos
(...)”. Por lo tanto, se puede distinguir dos tipos de medidas cautelares.
1.-
Medidas cautelares autónomas: Este
tipo de medida opera bajo el supuesto de la amenaza, es decir cuando el bien
jurídico no es necesariamente lesionado o afectado, pero si se encuentra
propenso a ocasionar grave daño y su finalidad es prevenir el daño que se pueda
ocasionar.
2.- Medidas cautelares conjuntas con otra garantía: Puede suceder que durante la vulneración de un derecho
constitucional se requiera implantar medidas destinadas a cesar la vulneración
de un derecho, mientras existe algún pronunciamiento de fondo, de manera que
puede solicitarse una garantía jurisdiccional (acción de protección, habeas
corpus, habeas data, acceso a la información pública) con una medida cautelar. Es
así que, este tipo de medidas se presentan cuando el bien jurídico ya ha sido o
es lesionado, por lo que en este caso se solicitan necesariamente en conjunto
con una garantía jurisdiccional. Las medidas cautelares que se solicitan conjuntamente
con otra garantía jurisdiccional, tienen carácter tutelar y cautelar a la vez,
tutelar en relación al ejercicio de los derechos, porque tiene como objetivo
impedir su vulneración o de ser el caso suspenderla si ya está ocurriendo y
cautelar por cuanto preserva provisionalmente una situación jurídica. (sentencia
No. 16-16-JC/20), este tipo de medidas se debe de resolver el fondo del asunto
porque se basan en una razonable presunción de que existe una vulneración de
derechos que tiene que ser interrumpida.
Otro
aspecto de estas medidas es que cuando las medidas cautelares se presentan en
conjunto con otra garantía, los jueces tienen la obligación de evacuar las
medidas cautelares en la primera providencia, esto es porque su finalidad es la
de cesar o interrumpir la vulneración de los derechos constitucionales
(Sentencia No. 1214-18-EP/22).
Sin
embargo, hay que tener en cuenta que las medidas cautelares según lo
establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional no proceden solicitarlas en la acción extraordinaria
de protección, y esto es debido a que la acción extraordinaria de protección
tiene como objeto la protección de los derechos constitucionales en autos
definitivos, sentencias, resoluciones con fuerza de sentencia, y que se pruebe
que el juzgamiento se ha violado por acción u omisión al debido proceso u otros
derechos consagrados en la constitución (Art. 94 CRE), por lo que esta acción
no trata tema sobre el fondo de la acción original , pero si involucra la
violación de derechos en la sustanciación de un proceso con sentencia, por tal
razón no proceden las medidas cautelares en la acción extraordinaria de
protección ya que en esta acción el juez ya presentó su pronunciamiento de lo
alegado, mientras que en las medidas cautelares se presentan cunado el derecho
se encuentre amenazado o violado siempre que sea antes de la decisión en firme.
Para
resumir en ambos casos se tiene el mismo objetivo, que es el de evitar la
vulneración de los derechos constitucionales, lo que conlleva a identificar a
las medidas cautelares como una garantía más para la protección de los derechos
consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la
constitución. Es por esto que las medidas cautelares son las más efectivas para
evitar o cesar la vulneración de los derechos fundamentales, esto significa que
los jueces pueden adoptar una serie de medidas como la suspensión temporal o
definitiva de actos administrativos, asignación de recursos para compras de
medicamentos, adopción de medidas alternativas al desalojo, adopción de medidas
de protección personal, entre otros.
Efecto jurídico
La
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el
artículo 28 menciona que, las medidas cautelares no constituyen prejuzgamiento,
sobre la declaración de un derecho y tampoco tendrán valor probatorio en caso
de existir alguna violación de derechos. Como sabemos la función que tienen las
medidas cautelares no es la declarar en sí el derecho, sino únicamente
protegerlo de forma preventiva. La protección o tutela que concede, no es
definitiva porque no se declara el derecho y tampoco se resuelve de fondo el
asunto, es un instrumento de protección preventivo que como su nombre lo indica
busca prevenir la violación de un derecho fundamental o también de la misma
manera evitar que se continue con la violación.
Como
ya se manifestó en líneas anteriores, para que se pueda otorgar las medidas
cautelares, se requiere de apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris), es
decir la verosimilitud del derecho , pero no una demostración de lo señalado en
la petición verbal de la medida cautelar, de modo que como se manifestó
anteriormente no va a resolver a el fondo del asunto, tampoco prejuzga acerca
de la declaración de la violación de derechos a través de una medida cautelar
lo que se hace es tomar medidas urgentes de seguridad dirigidas a proteger el ¿con
qué efecto?, únicamente provisorio.
En
este sentido, el efecto que tienen las medidas cautelares es lo provisional, ya
que su duración en el tiempo depende de la duración de las medidas cautelares, por
lo cual lo provisional no quiere decir que son cortas en el tiempo, debido a
que se mantienen mientras existan las condiciones de gravedad e inminencia, por
lo que su duración puede ser tanto de días, meses o incluso hasta años todo
dependerá de las de las condiciones de los hechos y de su estancia en el
tiempo.
Procedimiento
Con
respecto al procedimiento, se desarrolla desde el artículo 31 al artículo 38 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en
donde se destacan ciertos elementos para que se pueda cumplir el otorgamiento
de dichas medidas, así por ejemplo la informalidad, la rapidez y eficacia en
todo el procedimiento, así mismo destaca la obligación que tiene el juez para
buscar los medios sencillos que estén en sus manos para proteger el derecho
amenazado o el que está siendo vulnerado, y que simultáneamente esos medios ,
a más de ser sencillos , tienen que ser proporcionales a la amenaza o
vulneración.
Por
otro lado, en el artículo 32 de la misma ley determina sobre la legitimidad
activa y sobre la competencia. Acerca de la legitimidad activa, menciona que
“cualquier persona o grupo de personas podrá interponer una petición de medidas
cautelares”. Tal como lo indica Cervantes (2020), cualquier persona, sin ser un
afectado directo, puede solicitar las medidas cautelares, siendo un claro
ejemplo, la potestad que se le confiere al Defensor del Pueblo para proponer
las medidas cautelares a favor de terceros (artículo 9, LOGJCC). Lo que
significa que independientemente de que el legitimado activo sea una persona
natural por sus intereses o un ya sea un servidor público en representación
institucional y en el ejercicio de sus funciones, podrá interponer las medidas
cautelares porque lo importante es que se cumpla con el fin de las medidas
cautelares que es el de detener o prevenir una violación de derechos. Sin
embargo, para evitar desnaturalizaciones por parte de los servidores públicos
en el uso de una medida cautelar la Corte constitucional mediante sentencia
No.66-15-.JC/19, establece excepciones para que no se alteren el uso de estas
medidas por parte del Estado o de sus servidores, por lo que la Corte
manifiesta que podrán presentar medidas para:
“la simple ejecución de sus competencias constitucionales o legales, para
deslindarse de las obligaciones legales que les correspondan en virtud de sus
competencias, o para legitimar medidas o actor arbitrarios que puedan violar,
limitar o restringir el debido proceso o derechos”
Como
parte de la informalidad del proceso, la petición de las medidas cautelares
puede ser tanto verbal como escrita, en el primer caso se debe de realizar un
sorteo de juzgadores únicamente con la identificación del peticionario, en
relación a la competencia le corresponde a cualquier juez de primer nivel, y en
el caso de que haya más de un juez se debe de realizar un sorteo para
determinar su competencia. Por último, en el artículo 32, mencionar la
obligación del peticionario el de declarar si ha interpuesto otra medida
cautelar por el mismo hecho, con la finalidad de evitar duplicidades.
Como
fase final del procedimiento, en relación a la resolución determina en el artículo
33 que no se necesita la presentación de pruebas, basta con describir los
hechos al juzgador, siempre y cuando se verifica que, si reúnen los requisitos
previstos en la ley, por ejemplo, la verosimilitud de la petición, el daño irreversible,
y la ausencia de las causales de improcedencia. Luego de que se constante los
presupuestos mencionados, el juez ordenará las medidas, sin la necesidad de
notificar formalmente a los involucrados. La resolución es el medio por el cual
se niegan o se admiten las medidas que no son susceptibles de recurso de
apelación. En el caso que se admitan las medidas cautelares el juez debe
especificar las obligaciones tanto positivas como negativas, indicando quién es
el destinatario de las medidas cautelares, así también las determinaciones de
tiempo modo y lugar.
La
particularidad que ofrecen las garantías jurisdiccionales es que su
procedimiento es eficaz y sencillo , y al no ser un proceso de conocimiento no
se necesitan pruebas para demostrar la autenticidad de lo descrito al momento
de presentar la acción, basta con la “apariencia del buen derecho” que se
relaciona con hechos creíbles este es un requisito básico para presentar las
medidas cautelares, porque le va a permitir al juez aceptar o negar la
petición, sin embargo, al no requerir de pruebas de cierta manera en este tipo
de acciones el juez no conoce la realidad de lo que pasa, por lo que pueden
existir ocasiones en donde los abogados o los peticionarios actúan en franco,
es decir en “abuso del derecho”, esto ocurre cuando se presentan medidas
cautelares de mala fe con el ánimo de causar daño, por lo que en estos casos la
ley faculta a los juzgadores interponer a los abogados multas de hasta 3
salarios básicos unificados, que si no cumplen se podrá suspender temporalmente
el ejercicio profesional ( Art. 336 Código Orgánico de la Función Judicial), y
a su vez, la ley no descartará la responsabilidad penal.
En
el caso de que se otorguen las medidas cautelares el ejercicio de su
cumplimiento está en manos del juez o jueza que las ordena , es por ello que en
el artículo 34 establece que los jueces pueden delegar a la Defensoría del
Pueblo o a cualquier institución encargada de la protección de los derechos la
supervisión de las medidas, y en el caso de incumplimiento el artículo 22 de la
misma ley establece sanciones por el incumplimiento de las medidas , sin
embargo, cade señalar que la Corte Constitucional no permite garantizar la
ejecución de las medidas cautelares mediante la acción de incumplimiento es
decir las prohíbe.
Como
ya se ha manifestado, el procedimiento de las medidas cautelares es sencillo y
rápido, pero tal y como menciona el artículo 36 de LOGJCC se puede dar una
audiencia de manera excepcional (en el caso de las medidas cautelares
autónomas), y esto es porque la institución o persona accionada está en todo su
derecho de pedir la revocatoria de las medidas, pudiendo demostrar que no
existió y no existe violación o amenaza de derechos constitucionales, es así
que de creerlo conveniente el juez podrá convoca a una audiencia en donde podrá
revocar o modificar las medidas.
Por
último, el artículo 38 establece que el juez que tuvo conocimiento de las medidas
cautelares, tiene que remitir a la Core Constitucional la admisión o la
negativa de las medidas, con la finalidad de que este organismo ejerza sus
facultades de revisión y selección. Es así que se contempla, la eficacia de las
medidas cautelares en la legislación constitucional.
Materiales
y métodos
En
base a los objetivos planteados en este artículo, la metodología utilizada
responde al material documental, bibliográfico y de las normas plasmadas en la
Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, realizando un enfoque descriptivo con un estudio cualitativo. Los
métodos que se emplearon fueron el analítico, deductivo, sintético e inductivo,
los mismos permitieron emplear el estudio desde el Derecho Constitucional, la
aplicación y efectividad de las medidas cautelares, tomando como referencia las
características, requisitos, efectos procedimientos.
La
finalidad de esta investigación en sí, es la de establecer pautas que ayuden al
conocimiento, compresión, entendimiento y determinar la efectividad de las
medidas cautelares, con el fin de ilustrar los preceptos constitucionales, en
aquellos elementos precisos que son sometidos a resoluciones (Peñafiel,
Erazo, Pozo y Narváez, 2020).
Resultados
y discusión
Se
ha podido determinar a lo largo de la investigación que, en efecto las medidas
cautelares constitucionales constituyen un verdadero instrumento de protección
de los derechos constitucionales, que son de inmediata y directa aplicación
para el servicio de la justicia. El punto de partida de las medidas cautelares
surge a partir de la demora de los procedimientos judiciales que generan
retrasos para dictar sentencias, inclusive los errores judiciales, de modo que
la consecuencia es el riego de que el resultado de los procesos que son motivos
del conflicto resulte tardío.
Sin
lugar a dudas, son garantías producto del desarrollo del Derecho Procesal Constitucional
reflejado en el hecho, de que los enunciados de derechos constitucional han
dejado de ser simples textos en donde solo se enunciaba los derechos, al
contrario se han convertido en instrumentos de inmediata y de directa
aplicación, y al ser consideradas garantías constitucionales estas medidas se
proponen y se ejercen ante los órganos de la Función Judicial, de esta manera
se mantiene activa la participación de los que administran justicia, que son los
jueces quienes actúan como garantes de los derechos de los ciudadanos. Por
ende, las medidas cautelares conceden el principio de celeridad lo cual permite
que el de la ponderación constitucional cumpla su proceso hasta que se puedan
hacer efectivos los derechos y de esta manera también poder garantizar la
eficacia del mismo. (Suárez, 2020). Las medidas cautelares al ser un
instrumento de protección no requieren de un análisis profundo para el
otorgamiento de estas, sino más bien para su concesión se requiere la
existencia de un peligro que es causado por la lentitud o demora del proceso. De
esta forma, las medidas cautelares en materia constitucional, constituye un
importante instrumento de protección de los derechos que se aplica con la
finalidad de evitar su vulneración.
Es
así que, tanto la constitución como la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) son las dos normas que
regulan las medidas cautelares en materia constitucional, y al referirnos a la
Ley en cuestión establece el procedimiento para pedirlas, resolverlas y
analizarlas, que deben de ser la base para la actuación de los jueces en las
garantías constitucionales, los jueces tienen la obligación de enfocarse en
salvaguardar los derechos que se encuentran amenazados disponiendo de las
medidas necesarias para así evitar que se produzcan violaciones.
Además
de lo expuesto, se ha podido determinar con base a la revisión bibliográfica
efectuada que, las medidas cautelares por su naturaleza constituyen gran importancia
de los derechos que amparan, así mismo no son definitivas, estas pueden ser
modificadas ya sea total o parcialmente mientras no sea necesaria su
permanencia y duren sus efectos, por lo que esta realidad implica que pueden
revocarse solamente cuando hayan desaparecido las causas que la originaron. Adicional
a ello, se ha podido constatar que, las medidas cautelares constitucionales
pueden ser presentadas conjuntamente con otra garantía constitucional, es decir
en un proceso en donde se esté analizando la posible o efectiva vulneración de
un derecho de esa naturaleza, o de forma autónoma previo a presentar un proceso
en materia constitucional. De esta forma se da la amplitud en garantizar de
acuerdo a las necesidades y circunstancias variables de cada situación lo que
posibilita la protección de los derechos consagrados en la constitución en
cualquier circunstancia.
Conclusiones
La
eficacia de las medidas cautelares constitucionales son consideradas como una
de las garantías primarias, para lo protección de los derechos de las personas
y que actualmente se ve garantizada y establecidas en los artículos 87 de la
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 26 y posteriores de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de manera
que, ejerce un control sobre los administradores de justicia para así poder
precaver los derechos que se estén vulnerando o que se encuentran en riesgo al
momento de solicitar las medidas cautelares.
De
la misma forma, dentro del sistema de protección de los derechos constitucionales,
las medidas cautelares constan de una doble dimensionalidad, solicitándolas de
forma autónoma o en conjunto con otra garantía jurisdiccional, tomando en
cuenta que para otorgar las medidas cautelares de forma conjunta se deben de
observar las características que tienen las demás garantías jurisdiccionales
excepcionando la acción extraordinaria de protección.
Como condiciones
para el otorgamiento de estas medidas es importante observar siempre la
verosimilitud del derecho y la gravedad del daño, en lo que respecta a la
verosimilitud, los jueces no deben comprobar la vulneración del derecho o la
amenaza, sino que se deben regir que los fundamentos de quien las solicite sean
razonables de que el acto puede llegar a ocasionar una vulneración de un
derecho o un daño es decir se puede generar efectos nocivos, en lo que respecta
a la gravedad del daño esta debe ser siempre adecuada y proporcional con el
daño que se pretende evitar.
Finalmente, es
importe recalcar que, las medidas cautelares en materia constitucional son
verdaderas garantías, ya que ciertamente estas no se pronuncian acerca del
fondo de la controversia, son un instrumento de protección que evita la
vulneración de los derechos constitucionales, de ahí que permiten que el estado
cuente con mecanismos o recursos justos e idóneos para cesar o evitar la
violación de los derechos constitucionales, y así implantar los fundamentos de un
Estado Constitucional de derechos y justicia.
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