Resumen
Múltiples trabajos
académicos tienen por objeto de análisis las políticas sociales en América
Latina, a lo largo de la fase neoliberal. Dentro de este grupo de aportes,
ciertos dieron un paso más allá y vincularon tales intervenciones del Estado
con la producción de un nuevo orden como integridad, o sea, con la instauración
de una nueva pauta de interacción entre Estado, sociedad y mercado (Danani y
Hintze, 2011: 10; Danani y Grassi, 2008: 266). Esto desde una conceptualización
vasta y compleja de las políticas sociales, en tanto “organizadoras de la vida
social e individual” (Danani y Grassi, 2008: 259).
Bajo esta mirada, la
presente investigación parte del punto de vista de creación de pactos sociales
y fiscales, el presente proceso de utilización de la política de defensa social
inclusiva que se viene promoviendo en el Ecuador; así como las primordiales
tácticas y reformas en relación con este fin. Estas son: la reforma de la
estabilidad social, cuya nueva ley se está elaborando a partir del Ministerio
Coordinador de Desarrollo Social (MCDS); la reforma del primordial programa de
transferencia monetaria condicionada, el Bono de Desarrollo Humano (BDH), bajo
un plan de movilidad y graduación y orientando, a futuro, su cobertura
primordialmente a personas que viven en condiciones de pobreza extrema, adultos
más grandes e individuos con discapacidad por medio de una pensión no
contributiva; la consolidación de una red integral de salud pública que busca
armonizar e integrar las prestaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) con
las del Instituto Ecuatoriano de Estabilidad Social (IESS) y de los
conservatorios de estabilidad social de la policía y fuerzas armadas, y la
incorporación y articulación de un sistema de cuidado a lo largo del periodo de
vida.
Palabras Claves:
Política pública; pobreza; política social; pacto social; estabilidad social.
Abstract
Multiple academic works
aim to analyze social policies in Latin America, throughout the neoliberal
phase. Within this group of contributions, some went a step further and linked
such interventions by the State with the production of a new order as
integrity, that is, with the establishment of a new pattern of interaction
between the State, society and the market (Danani and Hintze, 2011: 10; Danani
and Grassi, 2008: 266). This from a vast and complex conceptualization of
social policies, as "organizers of social and individual life" (Danani
and Grassi, 2008: 259).
Under this perspective,
this research starts from the point of view of creating social and fiscal
pacts, the present process of using the inclusive social defense policy that
has been promoted in Ecuador; as well as the main tactics and reforms in
relation to this end. These are: the reform of social stability, whose new law
is being prepared by the Coordinating Ministry of Social Development (MCDS);
the reform of the main conditional cash transfer program, the Human Development
Bonus (BDH), under a mobility and graduation plan and directing, in the future,
its coverage primarily to people living in conditions of extreme poverty, older
adults and individuals disabled through a non-contributory pension; the
consolidation of a comprehensive public health network that seeks to harmonize
and integrate the services of the Ministry of Public Health (MSP) with those of
the Ecuadorian Institute of Social Stability (IESS) and the conservatories of
social stability of the police and armed forces, and the incorporation and
articulation of a care system throughout the life period.
Key Words:
Public politics; poverty; social policy; social pact; social stability.
Resumo
Múltiplos trabalhos
acadêmicos visam analisar as políticas sociais na América Latina, ao longo da
fase neoliberal. Dentro desse conjunto de contribuições, alguns deram um passo
além e vincularam tais intervenções do Estado com a produção de uma nova ordem
como integridade, ou seja, com o estabelecimento de um novo padrão de interação
entre Estado, sociedade e mercado (Danani e Hintze, 2011: 10; Danani e Grassi,
2008: 266). Isso a partir de uma vasta e complexa conceituação das políticas
sociais, como “organizadoras da vida social e individual” (Danani e Grassi,
2008: 259).
Sob esta perspectiva,
esta pesquisa parte do ponto de vista da criação de pactos sociais e fiscais, o
atual processo de utilização da política de defesa social inclusiva que vem
sendo promovida no Equador; bem como as principais táticas e reformas em
relação a esse fim. São eles: a reforma da estabilidade social, cuja nova lei
está sendo elaborada pelo Ministério Coordenador do Desenvolvimento Social
(MCDS); a reforma do principal programa de transferência condicionada de renda,
o Bônus de Desenvolvimento Humano (BDH), sob um plano de mobilidade e graduação
e direcionando, no futuro, sua cobertura prioritariamente para pessoas em
situação de extrema pobreza, idosos e pessoas com deficiência por meio de um
pensão não contributiva; a consolidação de uma rede abrangente de saúde pública
que busca harmonizar e integrar os serviços do Ministério da Saúde Pública
(MSP) com os do Instituto Equatoriano de Estabilidade Social (IESS) e os
conservatórios de estabilidade social da polícia e das forças armadas, e a
incorporação e articulação de um sistema de atenção ao longo da vida.
Palavras-chave:
Políticas públicas; pobreza; politica social; pacto social; Estabilidade social.
Introducción
Ecuador y en toda
Latinoamérica y el Caribe. La zona muestra procesos de movilidad social
ascendente bastante relevantes, que se relacionan tanto con niveles de
incremento económico sostenido como con cambios en los patrones de repartición
primaria y de redistribución. Además, se ha logrado más grande ingreso a
enseñanza, trabajo merecedor, servicios básicos y de salud. “Entre los
componentes que se presentan como determinantes para el logro de la movilidad
social ascendente se hallan la escolaridad (en la situación de la generación de
ingresos) y la cobertura de servicios de agua y alcantarillado (en la situación
de la satisfacción de necesidades básicas).
Además, se observa que la
medida del hogar condiciona una más grande posibilidad de caer en pobreza por
ingresos, lo cual da cuenta de la necesidad de incrementar y mejorar la
cobertura de la custodia social y los servicios de cuidado, en especial hacia
chicos, chicas, jóvenes y adultos mayores” (SENPLADES, 2013a, pág. 114). A
pesar de dichos adelantos, en la zona y el territorio todavía persisten retos
referentes a la profundización de los esfuerzos para la reducción y
erradicación de la pobreza y la diferencia.
Uno de los mecanismos más
efectivos implementados en esta dirección es la obra e utilización de sistemas
inclusivos de custodia social, definidos como: “un grupo de políticas y programas
gubernamentales y privados con los que las comunidades otorgan respuestas a
distintas contingencias con el fin de indemnizar la ausencia o reducción
importante de ingresos provenientes del trabajo, brindar ayuda a las familias
con hijos y dar atención médica y casa a la población” (Naciones Unidas, 2000,
citado por Cecchini y Martínez, 2011, pág. 19). Esta visión fue enriquecida por
medio de la integración del enfoque de derechos, con lo que es vista como
“garantía ciudadana”, que se concreta por medio de arreglos institucionales
diferentes en los cuales se combinan artefactos de tipo contributivo y no
contributivo (Cecchini y Martínez, 2011).
La vivencia de varias
iniciativas en la zona evidencia que la carencia de convenios —sea por
confrontación de intereses o por tensiones entre el corto y el extenso plazo—
ha obstaculizado que la acción pública se proyecte de manera coherente y con
recursos suficientes, por arriba de los horizontes e intereses inmediatos de
los actores políticos y de los ciclos político-electorales. Los convenios, las
negociaciones y las alianzas fijan rutas de política pública. Lo anterior
implica el encauzamiento de la tensión en medio de las lógicas de corto plazo
de los actores políticos y las políticas de Estado de extenso aliento que
necesitan continuidad en la era.
Desarrollo
La defensa social es un
criterio en evolución sobre el cual no hay una visión exclusiva. Por el
opuesto, esta se ha concebido a partir de diferentes marcos conceptuales y
desde diversas magnitudes analíticas y políticas. Este criterio ha transitado a
partir de las perspectivas iniciales de estabilidad social, de finales del
siglo XIX e principios del XX, en la que es entendida bajo un enfoque de ayuda
y caridad hasta los recientes enfoques de custodia social como garantía
ciudadana. En esta visión, el criterio es observado como un sistema incluido
que articula políticas de custodia social contributiva y no contributiva, en
medio de las que se integran las transferencias y prestaciones que son parte de
la custodia social no contributiva, la estabilidad social, los servicios de
salud, las políticas de ingreso a la casa y los sistemas de cuidado a lo largo del
periodo de vida.
En 2006 la defensa social
toma un papel fundamental en la agenda de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe; dicho año se publica La custodia social de cara al futuro:
ingreso, financiamiento y solidaridad (CEPAL, 2006), donde se exhorta a los
Estados del territorio a llevar a cabo con la custodia de los derechos sociales
y a tomar medidas específicas de políticas de custodia social (Cecchini y
Martínez, 2011).
Adicionalmente, dichos
mismos autores plantean cuatro enfoques de defensa social que han surgido
históricamente:
- Una custodia social
basada exclusivamente en el mercado gremial formal, aludiendo a los
sistemas clásicos de estabilidad social.
- La custodia social
ante situaciones de emergencia, que responden a los programas de ajuste
estructural como tácticas para minimizar los impactos sobre los más pobres
tras la crisis de la deuda.
- Programas de defensa
como ayuda bastante parecidos al anterior empero combinando “las políticas
de mitigación y superación de los peligros con las de prevención y la
acumulación de capital humano” (Cecchini y Martínez, 2011, pág. 22).
- La defensa social
como garantía de derecho y sustentado en los pactos.
El primer enfoque de la
custodia basada en el trabajo formal se caracteriza por los sistemas de
estabilidad social, a la cual solo entran los trabajadores del mercado gremial
formal, dejando fuera a diversos equipos como sectores no asalariados o
informales. Dada la composición del mercado gremial que ha caracterizado a la
zona, este caso excluye a una significativa cantidad de personas.
El segundo enfoque de
custodia ante situaciones de emergencia nace a lo extenso de la crisis de los
años 1980 caracterizada por: “la volatilidad de los costos, la precariedad de
los empleos y las varias limitaciones para entrar a mecanismos públicos y
privados de aseguramiento que están afectando de forma más profunda a los que
tienen poco dinero y vulnerables” (Cecchini y Martínez, 2011, pág. 40).
En aquel entorno nace el
planteamiento de las redes de defensa social en tanto grupo de programas
orientados a minimizar o “aliviar” la pobreza, entre los que se integran los
programas de transferencias monetarias o de especies (tanto condicionados como
no), subsidios para la ingesta de alimentos y electricidad, empleos de
emergencia y otros. Estas redes “se enmarcan en un sistema de confort residual,
donde la participación del Estado se orienta básicamente a individuos en
situación de pobreza extrema, intentando encontrar asegurar para ellos una
entrada primordial a bienes y servicios que permitan cubrir los requerimientos
mínimos para su sobrevivencia; las redes de defensa social son vistas, por los
gestores de estas políticas, tanto como un “piso” como un “trampolín”, el cual
al recobrar o evadir la pérdida de capital humano se constituye en un mecanismo
para salir del caso de pobreza” (Carranza, 2010, pág. 51).
El tercer enfoque de la
defensa como ayuda e ingreso a la promoción busca tener impactos a largo plazo,
por el momento no exclusivamente con medidas que respondan a la emergencia del
instante. En esta visión, la pobreza se estima un problema dinámico que necesitará
de intervenciones más complicadas, por lo cual se retoman varias políticas como
son la regulación de los mercados laborales, las transferencias no
contributivas a adultos más grandes que no cuentan con una estabilidad social y
el incremento de las ventajas de aseguramiento contra el desempleo de manera
focalizada (Cecchini y Martínez, 2011).
Al final, el cuarto
enfoque de la defensa como garantía ciudadana busca impulsar una perspectiva
integral de la defensa social que tiene como fin garantizar niveles mínimos de
defensa social bajo los inicios de integralidad e inclusividad. Este enfoque
busca esquemas de custodia social construidos con base a la idea de derechos
económicos, sociales y culturales con un objetivo de universalización-sin dejar
a un lado los programas de focalización que permiten minimizar las brechas de
diferencia y optimizar los recursos –, además de tener en cuenta unos mínimos
sociales como estándares de ingreso y calidad. Este enfoque contempla la
defensa social contributiva (seguridad social) y la no contributiva (asistencia
social) (Cecchini y Martínez, 2011).
Situación del Ecuador
En la situación de
Ecuador, tenemos la posibilidad de revisar que justo previamente del inicio de
la enfermedad pandémica ya se arrastraba una crisis económica que produjo un
crecimiento económico en 2019 de 0,1 % y en 2020, junto con la crisis por el
coronavirus, un incremento de -8,9% (Banco Central, 2020).
Para examinar el caso a
la que ha llegado Ecuador en 2021, vamos a analizar el mercado gremial, la
dolarización, la política fiscal y el sistema financiero. En el mercado gremial
ecuatoriano el problema primordial es la baja productividad. Un estudio del
desempleo en Ecuador apenas sirve de ayuda para entender las complejidades del
mercado gremial, debido a que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo,
Desempleo y Subempleo (Enemdu, 2020), la tasa de desempleo anterior a la
enfermedad pandémica oscilaba entre un 4-5 %, en tanto que actualmente se
localiza en un 6,8 %, niveles mejores a Estados Unidos (3,86 %), Alemania (3,03
%) o China (4,37 %) en 2020, lejos de Colombia con un 9,7 % o España con un 13
% (Banco Mundial, s.f.)
El verdadero problema del
trabajo en Ecuador es el trabajo adecuado y pleno, o sea, los individuos “que
perciben al menos un sueldo vital ($400/mes) y labora por lo menos 40h/semana o
bien siente por lo menos el sueldo insustituible y trabajando menos de
40h/semana no quiere laborar más tiempo” (INEC, 2020). La tasa de trabajo
conveniente histórica de Ecuador oscila en torno al 37-39 % (en septiembre de
2020 perteneció a un 32 %), lo cual supone que cerca del 60-70 % poblacional
con trabajo no alcanza los requisitos mínimos de sueldo y horas, refugiándose
en empleos no adecuados. Esta economía informal o de permanencia es síntoma de
ciertos inconvenientes particulares de varios países de América latina: 1) la
baja institucionalidad gremial y 2) bajos niveles de productividad gremial.
La baja institucionalidad
gremial se refiere a la ausencia de compromiso social de los habitantes con el
colectivo de los trabajadores, que, a veces, permiten situaciones que vulneran
sus propios derechos ubicados en el campo legal (sindicales, seguros,
afiliación, salud, horarios…), quizá por la carencia de percepción de beneficio
que dichos les representan. A esto último se suma la carencia de atención de
las instituciones a estas vulnerabilidades y la carencia de poder negociador
ante los empleadores que se combina con el miedo al desempleo.
Por otro lado, los bajos
niveles de productividad gremial producen que el costo añadido por los
trabajadores ecuatorianos sea inferior al de otros trabajadores del territorio.
Según el Banco Mundial (s.f.), el Producto Interno Bruto per cápita en PPA a
costos mundiales constantes (2019) es de 11 375,3 dólares en Ecuador ante los
12 847,9 dólares peruanos o 14 722 dólares de Colombia. A este caso estructural
debe sumarse la crisis por el coronavirus que, si bien no se dispone de todos
los datos, empeora el caso en términos drásticos.
Políticas públicas
El cambio de la
composición económica de Ecuador debería ser prioridad en el próximo Régimen
para solucionar en buena medida varios de los inconvenientes señalados con
anterioridad, viendo en la crisis del coronavirus el escenario para rehacer una
economía mejor organizada. Para conseguir esta meta, tienen la posibilidad de
plantearse fines concretos, ya que el Régimen finalmente no puede hacer esa
industrialización, en sentido riguroso, sin embargo, sí crear el escenario
correcto para que germine en el tejido beneficioso.
Incentivos a la
integración vertical
Siguiendo con Porter (1987),
un plan a medio y extenso plazo de la organización es crecer en volumen, para
lo que una estrategia simple es integrar a la actividad provechosa otros
procesos. Es decir, más que nada primordial en la situación de Ecuador, cuyas
exportaciones son frente a todo fruto del sector primario sin procesar (flores,
banano, cacao, café y, por supuesto, petróleo crudo).
Para eso, se sigue a las
organizaciones ecuatorianas con asesoría pública y capacitaciones (que tienen
la posibilidad de realizar los gobiernos autónomos descentralizados a instancia
y coordinación del Régimen Central).
• Se permite la
tecnología que podría ser administrada en forma de cooperativas.
Esta tecnología para
lograr amortizarse requiere por lo regular de ciertos niveles mínimos de
producción bastante altos en lo personal, empero que en sociedades sí se alcanza
aquel mínimo. Esta tecnología puede ser comprada por el Régimen y financiada a
la sociedad a extenso plazo, a un interés simbólico del 1-2 %.
Financiamiento a tasas de
interés menores a la rentabilidad de la microempresa (3-5 %)
No es posible a medio
plazo para una organización, que tiene utilidades inferiores al 10-15 %,
costear intereses por costo de 20-25 %, menos en la coyuntura de enfermedad
pandémica. Ciertos territorios disponen de institutos de crédito oficial,
instituciones públicas cuya productividad es cero, ya que su tarea es inyectar
liquidez en sectores vulnerables y promover el surgimiento de emprendimiento. Además,
se puede conseguir la finalidad de reducir las tasas de interés incrementando
la oferta del sector financiero atrayendo a bancos mundiales con un marco regulatorio
estable y en condiciones económicas atractivas en estándares de todo el mundo.
Favorecimiento de la
exportación a las microempresas (sobre todo sector primario)
Por medio de centros
públicos de evaluación de la calidad, junto a una compañía pública que actúe
como intermediaria entre micro y empresas pequeñas y mercados de todo el mundo,
entregando a los vendedores el pago justo de consenso con los costos de todo el
mundo, tomando en cuenta costes de transporte, aranceles, etcétera.
Impulso de sector de alta
tecnología y transición ecológica
A través de un marco
fiscal preferente, exenciones a determinadas actividades económicas
sustentables y de alta tecnología por una época que posibilite la germinación
de los sectores y la generación de dichos puestos de trabajo.
Incremento de fuentes de
energía limpia (hidroeléctricas, solar, eólica) que permitan a Ecuador
transformarse en el primer país de América latina en ser 100 % ecológico
energéticamente, mejorando la salud de los ecuatorianos y reduciendo el gasto
público, posibilitando la exportación de petróleo e incrementando la acceso de
divisas que fortalezcan la dolarización, a la par que la sobreproducción de
energía la vuelve más barata y optimización la competitividad empresarial por
el decrecimiento de costes operacionales.
Simplificación de los
trámites burocráticos necesarios para el emprendimiento, rendición de facturas,
trámites laborales
Esto se puede conseguir
con la instrumentalización de todos los trámites por medio de un solo servicio
y que dicha organización realice la diversificación de trámites entre cada una
de las instituciones públicas. Es fundamental que los empresarios logren
laborar de tal forma que el área pública sea un colaborador eficiente y
sencillo.
Establecimiento de un
marco legal estable y atractivo
Esta idea atraería a
gigantes organizaciones mundiales, especialmente de sectores tecnológicos, que
logren implantar en Ecuador sus centros de producción, que con la ventaja que
implica el esquema de dolarización, lo que reduce el peligro cambiario significativamente
y la consiguiente posible pérdida de costo de las inversiones de las empresas
por devaluación.
La perspectiva basada en
el término de dinero exógeno es parcial, debido a que no estima que en estas
dos décadas de vigencia de dolarización los flujos externos han registrado
montos negativos, no obstante, la liquidez total (M2) de la economía interna en
manos de las organizaciones y de los domicilios está en torno al 60 % del PIB
de Ecuador. Este caso se explica en lo conceptual desde el punto de vista de
dinero endógeno, en que el dinero, entendido en un sentido macroeconómico como
todos los activos financieros que disponen las firmas y las familias para
demandar bienes y servicios, además es consecuencia de la actividad económica
generada en el territorio a partir de lo interno, mediante los procesos, por un
lado, de demanda agregada-producción y, por otro, ahorro-inversión, en la que
participan todos los actores de la economía, Régimen General, sistema
financiero, Banco Central, organizaciones y hogares.
Política pública para la
generación de empleo
- La legislación
debería asegurar la contratación de los trabajadores por las cuarenta
horas semanales y un sueldo digno.
- El Estado debería
eludir el sobre trabajo en la zona público, que provoca que los escasos
recursos se despilfarren.
- La tercerización de
trabajo puede ser positivo si las normas de contratación son claras, para
un trabajo de tipo estacional.
- Las políticas
públicas tienen que producir las condiciones correctas para que los
adolescentes se inserten en el mercado gremial.
- Evitar la jubilación
anticipada.
- Eliminar el trabajo
infantil y facilitar la entrada a la enseñanza básica.
- Integración de las
damas en la vida social, económica y política del territorio.
- En el área agrícola
la política debería propiciar la conformación de cooperativas rurales y
otras empresas colectivas.
- El Estado debería
dotar de capacitación, formación y productividad a los individuos que
estén en la economía sumergida.
- Atención a los
individuos que se hallan con discapacidad temporal o persistente y
defender al maduro más grande.
Resultados
A lo largo de 2020, la
gravedad de los efectos de la crisis sanitaria se observó reflejada en el
profundo deterioro del mercado gremial, en especial al acentuar la precariedad
y la informalidad del trabajo, así como al acrecentar las brechas de género que
ya existían. Esto ha redundado en una agudización tanto de la pobreza y la
diferencia como de ciertos inconvenientes de salud, como el antojo y la
desnutrición crónica infantil. La enfermedad pandémica ha cancelado en poco
menos de un año una década de progresos en el campo social.
El territorio entró en
una totalmente nueva etapa con la votación del mandatario Guillermo Lasso, que
asumió el poder el 24 de mayo de 2021. El nuevo Régimen tendrá que afrontar en
los siguientes meses los desafíos de reactivar la economía y encaminarla hacia
una vereda de aumento sostenido a lo largo de una intensa crisis sanitaria,
económica y social y en un ámbito de reducido espacio de gobernabilidad.
Para el año en curso, se
espera una lenta recuperación de la economía ecuatoriana, que dependerá del alcance
de las políticas implementadas por las autoridades para excitar la demanda
interna, contestar a las exigencias sociales, propiciar la reactivación del
tejido beneficioso, en especial de las pequeñas y medianas organizaciones
(pymes), para la generación de trabajo de calidad, y revertir la caída de las
ganancias de los domicilios. En este escenario, la CEPAL (CEPAL) prevé que el
Producto Interno Bruto del Ecuador crecerá un 3% en 2021, empero esta previsión
está supeditada, en última instancia, a la función de superar la crisis
sanitaria con urgencia, en un entorno mundial de enorme incertidumbre.
Figura 1
Evolución nominal de líneas de pobreza y pobreza extrema
Fuente: Encuesta
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)
Desde diciembre de 2007,
la pobreza por ingresos se recibe actualizando la línea oficial de pobreza por
consumo por medio del Índice de Costos al Consumidor (IPC). Para tal impacto,
esos individuos cuyo ingreso total per cápita, respecto a su hogar, sea
inferior a la línea de pobreza son ubicados pobres por ingresos. Al final, se
calcula la cantidad de pobres frente al total poblacional. Igual método se hace
para el cálculo de la pobreza extrema por ingresos. En junio de 2021 la línea
de pobreza se localiza en US$ 84,71 mensuales per cápita, mientras tanto que la
línea de pobreza extrema en US$ 47,74 mensuales per cápita.
Figura 2
Evolución nominal de líneas de pobreza y pobreza extrema
Fuente: Estadísticas
Sociodemográficas y Sociales- INEC
Desde mediados de 2021,
el nuevo gobierno ha tratado de hacer los cambios que el país necesita para
retomar una senda de crecimiento y prosperidad compartida. Luego de vacunar a
más del 85 por ciento de la población y retomar el camino para salir de la
recesión, el desafío es conseguir el apoyo de la población y de los actores
políticos para que, en conjunto, se superen las secuelas inmediatas de la
crisis y se sienten las bases para una recuperación inclusiva y sostenible.
Figura 3
Evolución nominal de líneas de pobreza y pobreza extrema
Fuente:
Estadísticas Sociodemográficas y Sociales- INEC
El plan de gobierno busca
crear oportunidades para los ecuatorianos, focalizando las acciones en cinco
ejes: económico, social, seguridad integral, transición ecológica, e
institucional. En lo económico el plan busca mejorar las oportunidades de
empleo y las condiciones laborales estableciendo un marco más adecuado para la inversión
y la productividad, mientras se continúa mejorando la sostenibilidad y la
transparencia de las finanzas públicas. Esto, sin dejar de lado la necesidad
de abordar un amplio espectro de temas que afectan a los ecuatorianos como el
mejoramiento en el acceso y calidad de la salud y la educación; la lucha contra
la desnutrición infantil, el incremento de la seguridad ciudadana y el
fortalecimiento del sistema de justicia. Por otro lado, se plantea iniciar una
transición ecológica de la mano de un mejor manejo de los recursos naturales,
la aplicación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y
promover la gestión integral de los recursos hídricos.
Figura 4
Evolución nominal de líneas de pobreza y pobreza extrema
Fuente:
Estadísticas Sociodemográficas y Sociales- INEC
A pesar de la reciente
recuperación de la economía, Ecuador aún requiere impulsar un crecimiento
inclusivo que se pueda sostener en el mediano y largo plazo. Esto se podría
lograr mediante una mejora sistemática del ambiente de inversiones que permita
retomar una senda de crecimiento menos dependiente del petróleo que, en el
mediano plazo, podría verse desplazado por energías renovables.
En este sentido es
fundamental adoptar medidas para impulsar la inversión privada, atraer
inversiones extranjeras a nuevos sectores, y permitir que los factores
productivos, principalmente el trabajo, tenga la flexibilidad para fluir a los
sectores emergentes de mayor productividad.
Conclusiones
- A pesar de haber
hecho un esfuerzo sostenido por balancear su economía, Ecuador aún
necesita el reequilibrio de sus finanzas públicas para evitar un aumento
insostenible de la deuda a tiempo que consolida la confianza en la
estabilidad macroeconómica y la dolarización. En el mismo sentido, la
disciplina fiscal será crítica para evitar una nueva expansión procíclica
del gasto que retrase el mejoramiento en la eficiencia del gasto público, perpetúe
los desequilibrios macroeconómicos, e impida la formación de
amortiguadores fiscales.
- La emergencia
sanitaria causada por la COVID-19 generó una profunda recesión que provocó
un repunte de la pobreza. Esta crisis amplificó los desequilibrios
macroeconómicos que el país estaba intentando subsanar desde el fin del
boom de los precios del petróleo. Además, la crisis puso en evidencia
algunas debilidades estructurales como la carencia de amortiguadores
macroeconómicos, la elevada informalidad, un sistema de salud poco
preparado y las grandes brechas en el acceso a servicios públicos.
- Ecuador además
necesita mejorar la eficiencia de sus políticas públicas para defender a
la población menos favorecida y brindarles ingreso a más grandes
oportunidades. En este sentido, es crítico encarar retos de extensa data y
agravados por la crisis sanitaria como los elevados índices de
desnutrición infantil, impulsar una más grande calidad de los servicios
públicos, mejorar la eficiencia y progresividad del gasto en salud,
enseñanza y custodia social y cerrar las brechas que están afectando a la
población rural.
- Es importante que la
toma de elecciones se fundamente en prueba, y mejorar la administración de
los recursos públicos y la coordinación entre los diferentes niveles de régimen
y sectores.
Al ser altamente
vulnerable a los efectos del cambio climático, Ecuador necesita tomar medidas
para mitigar los efectos de este desafío global y, con la ayuda del sector
privado, desacoplar el crecimiento de la economía de la emisión de gases de
efecto invernadero.
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