Resumen

El objetivo de este estudio fue analizar la administración de justicia en formato digital en tiempos de pandemia. Esta investigación documental se apoyó en un arqueo bibliográfico sobre la base de un análisis interpretativo. Se concluye que: Es imperativo y necesario profundizar una transformación digital del sistema de administración de justicia, orientada a mejorar el acceso a la justicia de todas las personas y, de conformidad con lo establecido en la Constitución de cada nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En todo caso, también se trata de adaptar el proceso vigente de administración de justicia a las exigencias de la sociedad de siglo XXI, a través de la utilización de las nuevas tecnologías y, de cara al futuro postpandemia, estar preparado para lo que se ha dado a denominar la nueva “normalidad”.

Palabras clave: Digitalización; Justicia; ciudadanos; acceso; pandemia.

Abstract

The objective of this study was to analyze the administration of justice in digital format in times of pandemic. This documentary research was supported by a bibliographic archiving based on an interpretive analysis. It is concluded that: It is imperative and necessary to deepen a digital transformation of the justice administration system, aimed at improving access to justice for all people and, in accordance with the provisions of the Constitution of each nation, of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR), the American Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. In any case, it is also about adapting the current process of administration of justice to the demands of 21st century society, through the use of new technologies and, facing the post-pandemic future, being prepared for what has happened. given to denominate the new “normality”.

Keywords: Digitization; Justice; citizens; access; pandemic.

Resumo

O objetivo deste estudo foi analisar a administração da justiça em formato digital em tempos de pandemia. Esta pesquisa documental foi apoiada por um arquivo bibliográfico baseado em uma análise interpretativa. Conclui-se que: É imperativo e necessário aprofundar uma transformação digital do sistema de administração da justiça, com o objetivo de melhorar o acesso à justiça para todas as pessoas e, de acordo com as disposições da Constituição de cada nação, da Corte Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH), a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Em todo caso, trata-se também de adequar o atual processo de administração da justiça às demandas da sociedade do século XXI, por meio do uso das novas tecnologias e, diante do futuro pós-pandêmico, preparar-se para o ocorrido. nova “normalidade”.

Palavras-chave: Digitalização; Justiça; cidadãos; acesso; pandemia.

Introducción

La administración de justicia es, una función pública derivada de la soberanía del Estado que requiere de la confluencia de muy diversos factores para que pueda ser ejercida, es un elemento de suma importancia, por ser su función esencial la de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y arbitrar los conflictos o controversias jurídicas que puedan surgir, tanto entre partes, como entre ellos y el Estado, en la consecución de la paz social y, se ejerce, en un estado de Derecho. Así, se entiende por administración o sistema de justicia, según, (Rico & Salas, 2015):

El conjunto de normas, instituciones y procesos, formales e informales, que se utilizan para resolver los conflictos individuales y sociales que surgen como consecuencia de la vida en colectividad, así como las personas que forman parte de dichas instituciones o participan en tales procesos.

Sobre esta base, se reconoce la importancia de la administración de justicia como una condición indispensable para crear el marco institucional para la aplicación del Derecho sobre una realidad ciudadana y, donde confluyen distintos elementos y organismos que emprenden diversas iniciativas tendientes a la consecución de la justicia.

Ahora bien, actualmente, se atraviesa un proceso sanitario por la pandemia COVID-19, cuya expansión ha ocasionado una suceso sanitario global, por los impresionantes niveles de transmisión, gravedad y, por su creciente potencial de causar estragos en la salud pública. Sus consecuencias no solo impactan el ámbito de salud , sino también el económico y social, que va acompañado con un aumento de la incertidumbre y provoca tensiones sobre las administraciones públicas en general y los sistemas de administración de justicia en particular.

La declaración de estados de excepción y la adopción de medidas de emergencia por toda América Latina y el Caribe, en respuesta a la pandemia de COVID-19, segùn (Alvarez, 2020).ha generado un gran impacto en la forma de operar del poder judicial, lo que a su vez afecta derechos fundamentales y el acceso a la justicia. En este contexto, las decisiones adoptadas por los gobiernos para enfrentar la grave amenaza que representa el brote de COVID-19, para la salud de la población, han impactado y suponen un desafío para el funcionamiento de los sistemas judiciales de las naciones y, a los Estados, como los órganos responsables por su operatividad, les corresponde generar mecanismos viables para que, en el marco de un escenario pandémico, dar cumplimiento, a la justicia, a fin de no socavar los derechos humanos y las libertades civiles de los ciudadanos.

En tal sentido, a decir de, (Islas & Díaz, 2016), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que es deber de los Estados proveer de recursos internos adecuados y eficaces a los ciudadanos en materia de justicia, lo cual constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

Este cuadro impone amoldar el proceso de administración de justicia a las circunstancias del presente y, con el apoyo de las nuevas tecnologías, es posible ofrecer a los ciudadanos garantías de buen funcionamiento y facilitar el acceso a la justicia. En tal sentido, el acceso a la justicia, es uno de los derechos de base más importantes porque garantiza la posibilidad de reclamo del cumplimiento del resto de los derechos humanos. (Garate, 2011). De manera similar, el derecho de acceso a la justicia es considerado como un principio básico del Estado de Derecho y, a la vez, un derecho humano esencial a todos los ámbitos jurisdiccionales, sean estos nacionales, supranacionales e internacionales. (Urosa & Simone, 2020). Por tanto, la posibilidad de acceso a la justicia, supone un sistema jurídico capaz de garantizar y asegurar los derechos, tanto individuales como sociales poniendo en marcha un proceso de ejecución de las normas jurídicas vigentes. (Garate, 2011).

Es así que, la pandemia de COVID-19 y el consecuente confinamiento han repercutido drásticamente en las actividades de uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo Estado de derecho: el acceso a la justicia, pues en palabras de, (Igreja, 2020), “en todos los países, los esfuerzos para frenar la propagación del COVID-19 han impactado masivamente el funcionamiento del sistema de justicia. La mayoría de los casos judiciales son, o serán, inevitablemente diferidos, si no paralizados.” Todo lo cual obliga ahora, tal como afirma, (Alvarez, 2020) a implementar mecanismos apropiados que permitan el acceso a una justicia eficaz en estos tiempo de crisis. En este sentido, los medios digitales, se presentan como una alternativa de solución que, sin perder de vista la calidad del resultado, pueden conducir a recuperar el funcionamiento y la accesibilidad a un proceso de administración de justicia eficaz.

Hechas las consideraciones anteriores, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la importancia de la administración de justicia en un formato digital en tiempos de pandemia como una forma de enfrentar los desafíos que, supone la crisis sanitaria producida por el nuevo coronavirus COVID-19.

Desarrollo

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce la posibilidad de que surjan situaciones extraordinarias,, tales como conflictos armados, desastres naturales y calamidades de salud pública, con frecuencia conducen a la adopción de medidas excepcionales y a la declaración de estados de excepción, en que los derechos individuales corren un mayor riesgo de ser vulnerados.; y que se requiera que los Estados impongan restricciones en el ejercicio de ciertos derechos. La pandemia de COVID-19, que supone una grave amenaza para la salud pública, es una de esas situaciones extraordinarias en que los estados pueden invocar facultades de emergencia y adoptar medidas especiales, incluida la reducción de varios servicios públicos tales como los servicios de justicia. Sin embargo, las medidas especiales deben cumplir con normas internacionales que reconozcan, por ejemplo, la función esencial de la judicatura en la prevención de abusos de poder y la salvaguarda de las garantías de juicios justos y de acceso a la justicia.

El brote de COVID-19 ha causado grandes trastornos en el funcionamiento de las sociedades de todo el mundo. Los gobiernos se han visto obligados adoptar medidas extraordinarias, tales como órdenes de confinamiento, la restricción de reuniones públicas y la interrupción de servicios públicos a fin de frenar la propagación del virus y proteger la salud pública. Los servicios judiciales son uno de los tantos servicios públicos que se han visto afectados por la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19. En toda América Latina y el Caribe, los tribunales se han visto obligados a interrumpir plazos procesales, suspender juicios y aplazar audiencias. Dichas medidas han repercutido en derechos tales como el derecho a un juicio en un plazo razonable y el acceso a la justicia de manera justa y eficaz, especialmente para las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Es sustancial reconocer claramente que la cuarentena inducida por el COVID-19, ha creado importantes repercusiones en las actividades judiciales, como consecuencia de esto, (Alvarez, 2020, pág. 12), señala que; los aspectos procedimentales afectados por la crisis han sido, básicamente, ocho: Actuaciones procesales; Declaración de ámbitos jurisdiccionales esenciales; Horarios de audiencias; Acceso de los ciudadanos; Determinación de recursos humanos mínimos; Aplicación de nuevas tecnologías para la celebración de audiencias; Medidas especiales contra la violencia doméstica y; Protocolos para trabajo con detenidos.

Relacionado con lo anterior, la onda expansiva que ha provocado en varias regiones del mundo las medidas para controlar y evitar la dispersión del COVID-19, que incluyen entre otras, tal como subraya, (Lovon, 2020), la declaratoria de estados de emergencia, establecimiento de medidas de aislamiento social o cuarentena, tienen una repercusión directa sobre el ejercicio de distintos derechos humanos. Sobre esta base, los órganos de los sistemas de protección de derechos humanos, deben abocarse a implementar todas las acciones, medidas y recomendaciones, además de precisar la obligatoriedad que conlleva el ejercicio del respetar los derechos humanos de toda la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

Frente a este panorama, el Centro de Justicia y Paz, (CEPAZ, 2020), ha destacado que el decreto de estado de alarma y su reglamentación no deroga de ningún modo la legislación ordinaria ni los derechos humanos del individuo, solo restringe determinados derechos y dicha restricción debe ser racional y proporcional al hecho. Asimismo, esta institución expresa que: la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos han coincidido en que hay derechos que no pueden ser suspendidos, como lo son el derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, entre otros. (CEPAZ, 2020).

Mientras resulta indiscutible que la pandemia ha originado muchos desafíos en la administración de justicia dentro de la región, también se ha abierto una nueva oportunidad para que se replantee y mejore el acceso a la justicia en su núcleo. Los tribunales de América Latina y el Caribe han aumentado el uso de la tecnología para seguir atendiendo al público durante la pandemia y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos asociados con las grandes concurrencias

A este propósito, para seguir garantizando el derecho de administración de la justicia de los ciudadanos, en un contexto de confinamiento, los diversos países del orbe a través de sus órganos rectores, han visto necesario migrar, de manera súbita y forzosa, a los medios digitales para la prestación de los servicios de justicia de forma remota o a distancia, como un mecanismo viable para que toda persona pueda presentar ante una autoridad sus demanda y exigir su solución, en el marco del goce de todos los derechos humanos de las personas. Bajo esta mirada, la (Carta de Derechos de la Unión Europea (UE), 2008), afirma que: “sin acceso a la justicia las personas no pueden ejercer sus derechos.” De este modo, los derechos humanos, representa las exigencias de todos los seres humanos. Ellos condicionan el ejercicio del poder a la realización de estándares materiales que afirmen el respeto por la dignidad humana (Garate, 2011).

Solo en un sistema con apoyos técnicos confiables es posible que, la Administración de Justicia, pueda recobrar un cierto grado de normalidad en la actividad judicial durante el estado de alarma que, por un lado, asegure los derechos vinculados al trabajo, del personal que labora en las instituciones judiciales para que continúen desempeñando sus labores, con un mínimo de riesgo de contagio y, en consonancia con las medidas de contención y protección establecidas por la pandemia y por otra, superar los obstáculos que impone el confinamiento y permitir el acceso a la justicia de todos los ciudadanos que así lo estime conveniente y, desde cualquier parte del territorio nacional, a través de recursos judiciales accesibles, efectivos, rápidos y no discriminatorios.

Si bien las medidas para mantener el distanciamiento social y mantener el óptimo funcionamiento la administración de justicia suelen ser necesarias para hacer frente a las emergencias de salud pública, las autoridades deben considerar sus implicaciones en la garantía a un juicio justo. Los derechos humanos deben orientar la respuesta que el sector justicia debe emitir ante las crisis y la adopción de medidas extraordinarias con las salvaguardias apropiadas.

Ante lo dilucidado, de acuerdo con el Informe del Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC, 2020), en la región de América Latina y el Caribe (ALC), el poder judicial recurrió a herramientas de justicia digital para garantizar que los tribunales siguieran funcionando durante la pandemia. Así mismo, alude el informe, elaborado por este organismo que en ALC: surgieron dos modelos de justicia digital, a saber:

1. En aquellos casos en que el poder judicial ya contaba con un modelo de justicia digital, éste se continuó empleando durante la pandemia o el uso del modelo existente se amplió.

2. Otros países introdujeron por primera vez las herramientas de justicia digital durante la pandemia

Siguiendo con (ILAC, 2020), países como Argentina, Chile, Brasil (en algunos estados) y México (en algunos estados) tuvieron su transición a la justicia digital hace años. Así, los sistemas electrónicos facilitaron la posibilidad para tramitar juicios en línea, incluida la presentación de demandas, notificaciones, firmas electrónicas, archivos electrónicos, etc. También, reseña el informe, disponían de algunos instrumentos de justicia digital antes de la pandemia, como equipo para audiencias virtuales, la posibilidad de presentar informes periciales a distancia en casos donde las personas no podían participar personalmente (por ejemplo, casos de personas que se encontraban en una cárcel remota, casos relacionados con menores, protección a víctimas, etc.) y notificaciones por correo electrónico. (ILAC, 2020).

Concretamente en Ecuador, al Estado le corresponde tomar en cuenta estas recomendaciones, para así, no desatender las obligaciones de derechos humanos que tiene consagrados en la Constitución, como eje central del Sistema de administración de justicia y que, a decir de, (Aguirre, 2012), este se legitima, finalmente, cuando jueces y juezas brindan una tutela efectiva y adecuada, que sea además accesible a todas las personas, art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador.

Enmarcado con lo anterior y tomando en consideración el escenario pandémico, en Ecuador, como sostiene, (Briones, 2020), se ha planteado una posible solución para poder reactivar la actividad judicial a través de la utilización de herramientas tecnológicas que busca garantizar el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, cumpliendo con el Art.75 de la Constitución de la República. Adicional a esto, también subraya (Briones, 2020) que:

La justicia digital tienen como misión fundamental garantizar el debido proceso consagrado en el Art. 76 de la Constitución y otros derechos conexos como el derecho a la acción, el ejercicio de la defensa y contradicción, la práctica y contradicción probatoria, el derecho a impugnar las decisiones judiciales, a la segunda instancia, etc.

En línea con todos estos planteamientos, resulta relevante el pronunciamiento de la Corte Constitucional, máximo organismo de administración de justicia en materia constitucional del Ecuador, con fecha 19 de marzo de 2020, quien procede a emitir el dictamen de constitucionalidad sobre el Decreto No. 1017, recalcando deberá precautelarse el uso de los medios tecnológicos para monitorear el cumplimiento de las restricciones de los derechos fundamentales para evitar sus abusos. (Páez, 2020).

En todo caso, aunque hay mucho camino por recorrer, es notable la disposición que están poniendo todas las partes, más allá de las dificultades del presente, para avanzar por medio de la tecnología y, teniendo en cuenta las garantías procesales, en la transformación digital de la justicia, la cual requiere de la participación de jueces, abogados, gremios, universidades y academias, de cara al futuro y tomando en consideración el entorno post-pandémico.

Conclusión

No cabe duda que la pandemia ha planteado desafíos al poder judicial en América Latina y el Caribe. Algunos problemas son nuevos, al igual que las consecuencias de las restricciones para evitar la propagación del virus, pero otras dificultades ya existían, y la pandemia las hizo más evidentes. La mayoría de los poderes judiciales de la región no estaban preparados para responder a una pandemia y la administración de justicia se vio afectada de inmediato.

Dado que la pandemia representa una crisis prolongada, los poderes judiciales han tenido la posibilidad de elaborar planes de respuesta conforme el tiempo y los desafíos hacen su necesidad más evidente. Aunque algunos poderes judiciales ya disponían de instrumentos de justicia digital, éstos no estaban pensados para responder a una crisis como la pandemia ni para ser utilizados para llevar a cabo la mayoría de los procedimientos judiciales y administrar los tribunales. La mayoría de los países abarcados en el informe se enfrentaban a un notable desafío: transferir el funcionamiento del poder judicial a un esquema de trabajo que aún no había sido probado y mucho menos evaluado con anterioridad. Para muchos tribunales de la región, la falta de recursos ha sido un obstáculo constante en la modernización del sistema de justicia que sólo se vio afectada por la pandemia que a su vez hizo que los recursos fueran más escasos.

Es imperativo y necesario profundizar una transformación digital del sistema de administración de justicia, orientada a mejorar el acceso a la justicia de todas las personas y, de conformidad con lo establecido en la Constitución de cada nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ente otros estamentos, mediante la utilización de las diferentes tecnológicas para reformular y mejorar el servicio que se presta en materia de administración de justicia al ciudadano que así lo requiere y en el marco de las obligaciones de derechos humanos.

Aunque se han dado pasos importantes en cuanto al uso de herramientas de justicia digital, tendientes a la modernización del sistema de Administración de Justicia, todavía hay varias cosas por ajustar, varios problemas y obstáculos que superar y, que representan un reto para la realización de los actos administrativos de la justicia mediante el uso de plataformas tecnológicas.

En todo caso, también se trata de adaptar el proceso vigente de administración de justicia a las exigencias de la sociedad de siglo XXI, a través de la utilización de las nuevas tecnologías y, de cara al futuro postpandemia, estar preparado para lo que se ha dado a denominar la nueva “normalidad”.

Referencias

1. Aguirre, V. (2012). La administración de justicia en Ecuador 2012. Justicia, pp. 11-25.

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3. Briones, D. (2020). Justicia Digital en Ecuador. DerechoEcuador.com.

4. Carta de Derechos de la Unión Europea (UE). (2008). El Acceso a la Justicia en Tiempos del COVID-19. Consejo de Europa/ Consejo Consultivo de Jueces Europeos.

5. CEPAZ. (2020). Los Derechos Humanos en Tiempos de Pandemia. https://cepaz.org/articulos/los-derechos-humanos-en-tiempos-de-pandemia/.

6. Garate, R. (2011). Derecho y la Administración de Justicia. Revista Derecho y Ciencias Sociales. Nº5. ISBN: 978-950-863-162-6, pp.98-113.

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10. Islas, A., & Díaz, A. (2016). El derecho al acceso a la justicia en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos: construcción doctrinal y jurisprudencial. Prospectiva Jurídica, México, UAEM, año 7, número 14. ISSN 2007-8137, pp. 47-60.

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