Resumen
El contrato
especial emergente se encuentra tipificado en el Art. 19 de la Ley Orgánica de
Apoyo Humanitario, modalidad contractual que fue incorporada al ordenamiento
jurídico con el objeto de confrontar la crisis sanitaria causada por el COVID
19. Esta investigación no experimental tiene por objeto demostrar que este tipo
de contrato vulnera el principio de progresividad y no regresividad de los
derechos de la clase trabajadora, para ello se realizó análisis jurídico,
doctrinario y jurisprudencial, haciendo mayor énfasis en los artículos 11
numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 19 de la Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario, con de este trabajo investigativo se demostró la
necesidad de que esta nueva modalidad contractual que se encuentra vigente
desde el 22 de junio del 2020, debe ser declarada “inconstitucional”, por
carecer de preceptos constitucionales, habiendo arrebatado injustificadamente
los derechos adquiridos de los trabajadores.
Palabras
clave: Derecho al trabajo; conflicto laboral; derecho a la
justicia, imperio de la ley; vulneración de derechos; derecho internacional;
contrato especial emergente; principio de progresividad y no regresividad.
Abstract
The
special emerging contract is typified in Article 19 of the Organic Law of
Humanitarian Support, a contractual modality that was incorporated into the
legal system in order to confront the health crisis caused by COVID 19, this
non-experimental research aims to demonstrate that this type of contract
violates the principle of progressivity and non-regressivity of the rights of
the working class, for this a legal, doctrinal and jurisprudential analysis
will be made, with greater emphasis on articles 11 numeral 8 of the
Constitution of the Republic of Ecuador and Art. 19 of the Organic Law of
Humanitarian Support, the purpose of this investigative work is to demonstrate
the need for this new contractual modality that has been in force since June
22, 2020, must be declared "unconstitutional", as it lacks of
constitutional precepts, having unjustifiably snatched the acquired rights of
the workers.
Keywords:
Right to work; labor conflict; right to justice; rule of law; violation of rights;
international law; emergent special contract; principle of progressivity and
non-regressivity.
Resumo
O contrato
especial emergente é tipificado no artigo 19 da Lei Orgânica de Apoio
Humanitário, modalidade contratual que foi incorporada ao ordenamento jurídico
para fazer frente à crise sanitária provocada pelo COVID 19. Esta pesquisa não
experimental visa demonstrar que esta modalidade do contrato viola o princípio
da progressividade e não regressividade dos direitos da classe trabalhadora,
para isso foi realizada uma análise jurídica, doutrinária e jurisprudencial,
com maior ênfase nos artigos 11, número 8 da Constituição da República do
Equador e no artigo 19 da Lei Orgânica de Apoio Humanitário, com este trabalho
investigativo, demonstrou-se a necessidade de que esta nova modalidade
contratual que está em vigor desde 22 de junho de 2020, seja declarada “inconstitucional”,
por carecer de preceitos constitucionais, tendo retirados injustificadamente os
direitos adquiridos dos trabalhadores.
Palavras-chave:
Direito ao trabalho; Problema de trabalho; direito à justiça, estado de
direito; violação de direitos; direito internacional; contrato especial
emergente; princípio da progressividade e não regressividade.
Introducción
La presente investigación se refiere al tema de la vulneración al
principio de progresividad y no regresividad producto de la vigencia del
contrato especial emergente. El principio de progresividad y no regresividad es
una estructura elemental para la existencia de los derechos, se trata de una
garantía que obliga a los Estados a utilizar todos los recursos necesarios para
garantizar el goce efectivo de los derechos, tales como recursos económicos,
sociales, culturales, y educativitos.
El contrato especial emergente fue incorporado por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, aprobada por
la Asamblea Nacional el 19 de junio del 2020, nueva modalidad contractual que refiere
a un contrato a plazo fijo, que fue eliminado en el año 2015.
La característica de esta nueva modalidad contractual, hace
referencia a un contrato individual de trabajo, donde se ven afectados los
derechos laborales reconocidos por la Constitución del Ecuador tales como la
irrenunciabilidad al trabajo y la estabilidad laboral, produciéndose regresión
de derechos, viéndose claramente vulnerados el principio de progresividad y no
regresividad.
Para analizar la problemática de esta investigación, es importante
mencionar las causas, siendo una de ellas la crisis económica de la cual fue víctima
el país debido a la pandemia causada por el COVID-19, razón por la cual para
poder sostener la situación económica la Asamblea nacional aprobó la Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario, incorporado en el artículo 19 el contrato
especial emergente, un contrato que causo retroceso de derechos de los
trabajadores.
Esta investigación se realizó con la finalidad de conocer por qué
la aplicación del contrato especial emergente tipificado en el artículo 19 de
la Ley Orgánica de Apoyo Humanitaria, vulnera el principio de progresividad y
no regresividad garantizada en la Constitución de la República del Ecuador, esto
permitió identificar que la aplicación del mencionado contrato afecto la
estabilidad laboral de la clase trabajadora.
El interés a nivel académico por el cual se realizó esta
investigación fue identificar los efectos
jurídicos del contrato especial emergente por la aplicación de la Ley Orgánica
de Apoyo Humanitario.
En el ámbito profesional, el interés de realizar esta investigación fue conocer
el contexto jurídico que tuvo la Asamblea para incorporar en la Ley Orgánica de
Apoyo Humanitario la incorporación del contrato especial emergente.
El tipo de investigación que se utilizó en este trabajo fue la investigación
de tipo cualitativa, con enfoque metodológico descriptivo. El objetivo de esta investigación fue analizar el principio de
progresividad respecto del Artículo 11, numeral 8 de la Constitución de la
República del Ecuador, en relación al Artículo 19 de la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario.
Esté trabajo investigativo será distribuido de la siguiente manera: Primero,
se tratará sobre el principio de progresividad y no regresividad, para lo cual se
procederá a definirlo desde el punto de vista doctrinario y legal, posterior a
breves rasgos mediante una investigación doctrinaria se hará constar el origen
y la evolución del mencionado principio, finalmente se identificará en que
ordenamiento jurídico del país y que tratados internacionales regulan o
defienden el principio en mención.
Luego se hará mención sobre
el contrato especial emergente de trabajo, a través de una investigación
jurídica, doctrinaria y jurisprudencial se dará a conocer sus definiciones, características,
origen, evolución, regulación e importancia del contrato especial emergente
aplicado en la Ley de Apoyo Humanitario.
Posterior, se procederá a realizar una investigación doctrinaria y legal, referente a la
violación al principio de progresividad y no regresividad en el contrato
especial emergente, con la finalidad de identificar los efectos jurídicos de
esta nueva modalidad contractual que se encuentra vigente desde el 22 de junio
del 2020,
Finalmente, el trabajo culminará con una conclusión, se hará constar las
correspondientes fuentes bibliográficas.
Principio de progresividad y no regresividad
El principio de progresividad se constituye en un mecanismo de
protección eficaz que sirve para prevenir el bloqueo innecesario de los
derechos o procesos que causen retroceso en la creación de nuevas normas
jurídicas. Al respecto existen varios autores que lo definen, así tenemos: “el
principio de progresividad es un principio interpretativo que establece que los
derechos no pueden disminuir, por lo cual, al sólo poder aumentar, progresan
gradualmente” (Mancilla Castro, 2015, pág. 83)
Según Mancilla Castro se trata de un principio de carácter
hermenéutico, es decir, que los derechos que ya estén reconocidos con
anterioridad a una nueva norma jurídica, no pueden ser disminuidos sino por el contrario,
esta debe ser progresiva en forma paulatina.
En ese mismo sentido, se puede señalar que: “la progresividad de
los derechos humanos establece la obligación del Estado de procurar todos los
medios posibles para su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición
de cualquier retroceso o involución en esta tarea.” (Castañeda
Hernandez, 2011, pág. 114),
Es decir, los derechos están en constante evolución, y por tal
motivo no se debe crear leyes que causen retroceso o menoscaben los mismos, ya
que el Estado es el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de
las personas. De las definiciones citadas se desprende que el principio de
progresividad y no regresividad plantea una base para la existencia y
permanencia de los derechos. Neira González al respecto indica:
(…) no se puede depurar o eliminar normas que beneficien a su Estado,
más bien tienen que mantenerlas para que de esa manera los derechos adquiridos
no se afecten de manera regresiva y acoger políticas de bajo costo que de una u
otra manera mantengan el beneficio de los mimos aplicando el principio de
razonabilidad y no el de regresividad. (Neira González, 2021)
Por lo tanto, no puede existir ninguna disposición que suprima
derechos adquiridos o reconocidos, en el momento que suceda esta situación se
convertiría en una medida regresiva; es decir, se estaría vulnerando el
principio de progresividad y no regresividad.
De todo lo anotado se desprende, que este se constituye en un
principio de autopreservación (defensa), cuya finalidad es evitar que los
derechos de las personas que se encuentren garantizados no sean disminuidos ni
eliminados a consecuencia de la creación de nuevas leyes. Es decir, los
derechos de las personas deben ser siempre progresivos, estando siempre en
constante evolución, con el objeto de alcanzar mejores condiciones para
proteger derechos adquiridos.
Origen y evolución del principio de progresividad y no
regresividad
Este principio surgió en virtud de las múltiples violaciones de
derechos, razón por la cual varios instrumentos internacionales crearon
disposiciones que obligan hasta la actualidad a los Estados parte a crear
normas progresivas a favor de los derechos que estén reconocidos, con la
finalidad que las legislaciones de cada país, garanticen el goce efectivo de
los derechos. Esto dio lugar a que se vuelva una obligación para cada Estado
crear normas jurídicas para protegen los derechos. (Neira
González, 2021, pág. 16.17)
Así, en la etapa contemporánea (1949) surge la Constitución de la
República Federal de Alemania, conocida como la Ley Fundamental de Bonn, norma
que estableció límites a toda norma como fin de afectar los derechos de las
personas. De igual forma, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de
Virginia, estableció la prohibición de regresividad, donde además se mencionó que
sin el consentimiento del pueblo no se puede suspender la vigencia ni la
ejecución de las leyes, cuya finalidad fue proteger los derechos del pueblo. (Neira González, 2021)
En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas en París,
proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento que hace
referencia al principio de no regresividad en el artículo 30, norma que prohíbe
realizar actos que provoquen la suspensión de cualquier de los derechos y
libertades proclamados en tal Declaración. (General, Declaración Universal de
Derechos Humanos, 1948)
En 1966 surgió el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, este instrumento obligó a que los Estados partes
utilicen todos los recursos necesarios que cuente el país para crear normas de
carácter progresivo. Además, en este pacto se estableció el principio de no
regresividad, norma que refería a la prohibición de crear normas que causen
retrocesos en los derechos de libertad reconocidos. (Neira González, 2021)
A partir de éstos tratados internacionales, los Estados parte como
es el caso de nuestro país, han ido incorporando el principio de progresividad
y no regresividad en los ordenamientos jurídicos, así en octubre del año 2008,
con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se determinó en el artículo
11 numeral 8, el principio de progresividad y no regresividad, el mismo que fue
considerado como un refuerzo para que los derechos de los ciudadanos no se
debiliten ni mucho menos causen anulación, disminución o eliminación de derechos
que ya hayan sido reconocidos con anterioridad a consecuencia de la creación de
nuevas leyes.
Regulación en Ecuador del principio de progresividad y no
regresividad
El principio de progresividad y no regresividad se encuentra reconocido
en el artículo 11 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador que
señala:
El contenido de los derechos
se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia
y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias
para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier
acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule
injustificadamente el ejercicio de los derechos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
Esta disposición constitucional impide al sistema jurídico que se
restrinjan, supriman o anulen derechos, ya que los mismos siempre deben estar
encaminados al desarrollo progresivo y no regresivo, tachando de
inconstitucional toda acción u omisión que produzca regresión injustificada de
los derechos adquiridos con anterioridad.
Esta disposición, concuerda con lo determinado por el Art. 423
núm. 3 Ibídem, se debe fortalecer la armonización de las legislaciones
nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio,
fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de
acuerdo con los principios de progresividad y de no regresividad,
constituyéndose en un candado constitucional para proteger las normas jurídicas
y evitar que se produzca la regresividad de los derechos.
Como norma regulatoria secundaria es importante en el análisis de
este tema hacer mención a la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y
Control Constitucional, que en su artículo 2 núm. 3 establece:
Los
parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte
Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza
vinculante. La Corte podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y
argumentada garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del
estado constitucional de derechos y justicia. (Ley Orgánica de garantias
jurisdiccionales y control constitucional, 2020)
Como se puede observar, en la norma citada se garantiza la
progresividad de los derechos. Al respecto la Corte Constitucional del Ecuador indica
que: la no regresividad de los derechos es un principio que enriquece el valor
de la justica, esto implica que los derechos deber desarrollarse de forma
progresiva mediante leyes, jurisprudencia y políticas públicas. (Sentencia
N.° 002-18-SIN-CC, pág. 71)
De lo citado se desprende, que el principio de progresividad y no
regresividad debe regir el ejercicio de los derechos, esto implica que un
derecho que se encuentre reconocido con anterioridad debe ser protegido, y bajo
ningún aspecto debe ser menoscabado o suprimido de manera injustificada, por el
contrario los derechos deben ser desarrollados de forma progresiva, por lo que
toda acción u omisión que sea realizada contraria a lo dispuesto por el
articulo 11 numeral 8 de la Constitución y contravengan las normativas
mencionadas en líneas anteriores por los instrumentos internacionales serán
calificados como “inconstitucionales”, por inadecuarse a la norma.
La Corte Constitucional del Ecuador, considera al principio de no
regresividad como un límite que tienen la potestad legislativa, para no
vulnerar los derechos de las personas a partir de una regulación legal. Para la
jurisprudencia constitucional del Ecuador el principio de progresividad en el
ejercicio de los derechos, tiene que ser observado y analizado cuidadosamente
de conformidad con lo determinado en la Constitución y los instrumentos
internaciones. (Sentencia N.° 002-18-SIN-CC, págs. 71-72)
Es decir, el órgano regulador encargado de crear leyes debe
realizar un estudio minucioso que constituya un avance progresivo de los
derechos, en la que no exista limitación o supresión de los mismos, una
normativa nueva debe estar debidamente fundamentada, y no se constituya en
declaratoria de inconstitucionalidad. De todo lo anotado, se concluye que para
evitar la vulneración del principio de progresividad y no regresividad de
derechos, éstos deben ser desarrollados de manera progresiva, basados en
análisis legales, doctrinarios y jurisprudenciales
Regulación a nivel internacional del principio de progresividad y
no regresividad
Disposiciones de carácter progresivo han sido creadas con el fin
de que las legislaciones de cada país miembro de los acuerdos o tratados
internacionales reconozcan los derechos y así garanticen su efectivo
cumplimiento. A continuación, se van a mencionar algunos tratados o
instrumentos internacionales que regulan a nivel internacional el principio de
progresividad y no regresividad: así tenemos:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo.
28 garantiza el efectivo goce de los derechos y libertades, mientras tanto el
Articulo. 30, ibídem sobre la no regresividad de derechos, señala que no se
pueden realizar interpretaciones desfavorables al contenido de esa declaración
por parte de los Estados. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948)
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, obliga a los Estados a usar recursos económicos y técnicos con
asistencia internacional para crear normas de carácter progresivo y garanticen
los derechos fundamentales, así, los artículos 2 núm. 1 y 5 núm. 1 y 2 del
referido Pacto, establecen que los Estados parte están obligados a adoptar
medidas de carácter progresivo con el fin de garantizar la plena efectividades
de los derechos. (Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966).
Por su parte el artículo 5
numeral 1 ibídem, establece la prohibición de realizar interpretaciones que
conlleven a la destrucción de derechos o libertades reconocidas en el Pacto. En
el numeral 2, indica que no se puede admitir restricciones o menoscabos de
ninguno de los derechos humanos reconocidos, a pretexto de que dichos derechos
no se encuentren reconocidos en el Pacto. (Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 1966)
El tercer instrumento internacional, es la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto De San José), en el Art. 26 determina que cada Estado
parte está obligado a instaurar normas locales o con ayuda internacional, para
construir el desarrollo de los derechos y libertades, en los ámbitos
culturales, sociales, económicos, educativos, ciencia y cultura, de esta manera
se garantiza la progresividad de derechos. (Convención Americana Sobre Derechos
Humanos (Pacto De San José), 1969)
Como se puede observar, estos instrumentos internacionales,
determinan a los Estados partes una verdadera obligación de crear normas
jurídicas que beneficien a los derechos y no los perjudiquen o los supriman, cumpliéndose
el argumento de que los derechos deberán ser siempre de carácter progresivo mas
no regresivo.
Entonces, el principio de progresividad y no regresividad es una
herramienta jurídica que debe ser utilizada para que los derechos de los
individuos progresen de forma gradual, como se observó en párrafos anteriores
este principio se encuentra establecido tanto en los tratados internacionales
como en nuestra Constitución.
Desde esta perspectiva, este principio debe ser aplicado en todas
las áreas, en el caso que nos ocupa en el campo laboral, es de suma importancia
que sea respetado y aplicado, en virtud que su finalidad es respetar los
derechos humanos y determinar límites a la actuación de los gobiernos, con el
objeto que no implementen medidas de carácter regresivo que afecte los derechos
de los trabajadores.
En el ámbito laboral es de suma importancia que se observe el
cumplimiento irrestricto del principio de progresividad y no regresividad con
respecto a los derechos de la clase trabajadora.
El Contrato especial emergente de trabajo
El contrato especial emergente fue incorporado por la Ley Orgánica
de Apoyo Humanitario, para fortalecer las empresas afectadas por la crisis
sanitaria de la COVID 19. Se hace necesario resaltar que esta modalidad
contractual no constituye una innovación para el ordenamiento jurídico de
nuestro país ya que su símil sería el “contrato a plazo fijo”, que fue
suprimido en las reformas realizadas al Código de Trabajo en el mes de abril
del año 2015.
El artículo 19 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario define al
contrato especial emergente como un contrato individual de trabajo por tiempo
definido para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en
situaciones emergentes, el plazo de duración del contrato es de un año, pudiendo
ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. (Ley Organica de Apoyo
Humanitario, 2020)
Este tipo de contrato se caracteriza por ser: un contrato atípico,
por cuanto surgió ante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19. Un
contrato consensual, ya que para la celebración del mismo se requiere el consentimiento
voluntario de las partes contractuales. Un contrato a plazo fijo; por la
duración del contrato está determinado en la ley, esto es un año, y solo podrá
ser extendido por otro más si así lo requiere el empleador. (García
Madrid & Pin Malave, 2021)
En síntesis, se trata de una modalidad contractual en donde se
determina el tiempo de duración del contrato de un año, y que puede extenderse
una vez por un año más, se requiere del consentimiento voluntario de las partes
contractuales. Sin embargo, se puede explicar que este tipo de contrato fue
suprimido en el año 2015, con el objeto de garantizar la estabilidad de los
trabajadores, situación que se vio afectada con la entrada en vigencia del
contrato especial emergente dando el retroceso vulnerando el derecho reconocido
con anterioridad a esta nueva ley, dejando al trabajador en un estado de
indefensión y de desempleo.
En ese sentido, el 19 de junio de 2020, el pleno de la Asamblea
Nacional aprueba la Ley Orgánica De Apoyo Humanitario, vigente desde su
publicación en el registro oficial N.º 229. el 22 de junio de 2020, cuyo
objetivo fue la búsqueda de opciones que vayan en beneficio de los trabajadores
para que estos conserven sus empleos. El contrato especial emergente se
encuentra regulado en el Art. 19 de la Ley de Apoyo Humanitario de la siguiente
forma:
Se trata de un contrato individual de trabajo por tiempo definido
que se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en
situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos
o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del
negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas
naturales o jurídicas, nuevas o existentes o en el caso de necesidades de mayor
demanda de producción o servicios en las actividades del empleador. El contrato
se celebrará por el plazo máximo de un (1) año y podrá ser renovado por una
sola vez por el mismo plazo. Si finalizado el plazo acordado se continúa con la
relación laboral, el contrato se considerará como indefinido, con los efectos
legales del mismo. (Ley Organica de Apoyo Humanitario, 2020)
Este tipo de contrato ya se encontraba regulado en nuestra
legislación bajo el nombre de contrato a plazo fijo, la Ley Orgánica para la
Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, en el año 2015,
eliminó la modalidad contractual a plazo fijo, cuya finalidad fue garantizar la
estabilidad de los trabajadores.
En razón de ello el Artículo 19 de la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario, no garantiza el pleno goce de los derechos tipificados en el
Código de trabajo por resultar contraria a los mandatos establecidos por la
Constitución.
Bajo esta perspectiva es importante mencionar conforme el Acuerdo
Ministerial N.º MDT-2015 0088, emitido por el Ministerio de Trabajo el 23 de
abril del 2015, se expidió la norma para la aplicación de la disposición transitoria
de la Ley Orgánica Para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo En El
Hogar, se hizo mención en el artículo 3 literal:
b) a los
contratos individuales de trabajo a plazo fijo, normativa que estableció que,
desde el 20 de abril del 2015 hasta el 31 de diciembre del mismo año, se podrán
celebrar contratos a plazo fijo, con un plazo de vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2015, sin que puedan ser renovados, y el numeral c) estableció que
a partir del 1º de enero del 2016, no se podrá celebrar contratos individuales
de trabajo a plazo fijo. (Acuerdo Ministerial Nº. MDT-2015 0088, emitido por el
Ministerio de Trabajo, 2015, pág. 2)
Entonces según lo citado, en Ecuador ya no existen contratos
individuales a plazo fijo sino únicamente contratos a plazo indefinido, razón
por la cual el Artículo 19 de la Ley de Apoyo Humanitario contradice a lo
tipificado en el Artículo 3 literales b) y c) del Acuerdo Ministerial, esta
contrariedad en lugar de beneficiar a la clase trabajadora por el contrario
perjudica y lesiona sus derechos fundamentales.
Por lo tanto, la Ley de Apoyo Humanitario es contraria al Artículo
424 de la Constitución, esta normativa refiere a la supremacía Constitucional,
pues el Articulo 19 creado por la Asamblea Nacional inobserva la Carta Magna, lo
que causa retroceso de los derechos de los trabajadores, toda acción debe ser
progresiva, y siempre debe ir encaminada en la buscar la equidad social desde
el punto de vista laboral.
En materia laboral la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario incurre en
un error grave, pues al instaurar al contrato especial emergente, ha dado paso
a la precarización de los derechos de los trabajadores, pues en lugar de
mejorar sus condiciones laborales se han producido retrocesos significativos,
afectando directamente los intereses de los trabajadores.
Tal es así que existen derechos que se han vulnerado con la
aplicación del contrato emergente, como es el caso del Art. 326 numeral 2 de la
Constitución, que refiere: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes
principios: 2 Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será
nula toda estipulación en contrario.” (Nacional, Constitución de la República
del Ecuador, 2008)
Toda acción que adopte el gobierno, bajo ningún concepto deberá
provocar ningún tipo de afecciones en los derechos laborales que hayan sido
adquiridos con anterioridad, por cuanto los derechos de los trabajadores son
irrenunciables e intangibles, de igual modo el Art. 424 de nuestra Carta Magna
hace mención a la supremacía constitucional, catalogada como una normativa
suprema prevaleciendo sobre cualquier otra de naturaleza jurídica, en razón de
ello toda norma contraria a los preceptos constituciones será inconstitucional.
.
Violación al principio de progresividad y no regresividad en el
contrato especial emergente de trabajo
La aplicación del Art. 19 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario,
referente al contrato especial emergente ha provocado una regresión de derechos
laborales, vulnerando el principio de progresividad y no regresividad
consagrada en el Art. 11 numeral 8 de la Constitución, respecto al principio de
progresividad y no regresividad de derechos, ya que es prohibida toda acción u
omisión que anule, menoscabe o disminuya derechos deberá ser declarada
inconstitucional.
La vigencia del artículo 19 de la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario constituye una regresión de derechos porque además de atentar
contra el principio de progresividad y no regresividad, también inobserva el
artículo 327 Ibídem hace referencia a la prohibición de toda forma de
precarización laboral o cualquier contratación que afecte los derechos de los
trabajadores. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
Como resultado de las normas citadas y habiendo identificado los
derechos vulnerados del principio de progresividad y no regresividad concerniente
a su aplicación en el contrato emergente, el artículo 19 de la Ley de Apoyo
Humanitario debe ser declarada como inconstitucional por contrariar a lo establecido
en la Constitución.
La estabilidad laboral del trabajador se ve seriamente afectada, y
deja al trabajador en una situación de indefensión, la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario faculta al empleador de por terminada la relación laboral de forma
unilateral.
En conclusión, el contrato especial emergente va en contra de los
preceptos reconocidos en la Constitución como lo establecido en los artículos
11 numerales 6 y 8, además de la supremacía constitucional respecto de la
estabilidad laboral garantía fundamental protegida por la Constitución.
Efectos jurídicos del contrato especial emergente por la
aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
En primer lugar, se afectó la estabilidad laboral y la prohibición
de precarización de los trabajadores. En segundo lugar, atenta el
reconocimiento pleno que la Constitución faculta a los trabajadores, específicamente
lo concerniente a la constitución laboral. En tercer lugar, se inobserva a la
supremacía constitucional el Artículo 424 de la Carta Magna, indiscutiblemente,
esta normativa jurídica establece que ninguna norma inferior puede disminuir o
restringir derechos constitucionales, por el contrario, se puede ampliar los
derechos, pero no reducirlos.
Por consiguiente, el contrato especial emergente, no cumple con
los mandatos constitucionales, constituyéndose en una normativa
inconstitucional, por el hecho de disminuir y menoscabar los derechos de los
trabajadores.
Con la entrada en vigencia del contrato especial emergente al
tener los mismos requisitos que el derogado contrato individual de trabajo lo
que provoco es beneficiar a la parte empleadora y perjudicar al trabajador. Todo
lo anotado hasta aquí demuestra que el artículo 19 de la Ley de Apoyo
Humanitario es inconstitucional, por causar un desequilibrio en la relación
laboral trabajador – empleado, provocando beneficios para el empleador en el
sentido de que con esa nueva modalidad contractual se estaría de alguna manera
perdiendo la dependencia laboral y por parte del trabajador se atenta a sus
derechos constitucionales intangibles e irrenunciables.
Metodología
El tipo de investigación que se utilizó en este trabajo de tipo
cualitativa, con enfoque metodológico descriptivo, en razón de que fue enfocada
en el análisis jurídico, doctrinario, jurisprudencial e internacional sobre la
vulneración al principio de progresividad y no regresividad producto de la
vigencia del contrato especial emergente, los mismos que permitieron recabar
información para el análisis del tema, la metodología aplicada fue la
descriptiva y analítica.
La problemática de esta investigación fue resolver la siguiente
interrogante ¿En Ecuador ya no existe el contrato a plazo fijo, en la
actualidad se encuentra tipificado en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de
Apoyo Humanitario, siendo de hasta dos años plazo, vulnerando el Artículo 11,
numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador?, para dar solución al
problema planteado se acudió a fuentes jurídicas, doctrinarias,
jurisprudenciales, e información de los tratados y acuerdos internacionales de
los cuales el Ecuador es parte activa, material bibliográfico que sirvió de
base para identificar la vulneración al principio de progresividad y no
regresividad. en la que se realizó un análisis de la norma tipificada en el
Articulo 19 en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, la Constitución de la
República del Ecuador, el Código de Trabajo y el Acuerdo Ministerial Nº
MDT-2015 0088, emitido por el Ministerio de Trabajo el 23 de abril del 2015,
así como se hizo mención a los acuerdos de la comunidad internacional que
defienden los derechos y principios constitucionales de las personas.
Resultados
El objetivo general que se planteo fue “Analizar el principio de
progresividad respecto del Artículo 11, numeral 8 de la Constitución de la
República del Ecuador, en relación al Artículo 19 de la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario, con lo cual se justificará la vulneración al principio de
progresividad y no regresividad de la indicada norma Constitucional”, para dar
cumplimiento a este objetivo mediante una investigación doctrinaria,
jurisprudencial y jurídica, se pudo justificar que con la entrada en vigencia
del artículo 19 de la referida ley, se vulnero el principio de progresividad y
no regresividad establecida en el artículo 11 numeral 8 de la Constitución, en
virtud de que la nueva modalidad contractual del contrato especial emergente
ocasiono regresión y disminución de los derechos de los trabajadores, afectando
la estabilidad laboral y la economía de los mismos.
Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, se acudió a
la doctrina, jurisprudencia y legislación ecuatoriana, en el desarrollo de este
objetivo quedo plenamente fundamentado teóricamente los principios de
progresividad y no regresividad, respecto del contrato emergente aplicado en la
Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Para ello se procedió a contextualizar los
siguientes términos jurídicos que sirvieron de base para esta investigación,
tales como: Derecho laboral o de trabajo, Supremacía constitucional, La Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario, Contrato especial emergente que refiere el
Artículo 19 de la referida ley, y el Principio de progresividad y no
regresividad de derechos, en este punto se pudo demostrar que el contenido del
artículo 19 de la Ley de Apoyo Humanitario tienen varias inconsistencias, por
haber ocasionado que los derechos de los trabajadores tengan un efecto
retroactivo, al entrar en vigencia el derogado contrato a plazo fijo, con ello
se produjo la trasgresión de los derechos laborales provocando con ello la
vulneración de los derechos consagrados en el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución,
normativa que refiere a la progresividad y no regresividad de derechos.
El segundo objetivo específico que se planteó en este tema
investigativo fue “Identificar los derechos vulnerados del principio de
progresividad y no regresividad en lo que concierne a su aplicación en el contrato
emergente”, para el cumplimiento de este objetivo se acudió a las disposiciones
de la Constitución que hacían mención a los derechos que tienen los
trabajadores, en la cual quedo demostrado que la aplicación del contrato
especial emergente dio paso a la precarización de los derechos laborales, en
virtud de que en lugar de mejorar sus condiciones de trabajo, más bien fueron
perjudicadas, porque se produjo retroceso de derechos significativos que
afectaron notablemente los intereses de los trabajadores. para identificar qué
derechos fueron vulnerados con la aplicación de esta nueva modalidad
contractual se procedió a analizar el art 326 numeral 2 de la Constitución,
normativa que hace referencia a que los derechos de los trabajadores son
irrenunciables e intangibles, dando como resultado que el artículo 19 de la Ley
de apoyo humanitario no garantiza el efectivo goce de los derechos. se vio
además en la necesidad de acudir al Código de Trabajo específicamente analizar
brevemente al artículo 169, que hace referencia a las causales de terminación
de un contrato individual, en la que el numeral 6 indicaba que un contrato
puede terminar por caso fortuito o fuerza mayor, con esta causal, los
empleadores quedaron facultados para despedir a sus trabajadores, transgrediendo
una vez más lo establecido por el articulo 326 numeral 2 de la Constitución,
quedo demostrado que el contrato especial emergente además de provocar
regresión de derechos de los empleados afecto la estabilidad y seguridad
laboral. entonces como resultado de todas las normas analizadas en el
desarrollo de este objetivo en síntesis queda demostrado que los derechos que
fueron vulnerados con la aplicación del artículo 19 fueron: el derecho de
irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores,
(Constitución Art. 326 núm. 2), el principio de progresividad y no regresividad
(Constitución Art.)11 núm. 8), el derecho al trabajo (Constitución Art. 33), la
prohibición de toda forma de precarización laboral (Constitución Art. 327); y
la supremacía de la Constitución ( art. 424).
Para el cumplimiento del tercer objetivo de igual manera se tomó
como base a la Constitución de la República del Ecuador, quedo explicado cuales
fueron los efectos jurídicos del contrato especial emergente por la aplicación
de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que demostrado que se afectó a la
estabilidad laboral y la no precarización de los trabajadores, es decir los
trabajadores quedaron sin la protección de continuidad. de igual manera se
afectó el derecho al trabajo consagrado en el artículo 326 de la constitución
que en el numeral 2 hace referencia a la intangibilidad e irrenunciabilidad de
los derechos, con la vulneración de esta norma se pudo demostrar que el Estado
al permitir que entre en vigencia el artículo 19 de la Ley de Apoyo Humanitario
no velo por que se cumpla la supremacía constitucional y perjudico los derechos
de los trabajadores. por consiguiente, este contrato no cumple con los
preceptos constitucionales, volviéndose en una norma de carácter inconstitucional
por haber menoscabado y disminuido derechos laborales.
La hipótesis de este trabajo investigativo fue demostrar si la
aplicación del contrato emergente por la aplicación del contrato de la Ley
vulneraba los principios de progresividad y no regresividad, el resultado de
esta hipótesis fue demostrada durante el desarrollo de los tres objetivo
planteados, pues a través del análisis jurídico, doctrinario y jurisprudencial
se pudo determinar que en efecto la aplicación del contrato especial emergente que hace referencia la Ley de Apoyo
Humanitario no solamente vulnera los principios de progresividad y
regresividad, sino también transgredió a carta abierto derechos considerados
como garantías fundamentales tanto en la Constitución, Código de Trabajo y
tratados internacionales.
Conclusiones
El punto de partida de esta investigación fue identificar la vulneración del principio de progresividad y no
regresividad en la Constitución en su Artículo 11 numeral 8, frente a la
aplicación del contrato especial emergente regulado en el Artículo 19 de la Ley
de Apoyo Humanitario a causa de la emergencia sanitaria provocada por el COVID
19.
Bajo este contexto, queda demostrado que la aplicación del
contrato especial emergente normado en el Art. 19 de la Ley de Apoyo
Humanitario es inconstitucional, se trata de una norma de carácter regresivo y
no progresivo de los derechos de los trabajadores, no guarda concordancia con
lo establecido en el Artículo 11 numeral 8 de la Constitución, anulando
derechos fundamentales, generando inestabilidad laboral y violación de
garantías constitucionales como la no precarización del trabajo, derechos que
son reconocidos internacionalmente y de los cuales en el país se encuentran
normados.
Este contrato va en contra de la estabilidad laboral por cuanto dura
un año y puede prolongarse por un año más, situación que en el 2015 desapareció
con el fin de dotar estabilidad laboral a los trabajadores, entonces este hecho
representa regresión de derechos que ya fueron reconocidos con anterioridad.
Con esta nueva modalidad contractual los trabajadores vuelven a la
incertidumbre si el empleador los vuelva a contratar, situación que como se explicó
en líneas anterior lleva consigo un retroceso de los derechos laborales
adquiridos en una incansable lucha por parte de los trabajadores, y hoy
nuevamente quedan a merced de los empleadores, es una injusticia cometida para
con la clase trabajadora.
De todo lo analizado, se concluye que en efecto el contenido del Artículo
19 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario sin lugar a dudas vulnera ampliamente
el principio de progresividad y no regresividad establecido en la Constitución
en el Artículo 11 numeral 8, esta norma debe ser analizada detenidamente y la
Corte Constitucional del Ecuador debe declararla inconstitucional, con el fin
de mantener el orden jurídico del Ecuador y devolver la tranquilidad y los
derechos a la clase trabajadora que injustamente se le ha sido arrebatados beneficiando
a la parte empleadora y perjudicando de sobre manera a la parte débil como es
la parte trabajadora, desde la vigencia el contrato especial emergente viven de
forma inestable a causa de la pandemia mundial.
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