Resumen
La presente
investigación pretende analizar el derecho a la resistencia de la población
ante la vulneración de los derechos constitucionales por parte del Estado
Ecuatoriano, para ello se definieron los elementos teóricos que forman parte
del derecho a la resistencia, así mismo se analiza la fundamentación jurídica
del derecho a la resistencia en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y se
determina en qué tipo de situaciones específicas el ciudadano puede ejercer el
derecho a la resistencia sin vulnerar el ordenamiento jurídico. La metodología
utilizada estuvo basada en el enfoque mixto por cuanto se utilizó el enfoque
cuantitativo al momento de efectuar las encuestas aplicadas y por otra parte se
usó el método cualitativo con el fin de realizar el análisis pertinente al
derecho a la resistencia dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Los
resultados de la presente investigación evidenciaron que el derecho a la
resistencia si bien es cierto cuenta con un sustento constitucional en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano, no existen delimitados los parámetros bajo
los cuales se debe aplicar este derecho, por ello solamente ha existido hasta
la actualidad un único caso en el cual se ha aplicado este derecho.
Palabras
clave: Constitución; derecho; Estado; resistencia;
sujetos.
Abstract
This
research aims to analyze the right to resistance of the population to the
violation of constitutional rights by the Ecuadorian State, for this the
theoretical elements that are part of the right to resistance were defined, to
analyze the legal basis of the right to resistance. resistance in the
Ecuadorian legal system and determine in what type of specific situations the
citizen can exercise the right to resistance without violating the legal
system. The methodology used was based on the mixed approach because the
quantitative approach was used at the time of conducting the applied surveys
and, on the other hand, the qualitative method was used in order to carry out
the pertinent analysis of the right to resistance within the Ecuadorian legal
system. . The results of the present investigation showed that the right to
resistance, although it is true, has a constitutional basis in the Ecuadorian
legal system, there are no delimited parameters under which this right should
be applied, for that reason it has only existed until now a single case in
which this right has been applied.
Keywords:
Constitution; law; State; resistance; subjects.
Resumo
Esta pesquisa
tem como objetivo analisar o direito de resistência da população frente à
violação de direitos constitucionais pelo Estado equatoriano, para isso foram
definidos os elementos teóricos que fazem parte do direito de resistência, bem
como o fundamento jurídico da direito de resistência no ordenamento jurídico
equatoriano e determina-se em que tipo de situações específicas o cidadão pode
exercer o direito de resistência sem violar o ordenamento jurídico. A
metodologia utilizada baseou-se na abordagem mista, pois a abordagem
quantitativa foi utilizada no momento da realização dos inquéritos aplicados e,
por outro lado, o método qualitativo foi utilizado para realizar a análise
pertinente do direito de resistência no âmbito do Sistema jurídico equatoriano.
Os resultados da presente investigação mostraram que o direito de resistência,
embora seja verdade que tenha base constitucional no ordenamento jurídico
equatoriano, não existem parâmetros delimitados sob os quais esse direito deva
ser aplicado, por isso só existiu até agora um único caso em que esse direito
foi aplicado.
Palavras-chave:
Constituição; direito; Doença; resistência; assuntos.
Introducción
El
Derecho a la resistencia es una figura jurídica polémica
dentro de la doctrina tradicional, por cuanto los límites que existen dentro de
la figura del derecho a la resistencia en el ordenamiento jurídico son muy
ambiguos. El derecho a la resistencia es la facultad que tiene una persona de
oponerse a acciones u omisiones del Estado o los particulares que tengan como
objetivo la vulneración de sus derechos constitucionales.
En
el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la Constitución del República adopta un
sistema de Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual se
considera como centro al ciudadano. Con lo cual el constituyente se ha
preocupado profundamente para que todas las instituciones públicas tengan como
fin la tutela de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos.
·
Elementos doctrinarios del derecho a la
resistencia
El
derecho a la resistencia: derecho fundamental y garantía constitucional
El
derecho a la resistencia es un derecho que posee características muy
específicas, por cuanto el mismo existe como derecho fundamental inherente a la
persona humana, así como una garantía constitucional. En este punto es
interesante señalar que los derechos fundamentales a criterio de Ferrajoli (2004) son:
Aquellos derechos subjetivos que las
normas de un sistema jurídico particular generalmente atribuyen a todos como
persona, ciudadano y / o persona capaz de actuar, en consecuencia, un derecho
subjetivo es cualquier expectativa de acción legal, ya sea una expectativa
positiva de beneficios o una expectativa negativa de ningún daño. (pág.
33)
De
acuerdo a lo manifestado, los derechos fundamentales se consideran universales,
dotados de un estatuto de normas generales y abstractas, y de carácter
indisponible e inalienable ya que los mismos se encuentran ligados a una
persona de manera directa. Se evidencia en este sentido, que la característica
fundamental que poseen este tipo de derechos es la universalidad, por cuanto
les permite a todas las personas ser consideradas como ciudadanos, de hecho y
de derecho. La razón por la cual cada uno de los derechos fundamentales posea
un estatuto de normas generales y abstractas se debe al hecho de lo que señala
Ferrajoli como “normas éticas”, eliminando las situaciones inmediatamente
expresadas en ellas.
Los
derechos fundamentales, no son una categoría de derechos sobre los cuales se
puede disponer, ya que ellos dada la magnitud de lo que representan se
constituyen en derechos de orden público en consecuencia, no pueden ser
delegados ni renunciados por la voluntad de las partes, situación que no se
evidencia en ningún ordenamiento en relación a otros derechos como por ejemplo
el de propiedad que pertenecen únicamente a un individuo y él lo puede
transmitir o renunciar en favor de quien el decida (CIDH, 2018).
Sin
embargo, los derechos fundamentales también se pueden clasificar de acuerdo al
criterio de Ferrajoli (2004) de la siguiente manera:
Existen dos tipos de derechos
fundamentales, que a su vez se basan en los dos elementos estructurales
contenidos en la definición propuesta, a saber, las personas y las normas. El
primero de ellos posee un carácter subjetivo y el mismo se relaciona con los
sujetos a quienes se atribuyen los derechos, y el otro propósito es el tipo de
comportamiento que contienen los derechos. (pág.
38)
En
este punto se advierte, que el autor parte del criterio que los derechos esenciales
a todo ser humano va a estar condicionado por una parte por el elemento
subjetivo, es decir por las personas hacia las cuales ha sido concebido el
ordenamiento jurídico y por otra parte por las normas que son el elemento
objetivo, que determinan el comportamiento que debe seguir el hombre en
sociedad y en caso de incumplirlo se observará una sanción.
Es
importante destacar que las libertades civiles se extienden principalmente a
dos áreas bien determinadas. La primera de ellas hace referencia a los derechos
negativos o de inmunidad, que son todos aquellos que implican la expectativa de
que otros sujetos o individuos no van a interferir con los derechos humanos, y
que a su vez se valoran las libertades simples como el derecho a la vida y la
libertad personal. En consecuencia, debe quedar claro que los derechos sociales
son considerados como un conjunto de garantías de realización, donde se puede
señalar como parte de ellos el derecho a la salud o la seguridad social.
Es
por lo expuesto en líneas anteriores que podemos afirmar que el derecho a la
resistencia puede ser considerado como un derecho subjetivo que tiene como fin
partir del criterio que el Estado no va a vulnerar los derechos fundamentales
que se encuentran contemplados en la Carta Magna, así como tampoco los derechos
humanos. Visto desde esta perspectiva, el derecho a la resistencia es
considerado como un derecho negativo o de inmunidad ya que el mismo desde su
nacimiento implica una expectativa de abstenerse de interferir y reconocer la libertad
de resistir con el fin de evitar la vulneración de un derecho constitucional.
Por tal motivo, se puede afirmar que el derecho a resistir es un derecho
fundamental que tiene como objetivo reconocer el derecho a oponerse a la
violación de otros derechos y evitar que un sujeto interfiera a la luz de dicha
protección (Moreno, 2007).
El derecho a la resistencia
como una garantía ciudadana en contra de la ilegalidad del Estado
En
todo Estado social, democrático y de justicia, los ciudadanos deben regir sus
actividades en virtud del principio de la supremacía de la Constitución y del
principio de la legalidad, los cuales son principios rectores de todo sistema
democrático. En relación al primero se podría manifestar que hace referencia a
que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, en
consecuencia, todo acto de gobierno que se encuentre en contra de esta norma es
considerado nulo; y, por otra parte, el principio de la legalidad establece que
todo delito o falta, debe constar en una ley determinada y que la misma debe
existir con anterioridad al juzgamiento de una persona.
La
resistencia es un derecho fundamental por cuanto le permite al ciudadano
manifestarse en contra del Estado, cuando la actividad de este último lesiona
derechos que son inherentes a su persona.
En
este sentido ha manifestado López (2016) lo siguiente:
Uno de los aspectos actuales más
importantes del derecho constitucional está formado por el derecho a la
resistencia, porque es esa facultad que la constitución le da al ciudadano,
para que en situaciones que se encuentre bajo un régimen perverso que lesione
sus derechos fundamentales pueda oponerse a él, y evitar de una manera directa
ser perjudicado. El derecho a la resistencia es un equivalente al derecho a la
legitima defensa que le permite a la conducta ilegal de un ciudadano no ser
punible en caso que este siendo agredido por otro.
Otro
de los aspectos más importantes que forman parte de este derecho, es que debe
ser utilizado como un medio de última ratio, por lo tanto, previamente a
ejercerlo el ciudadano debe agotar las acciones legales pertinentes que se
encuentran en la ley y solo en el momento que estas sean insuficientes se puede
proceder a ejercerlo. Este punto ha sido bastante discutido, Kaufmann (2017) al respecto ha señalado lo siguiente:
El derecho a la resistencia posee un
carácter subsidiario, es decir solo puede ser ejercido en aquellas situaciones
en que se hayan agotado los recursos legales y los mismos no sean suficientes,
o las autoridades del Estado le den la espalda al ciudadano y a lo establecido
en la ley, en esos casos si se justifica este derecho que no puede ser ejercido
de manera directa. (pág. 377)
Por
otra parte en contraposición a esta idea el jurista Abarca (2018)
ha señalado:
La resistencia es un derecho humano
inherente a toda persona y si el Estado oprime de manera directa al ciudadano,
de tal manera que no tenga otra opción que desobedecer la normas, debe hacerlo
de manera inmediata, ya que existen situaciones que por su naturaleza o
peligro, que la persona no puede esperar reclamación a los mismos órganos que
oprimen al ciudadano, o actos del poder público que lo estén perjudicando, la
resistencia consistirá así en la desobediencia frente al tirano, y en su
derrocamiento (pág. 42).
Del
análisis de los criterios citados, se puede evidenciar que la ejecución del
derecho a la resistencia va a depender del grado de agresión que evidencia el
ciudadano, para aquellas situaciones en las que se pueda experimentar la
agresión de un derecho de leve a moderado, la persona debe acudir ante un ente
de protección de sus derechos, a los fines de evitar la vulneración o la
continuación de la violación de sus derechos fundamentales. Ahora bien, para el
caso que la agresión sea de una naturaleza grave e inminente, en este tipo de
situaciones dada la gravedad de la acción, la persona de manera directa se
puede negar a cumplir con una acción determinada.
Otro
de los elementos que forman parte del derecho a la resistencia es la
proporcionalidad, de la oposición formulada por el o los particulares, en este
sentido Peces (2016) ha manifestado:
El derecho a la resistencia está formado
por la facultad que tiene un ciudadano de oponerse a un acto ilegítimo del
estado que afecta de manera directa sus derechos, ahora bien, debe existir una
proporcionalidad entre el acto que ejecuta el estado que vulnera los derechos
del ciudadano y la respuesta que este último comporta, por cuanto si la
respuesta del ciudadano es excesiva se estaría hablando de abuso de derecho. (pág.
35)
Es
importante destacar el papel de la proporcionalidad dentro del ejercicio del
derecho a la resistencia, por cuanto debe existir una coherencia entre la
reacción que efectué el ciudadano en contra del acto antijurídico que lesiona
sus derechos. Para aquellos casos en los cuales el ciudadano se exceda del
ejercicio de su derecho, probablemente exista una sanción a consecuencia de
haberse excedido o lesionar una norma, un ejemplo se puede observar en el hecho
que un conductor sea injustamente multado, por la creencia errónea del
funcionario de tránsito que indica que la persona inobservo la luz roja, si la
persona en el ejercicio de su reclamo recurre a la violencia física en contra
del funcionario se estaría excediendo en su reclamo a un acto injusto (Andrade, 2017)
Por
último, ha manifestado Peirano (2015) lo siguiente:
El derecho a la resistencia es una
derivación del principio de seguridad jurídica, ya que ambos garantizan la
estabilidad del ordenamiento jurídico. En todo sistema donde se contemple la
resistencia ciudadana en contra de la tiranía de un gobierno que ejerce actos
en contra de su pueblo te tutela la seguridad jurídica ciudadana. (pág. 185)
Se
evidencia pues, que la vinculación que existe entre la seguridad jurídica y el
derecho a la resistencia, están íntimamente relacionados, señalando que este
último es una derivación del primero. La seguridad jurídica implica que existan
normas claras y conocidas por la ciudadanía a los efectos de ser respetadas, en
consecuencia, si el Estado vulnera esas normas que ya han sido preestablecidas
a los fines de tutelar la seguridad jurídica, el ciudadano se puede oponer a
cualquier tipo de actos que vulneren sus derechos.
Derecho a la resistencia y
la seguridad jurídica
Para
analizar el presente punto es necesario señalar que la naturaleza del derecho a
la resistencia consiste precisamente en que el ciudadano pueda oponerse a la
aplicación de una normativa que lesiona sus derechos constitucionales y
legales, cuando se menciona la seguridad jurídica se encuentra sustentada en el
respeto a la ley y que existan reglas claras que sean del conocimiento público.
En este sentido, es importante marcar que el artículo 82 de la Constitución de
la República de Ecuador (2008) dispone: “El derecho a la seguridad jurídica se
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes”.
Es
importante señalar el criterio manifestado por Carbonell (2017)
quien al respecto a manifestado lo siguiente:
La seguridad jurídica es una institución
que posee rango constitucional por cuanto ella se encuentra ligada de manera
directa al respeto de las instituciones del Estado, ella implica el respeto a
la Constitución a la ley y lo que pretende es que no exista un desorden en el
ordenamiento jurídico, que se cumplan unas normas y otras no, ella pretende que
todos los ciudadanos conozcan cuales son las reglas del juego y las cumplan. (pág.
48)
Esta
definición es fundamental al tema planteado, por cuanto en ella el autor
plantea elementos que forman parte de los aspectos intrínsecos de la seguridad
jurídica, en este sentido, se señala que el fin de esta institución es evitar
que exista un desorden social en el cual se pueda generar un caos porque no
exista un respeto a la ley es decir, pueden existir algunos ciudadanos que
acaten las disposiciones normativas que emanan del Estado y otras no.
Por
otra parte Hernández (2017) ha señalado:
La seguridad jurídica es un principio
que hace referencia a que en todo sistema normativo existan normas claras y
que, en base a la especificidad y publicidad de las mismas, los ciudadanos
sepan a qué atenerse para el caso que las cumplan y también para el caso que
sean incumplidas, es la garantía del conocimiento del derecho con el fin que el
mismo sea respetado por todos. (pág.
44)
Al
efectuar un análisis de los diferentes conceptos a los que se han hecho
referencia se puede señalar que ellos evidencian que la seguridad jurídica está
compuesta por el respeto a la Constitución como máxima norma del Estado,
la existencia previa de las disposiciones legales, la aplicación de la norma;
y, por último, que la norma sea entendible por la sociedad en general. Al hacer
referencia al primero de los elementos que es el respeto a la Constitución, se
puede señalar que es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico y todas las
normas legales, así como los actos emanados del Estado deben estar en armonía
con la norma supra ya que de lo contrario pueden ser anulados y carecer de
efectos jurídicos, el respeto a la Carta Magna es la base de la seguridad
jurídica.
El
segundo elemento que forma parte inherente a la seguridad jurídica, es que las
normas sean previas a su aplicación a los fines que los miembros de la sociedad
posean un conocimiento pleno de las mismas, en este punto se podrá conocer
cuáles son las consecuencias de no acatar a las disposiciones legales es por
este motivo, que la seguridad jurídica está relacionada de manera muy íntima al
principio de la legalidad, por esta razón que toda norma jurídica para que sea
válidamente exigible, debe constar su publicación en el Registro Oficial (Gonzáles, 2013).
El
tercer elemento que forma parte de la seguridad jurídica es la aplicación de la
norma, ello se va a observar en el desarrollo de los procesos judiciales en los
cuales los operadores de justicia deben aplicar la normativa legal vigente, a
los efectos de sustentar y motivar sus sentencias, es allí donde se observa la
parte práctica de la norma en el momento en que se debe aplicar a un caso en
específico.
El
último de los elementos que forman parte de la seguridad jurídica está formado
por el hecho que la norma debe ser clara, es decir no debe contener
ambigüedades no prestarse a confusiones, ello con el fin, de que la ciudadanía
pueda conocer de antemano cuales son los comportamientos que permite el
legislador y cuales son sancionables. La claridad de la norma tiene su sustento
en el hecho que debe existir una certeza en relación a lo que se encuentra
expresado en la ley y que la misma debe poseer una coherencia lógica con la
Constitución, así como con el resto del ordenamiento jurídico.
El derecho
a la resistencia en el Ecuador
En
el Ecuador el derecho a la resistencia se encuentra contemplado en el artículo
98 de la Constitución de la República de Ecuador (2008)
que dispone:
Los individuos y los colectivos podrán
ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder
público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o
puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de
nuevos derechos. (pág. 44)
De
esta manera cualquier persona o grupo pueden ejercer el derecho a la
resistencia en aquellas situaciones que los actos u omisiones del poder público
vayan en contra de los intereses de la sociedad o vulneren los derechos
establecidos en la Constitución y en la ley, el fundamento de este derecho se
encuentra en el hecho que el Estado fue creado con la finalidad de tutelar los
intereses de la sociedad en consecuencia sus actos deben de estar en armonía
con los interés de la colectividad, por tal motivo si el Estado o alguno de sus
entes pretende realizar actos contrarios al interés de la sociedad, esta puede
resistirse a dichos actos.
El
derecho a la resistencia, en primera instancia indicaría desobediencia a la
ley, pero en este punto hay que señalar que no es una oposición irresponsable y
caprichosa, es una oposición condicional que se va a producir en aquellas
situaciones en las cuales el ciudadano vea que el Estado está realizando algún
acto que vulnera sus derechos humanos o sus garantías que se encuentran
contempladas en la Carta Magna. El derecho a la resistencia no es un derecho
nuevo, el mismo tiene sus raíces con la obediencia como precursor
filosófico-religioso del antiguo régimen y luego con el establecimiento de la
resistencia como consecuencia política, legal y social del desarrollo de la
democracia. Con el paso del tiempo, se le agrega a la resistencia un contenido
ético ya que se evidencia que existen razones para ejercer este derecho cuando
un ciudadano sienta que el Estado realiza algún acto que puede lesionar sus
derechos. El contenido ético deriva de la razón de ser de este derecho, que
consiste en un medio de defensa en contra de una acción o conjunto de ellas que
lesionan sus derechos; por otra parte, tiene una fundamentación legal, la cual
constituye a la resistencia como un derecho esencial ya que tutela los
intereses de las personas pues la ley es creada para tal fin.
El
derecho a resistir es, entonces, una forma de involucrar a los excluidos en el
debate democrático de los grupos que, por diferentes circunstancias, no pueden
participar en este debate con tanta eficacia como quienes tienen algún poder o
privilegio político. En este sentido, no se puede descartar que una persona o
un grupo solo pueda poner un tema sobre la mesa a través de canales
institucionales o garantías (Pérez L. A., 2016).
Como
ya se dijo, el constitucionalismo actual, en lo que a garantías extra
institucionales se refiere, es consistente con la forma de participación
democrática extra institucional que permite al pueblo interpretar y aplicar
directamente la Constitución, lo que en última instancia legaliza la Constitución,
poder y autoridad. En vista de esto, no existen razones de peso para negar al
ciudadano el derecho a tener "la última palabra legal", ya que el
individuo y la comunidad pueden estar tan equivocados como un juez
constitucional. En definitiva, se trata de dar a la ciudadanía la oportunidad
de participar en el debate democrático y permitir que los órganos del poder
público escuchen la voz del pueblo, que lamentablemente es silenciado tras la
votación y elección de sus representantes (Gargarella, 2017).
Análisis constitucional
La Constitución
de la República de Ecuador es un texto que nace en el año 2008, producto de un
conjunto de cambios sociales y políticos que se evidenciaron en el país, en
ella se reformula el paradigma de la constitucionalización del derecho a la
resistencia y el mismo se adapta a la nueva forma de Estado que establece la
nueva Carta Magna, la cual de acuerdo a su primer artículo se constituye como
un Estado constitucional de derechos y justicia.
La Carta Magna
ecuatoriana parte del hecho que su más alto deber es el respeto a los derechos
que se encuentran en ella dispuestos, es decir se está en presencia de un
Estado con un profundo componente social que pretende desde todos sus ámbitos
la tutela de la ciudadanía, es tan así que se obliga a cada uno de los servidores
públicos a aplicar dichos principios de manera inmediata, es decir el Estado
debe estar en función de la colectividad, ello se evidencia del numeral 3 del
artículo 11 de la Constitución de la República de Ecuador (2008) que dispone:
Los
derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por
y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de
oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías
constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén
establecidos en la Constitución o la ley. (pág. 12)
Es en el Art. 98
del texto constitucional, donde se contempla de forma expresa el derecho a la
resistencia, se puede además señalar que este es un derecho indeterminado, es
decir, no le pertenece a una categoría de personas en particular sino a toda la
población que se encuentre en una situación en la que a consecuencia de una
acción u omisión del poder público o de las personas naturales o jurídicas no
estatales, se les vulnere sus derechos constitucionales o estén a punto de hacerlo.
Ante tal situación surge el derecho a la resistencia como la respuesta del
ciudadano ante un ataque inminente frente a sus derechos constitucionales.
La Constitución
del Ecuador, considera al derecho a la resistencia en un sentido bastante
amplio, por una parte, desde el punto de su legitimación activa ya que pueden
ejercerlo individuos y colectivos por cuanto la misma va a proceder en contra
de cualquier acción u omisión del poder público o personas naturales cuya
actuación lesione los derechos constitucionales de cualquier ciudadano. Al
efectuar un análisis profundo del artículo 98 de la Carta Magna ecuatoriana, se
demuestra que la literalidad del texto constitucional en el artículo 98
autoriza la lógica deductiva que cuando la Constitución del Ecuador hace
referencia a “acciones y omisiones del poder público”, se está haciendo mención
a todo el sector público, en consecuencia es importante citar el artículo 22 de
la Constitución de las República de Ecuador (2008) que establece:
1. Los organismos y dependencias de las funciones
Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control
Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 3.
Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o
para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas
jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de servicios públicos.
El derecho a la
resistencia de acuerdo a como se encuentra desarrollado en el artículo 98 de la
Constitución del a República de Ecuador, vinculándolo con el artículo 1 de
normativa, evidencia que el Estado constitucional de derechos y justicia hace
que este derecho sea considerado como uno de los más importantes a ser
tutelados, y esta aseveración se efectúa partiendo del criterio que él es
creado con la función de servir de protector de todos los demás derechos
previstos en la Carta Magna.
Ahora bien, el
problema que se presenta con el ejercicio del derecho a la resistencia es que
sus límites entre la legalidad y la ilegalidad o el exceso del mismo es muy
delgada, por cuanto en muchas oportunidades se parte del criterio que el
ciudadano en lugar de ejercer un derecho está cometiendo un delito como lo es
el de desobediencia a la autoridad, o se encuentra incumpliendo la orden
legitima de una autoridad del Estado. Es por esa razón que la doctrina siempre
ha señalado que este derecho es uno de los que presenta mayor conflictividad a
la hora de analizarse, por cuanto para la persona que se opone al Estado está
ejerciendo un derecho legítimo contemplado en la constitución, pero para a
autoridad que dicta el acto el no cumplimiento del mismo por parte del
ciudadano constituye el incumplimiento de una obligación en beneficio del
Estado (Zagrebelsky, 2018).
Situaciones en las cuales se pueda ejercer el derecho a la resistencia
De
acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando,
es de suma importancia plasmar en este trabajo, lo referente a los diferentes
escenarios en las cuales se pueda ejercer el
derecho a la resistencia dentro de los cuales se puede señalar las siguientes
situaciones:
La
incertidumbre en el derecho es la falta de conocimiento seguro y claro de la
interpretación de la Constitución. Este conflicto de interpretación se produce
entre la exégesis constitucional que se realiza en dos frentes contrapuestos:
en uno de ellos está una persona o un colectivo de personas y, en el otro, la
autoridad estatal que puede ejercer lo actos violatorios a los derechos de esa
persona o colectivo. La característica decisiva de este escenario es que, a pesar
de la contrariedad en la interpretación constitucional, el conflicto no ha sido
resuelto por la autoridad competente sobre el derecho violentado. Tomando en
consideración que el máximo órgano de interpretación constitucional esto es la
Corte Constitucional, tiene la última palabra en cuanto a este punto. Sin
embargo, este es el ámbito típico en el que la resistencia se puede llevar a
cabo (Ferrajoli, 2004).
Ahora
bien, puede suceder que esas dos interpretaciones del derecho sobre un mismo
punto se encuentren en espera de una resolución de la autoridad competente
llamada a resolver el conflicto, sin que se haya puesto en conocimiento de la
Corte Constitucional la resolución del problema. Por lo tanto, mientras
persista el conflicto y la falta de una correcta y oportuna interpretación por
parte de las autoridades competentes en este caso la Corte Constitucional,
quienes son los llamados constitucionalmente a cumplir con estas atribuciones,
persistirá la indeterminación de la norma constitucional que permite exégesis
amplias
Como
se ha observado la Constitución determina derechos y garantías que deben ser
aplicados y respetados por todas las personas y colectivos sin excepción alguna
adicionalmente, por ello el contenido del derecho a la resistencia no puede ser
restringido por ninguna norma jurídica, y la interpretación que se dé al mismo
se la hará de la forma más favorable. Lo mencionado demuestra las amplias
facilidades y protecciones con las que en el Ecuador se puede ejercer la
resistencia, sin que, de la misma forma, se establezcan límites que impidan su
mal ejercicio o sus sanciones.
Espacio temporal para ejercer el derecho a la resistencia
De
lo expuesto en líneas anteriores, se advierte que el espacio temporal para
ejercer el derecho a la resistencia, se formaliza en el tiempo cuando se
aprecia la vulneración a este derecho; para ello, se debe considerar lo
establecido en la Constitución de Ecuador 2008 en su artículo 98 y citando lo
señalado por (Meneses , 2019), se puede colegir lo
siguiente:
a.
En primer lugar, la resistencia contra actos u omisiones que vulneren derechos
constitucionales, es decir, ex post facto, cuando la vulneración al derecho se
haya consumado y pueda ser verificable.
b.
En segundo lugar, la resistencia contra actos u omisiones que puedan vulnerar
derechos constitucionales, o sea, ex ante, antes de la afectación al derecho o
ante la posible vulneración del mismo. Es nuestro criterio que las afectaciones
a derechos ex ante revisten gran complejidad a la hora de identificarlas. El
factor principal es la incertidumbre sobre el surgimiento de la afectación del
derecho. Los titulares de un derecho pueden tener una noción de riesgo de su
vulneración al momento de ejercer la resistencia, pero tomando en consideración
que toda noción puede incluir una valoración, cuya carga de subjetividad es
medianamente alta, la certeza de una afectación puede ser relativa. En todo
caso, cuando sobrevenga una certeza razonable y verosímil de posible afectación
de un derecho, se mantendrá que una persona o colectividad puede ejercer su
derecho a la resistencia, aun cuando haya acudido anteriormente a medios
institucionales para la resolución del conflicto (Meneses , 2019).
En
tercer lugar, la Constitución del Ecuador establece una fórmula abierta que
permite que “los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos incluyan a los demás derechos
derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento”, y que los
contenidos de estos derechos se desarrollarán de manera progresiva, prohibiendo
su regresión. De esta manera, se considera que la demanda de reconocimiento de
nuevos derechos también va de la mano de la posibilidad de que las personas
asuman la tarea de interpretar la constitución y los derechos y puedan
desarrollar el contenido de los mismos para su justo interés (Meneses , 2019).
Por
lo antes expuesto, se debe aludir que el derecho a la resistencia representa
una caución que accede a la autotutela de los derechos establecidos legalmente
a ciudadanos y agrupaciones además de una de las tantas maneras de intervenir
democráticamente institucional concediendo la potestad de dilucidar la norma
constitucional a los habitantes del Ecuador.
Casos en los que se ha
solicitado el reconocimiento del derecho a la resistencia en el Ecuador
En
los que se ha invocado el derecho a la resistencia en el Ecuador, no se ha
concedido la misma importancia y reconocimiento a dicho derecho por parte de
las autoridades judiciales, constitucionales o administrativas, pues, al
contrario, se ha preferido hacer caso omiso del mismo con el fin de que éste no
produzca ningún efecto en la sociedad.
Entre
estos podemos señalar los siguientes casos de conocimiento general en el país:
- La
resistencia de la Unión Nacional de Educadores a ser evaluados por el
Ministerio de Educación en el año 2009,
- La
resistencia del sector indígena a la explotación minera
a gran escala en ciertas zonas del país.
- La
resistencia del Sindicato de Trabajadores de Machala, a la decisión
emanada por el director de Servicios Públicos del Municipio de Machala, en
la que se considera que fueron despedidos injustificadamente 17
trabajadores del Municipio de dicha localidad.
- La
resistencia de las Comunidades Campesinas de Río Grande a la construcción
de una Hidroeléctrica denominada “Proyecto Propósito Múltiple Chone” por
la que se expropiaría y afectaría a 215 predios, además del daño ambiental
que esta construcción generaría en el sector.
- La
resistencia de la Cervecería Nacional a “un fallo judicial que dispuso a
la empresa el pago de más de 90 millones de dólares a un grupo de ex
empleados que la acusan de no haberles pagado los beneficios que por ley
les corresponde”.
La
resistencia de un grupo de estudiantes universitarios liderados por el
dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador frente al
proceso y resultado electoral en el que se nombró al rector de la Universidad
Técnica de Manabí en mayo del 2012 (Ramos , 2018).
Resultados
de la aplicación del Instrumento
En
la presente investigación se eligió un muestreo no probabilístico de 50
docentes de las universidades públicas y privadas y 50 abogados de libre
ejercicio con conocimientos específicos en el área constitucional.
Metodología
La
metodología de Investigación es concebida como el análisis estudio y aplicación
del conjunto de métodos, y recursos que son utilizados en los procesos de la
investigación empleados entre los siguientes: empírico y teórico, inductivo y
deductivo, analítico y sintético, crítico, selectivo, normativo, extensivo,
abierto y falible (Baquero de la Calle, 2015). Para esta investigación jurídica
fue adecuado considerar que estas características resultan fundamentales con el
fin de lograr el procesamiento de toda la información requerida para poder
efectuar un análisis de cada uno de los referentes teóricos, los cuales serán
de gran importancia porque permitirán determinar los aspectos más relevantes de
cada una de las fases de una investigación jurídica.
Resultados
1
¿Conoce usted el derecho a la resistencia?
Tabla
1 ¿Conoce
usted el derecho a la resistencia?
|
Ítem
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
|
Si
|
60
|
60%
|
|
No
|
40
|
40%
|
|
TOTAL
|
100
|
100%
|
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado por: Figueroa 2021
Gráfico 1. ¿Conoce usted el derecho a la resistencia?
Fuente: Tabla N° 1
Elaborado por: Figueroa 2021
Con
respecto al análisis del ítem n° 1. Donde la distribución porcentual sí; los
encuestados conocen
el derecho a la resistencia, se pudo comprobar que un 60%,
manifestó que si, mientras que el 40% manifestó que no. Ello demuestra que a
pesar que existe una mayoría que posee conocimiento del presente tema de
estudio existe una minoría bastante significativa que desconoce el tema del
derecho a la resistencia.
2.
¿Conoce
usted en que situaciones puede ser aplicado este derecho?
Tabla
2 ¿Conoce
usted en que situación puede ser aplicado este derecho?
|
Ítem
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
|
Si
|
55
|
55%
|
|
No
|
45
|
45%
|
|
TOTAL
|
100
|
100%
|
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado por: Figueroa 2021
Gráfico 2. ¿Conoce usted en que
situaciones puede ser aplicado este derecho?
Fuente: Tabla N° 2
Elaborado por: Figueroa 2021
Con
respecto al análisis del ítem n° 2. Donde la distribución porcentual sí; los
encuestados conocen en
que situaciones puede ser aplicado este derecho, se pudo comprobar que un 55%,
manifestó que si, mientras que el 45% manifestó que no. Los resultados de este
ítem demuestran que en la actualidad los profesionales conocen muy poco en qué
circunstancias se aplica este derecho, y ello se demuestra en el hecho que un
cuarenta y cinco por ciento de los encuestados que son docentes universitarios
en el área de derecho y abogados constitucionalistas, es decir a pesar de ser
profesionales del área no conocen este tema a profundidad.
3.
¿Conoce
usted en que situaciones no puede ser aplicado este derecho?
Tabla 3
¿Conoce usted en que situación no puede ser aplicado este derecho?
|
Ítem
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
|
Si
|
55
|
55%
|
|
No
|
45
|
45%
|
|
TOTAL
|
100
|
100%
|
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado por: Figueroa 2021
Gráfico 3. ¿Conoce usted en que
situaciones puede ser aplicado este derecho?
Fuente: Tabla N° 3
Elaborado por: Figueroa 2021
Con
respecto al análisis del ítem n° 3. Donde la distribución porcentual sí; los
encuestados conocen en
que situaciones puede ser aplicado este derecho, se pudo comprobar que un 55%,
manifestó que si, mientras que el 45% manifestó que no. La presente pregunta
guarda relación con la anterior y de igual forma evidencia el poco conocimiento
que se tiene del derecho a la resistencia en el ordenamiento jurídico
ecuatoriano.
4.
¿A su criterio en
situaciones de emergencia puede el propio afectado ejercer acciones de
resistencia sin acudir a un ente judicial?
Tabla
4 ¿A su
criterio en que situación de emergencia puede el propio afectado ejercer
acciones de resistencia sin acudir a un ente judicial?
|
Ítem
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
|
Si
|
91
|
91%
|
|
No
|
9
|
9%
|
|
TOTAL
|
100
|
100%
|
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado por: Figueroa 2021
Gráfico 4. ¿A su
criterio en situaciones de emergencia puede el propio afectado ejercer acciones
de resistencia sin acudir a un ente judicial?
Fuente: Tabla N° 4
Elaborado por: Figueroa 2021
Con
respecto al análisis del ítem n° 4. Donde la distribución porcentual sí; los
encuestados consideran
a
su criterio en situaciones de emergencia puede el propio afectado ejercer
acciones de resistencia sin acudir a un ente judicial,
se pudo comprobar que un 91%, manifestó que si, mientras que el 9% manifestó
que no. En relación a esta pregunta la mayoría de los encuestados es del
criterio que en situaciones de emergencia el titular del derecho lo puede
ejercer de manera directa ya que no hay tiempo de acudir a un proceso judicial.
5.
¿Se requiere de haber agotado la vía
judicial para ejercer el derecho a la resistencia?
Tabla 5 ¿Se
requiere de haber agotado la vía judicial para ejercer el derecho a la
resistencia?
|
Ítem
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
|
Si
|
35
|
35%
|
|
No
|
65
|
65%
|
|
TOTAL
|
100
|
100%
|
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado por: Figueroa 2021
Gráfico 5. ¿Se
requiere de haber agotado la vía judicial para ejercer el derecho a la
resistencia?
Fuente: Tabla N° 5
Elaborado por: Figueroa 2021
Con
respecto al análisis del ítem n° 5. Donde la distribución porcentual sí; los
encuestados consideran que se
requiere de haber agotado la vía judicial para ejercer el derecho a la
resistencia, se pudo comprobar que un 35%, manifestó que si,
mientras que el 65% manifestó que no. En relación a esta pregunta la mayoría de
los encuestados es del criterio que no es necesario acudir al órgano
jurisdiccional es decir se puede ejercer de manera directa en el momento que se
están vulnerando derechos constitucionales.
6.
¿Implica el derecho a la resistencia un
irrespeto a la Ley?
Tabla
6 ¿Implica
el derecho a la resistencia un irrespeto a la Ley?
|
Ítem
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
|
Si
|
25
|
25%
|
|
No
|
75
|
75%
|
|
TOTAL
|
100
|
100%
|
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado por: Figueroa 2021
Gráfico 6. ¿Implica
el derecho a la resistencia un irrespeto a la ley?
Fuente: Tabla N° 6
Elaborado por: Figueroa 2021
Con
respecto al análisis del ítem n° 6. Donde la distribución porcentual sí; los
encuestados consideran
si implica
el derecho a la resistencia un irrespeto a la ley, se pudo
comprobar que un 25%, manifestó que si, mientras que el 75% manifestó que no.
En relación a la presente pregunta se evidencia que los encuestados son del
criterio que el derecho a la resistencia emana del ejercicio de un derecho que
se encuentra en la constitución en consecuencia no se estaría violando la ley
al ejercerlo.
7.
¿Implica el derecho a la resistencia una
vulneración a la seguridad jurídica?
Tabla 7
¿Implica el derecho a la resistencia una vulneración a la seguridad jurídica?
|
Ítem
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
|
Si
|
35
|
35%
|
|
No
|
65
|
65%
|
|
TOTAL
|
100
|
100%
|
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado por: Figueroa 2021
Gráfico 7. ¿Implica
el derecho a la resistencia una vulneración a la seguridad jurídica?
Fuente: Tabla N° 7
Elaborado por: Figueroa 2021
Con
respecto al análisis del ítem n° 7. Donde la distribución porcentual sí; los
encuestados consideran
si implica el derecho a la resistencia una vulneración a la seguridad jurídica,
se pudo comprobar que un 35%, manifestó que si, mientras que el 65% manifestó
que no. El derecho a la resistencia no vulnera la seguridad jurídica, todo lo
contrario, la reafirma porque el implica que no se desconozcan las
disposiciones que se encuentran establecidas en la constitución y en la ley.
8.
¿Debería existir una sanción para la
persona que se exceda en el ejercicio de este derecho?
Tabla 8
¿Debería existir una sacian para la persona que exceda en el ejercicio de este
derecho?
|
Ítem
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
|
Si
|
45
|
45%
|
|
No
|
55
|
55%
|
|
TOTAL
|
100
|
100%
|
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado por: Figueroa 2021
Gráfico 7. ¿Debería existir
una sanción para la persona que se exceda en el ejercicio de este derecho?
Fuente: Tabla N° 8
Elaborado por: Figueroa 2021
Con
respecto al análisis del ítem n° 8. Donde la distribución porcentual sí; los
encuestados consideran
si debería
existir una sanción para la persona que se exceda en el ejercicio de este
derecho,
se pudo comprobar que un 45%, manifestó que si, mientras que el 55% manifestó
que no. En esta pregunta la mayoría tiene el criterio que no debe existir una
sanción, para el caso que la existiera la misma debería ser proporcional al
exceso realizado.
9.
¿El ejercicio del derecho a la
resistencia evitaría la vulneración de los derechos constitucionales por parte
del Estado?
Tabla 9 ¿El
ejercicio del derecho a la resistencia evitaría la vulneración de los derechos
constitucionales por parte del Estado?
|
Ítem
|
Frecuencia
|
Porcentaje
|
|
Si
|
83
|
83%
|
|
No
|
17
|
17%
|
|
TOTAL
|
100
|
100%
|
Fuente: Encuesta aplicada
Elaborado por: Figueroa 2021
Gráfico 9. ¿El ejercicio del derecho a la resistencia evitaría la
vulneración de los derechos constitucionales por parte del Estado?
Fuente: Tabla N° 9
Elaborado por: Figueroa 2021
Con
respecto al análisis del ítem n° 9. Donde la distribución porcentual sí; los encuestados
consideran si el
ejercicio del derecho a la resistencia evitaría la vulneración de los derechos
constitucionales por parte del Estado, se pudo comprobar que
un 17%, manifestó que si, mientras que el 83% manifestó que no. La amplia
mayoría fue del criterio que el derecho a la resistencia constituye una
garantía para aquellas situaciones en las cuales el estado pretenda vulnerar
los derechos constitucionales de los particulares.
Conclusiones
Una vez
realizada la presente investigación que tuvo como objetivo general
analizar
el derecho a la resistencia de la población ante la vulneración de los derechos
constitucionales por parte del Estado Ecuatoriano, se ha llegado a las
siguientes conclusiones:
- El
derecho a la resistencia es concebido como la facultad que posee toda
persona de oponerse a ciertas acciones u omisiones por parte del Estado
que causen o puedan causar la vulneración de los derechos constitucionales
de una persona. Este derecho ha sido muy polémico a nivel doctrinal por
cuanto los límites entre la desobediencia a la autoridad y la resistencia
son muy estrechos.
- Los
resultados de la investigación demostraron que en la actualidad los
profesionales conocen muy poco en qué circunstancias se aplica este
derecho, y ello se demuestra en el hecho que un cuarenta y cinco por
ciento de los encuestados que son docentes universitarios en el área de
derecho y abogados constitucionalistas manifestaron no conocerlo, es decir
a pesar de ser profesionales del área no conocen este tema a profundidad.
- En
el ordenamiento jurídico ecuatoriano el derecho a la resistencia se
encuentra contemplado en el artículo 98 de la Constitución de la República
de Ecuador, sin embargo, la redacción del artículo resulta ambigua, por
ellos es necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional
en el cual se establezca en que situaciones procede y en cuales no, así
como tampoco los límites de este derecho.
- Desde
el punto de vista doctrinal se han establecido circunstancias en las
cuales donde se puede ejercer el derecho a la resistencia sin vulnerar el
ordenamiento jurídico dentro de las cuales se establecen contra actos u
omisiones que vulneren derechos constitucionales como la vida, la libertad
la dignidad humana, en Ecuador varias organizaciones sociales se han
acogido al derecho a la resistencia, entre ellas la
Unión Nacional de Educadores a ser evaluados por el Ministerio de
Educación, la resistencia del sector indígena a la explotación minera a
gran escala en ciertas zonas del país, entre otras.
- Los
resultados dela investigación demostraron que en la actualidad los
profesionales conocen muy poco en qué circunstancias se aplica este
derecho, y ello se demuestra en el hecho que un cuarenta y cinco por
ciento de los encuestados que son docentes universitarios en el área de
derecho y abogados constitucionalistas, es decir a pesar de ser
profesionales del área no conocen este tema a profundidad.
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