Resumen
En el desarrollo
del presente artículo académico se analizó la sustanciación del Sumario
Administrativo a las y los Docentes que se encuentran regulados bajo el régimen
de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, específicamente
se realizó un estudio exhaustivo al principio de imparcialidad dentro de la
sustanciación de estos procesos sancionatorios.
Es obligación de
la Administración Pública, garantizar las normas constitucionales del debido
proceso y vigilar que en la sustanciación de cualquier procedimiento
administrativo se respete el principio de imparcialidad, que se encuentra
determinado en el literal k, numeral 7 del artículo 76, de la Constitución de
la República del Ecuador.
Las y los
docentes dentro de la sustanciación de los procesos sancionatorios de sumarios
administrativos, tiene el mismo derecho que los demás servidores a ser juzgados
por jueces y autoridades administrativas imparciales que garanticen el debido
proceso y las independencias de funciones, dentro del desarrollo de los
procesos en los cuales el derecho administrativo es sancionador. En el presente
trabajo se desarrolló una investigación con enfoque mixto, con un nivel de
alcance descriptivo, a través del estudio de la fundamentación teórica y
consultas de bases de datos bibliográficos que permitirán recabar toda la
información que fuere necesaria para resolver el presente problema de
investigación.
Palabras
clave: Principio de imparcialidad; Sumario Administrativo;
Debido Proceso; Acto Administrativo; Principios Constitucionales.
Abstract
In
the development of this academic article, the substantiation of the
Administrative Summary of the Teachers who are regulated under the regime of
the Organic Law of Intercultural Education and its Regulations was analyzed,
specifically an exhaustive study was carried out on the principle of
impartiality within the substantiation of these sanctioning processes.
It
is the obligation of the Public Administration, to guarantee the constitutional
norms of due process and to ensure that in the conduct of any administrative
procedure the principle of impartiality is respected, which is determined in
literal k, numeral 7 of article 76, of the Constitution of the Republic of
Ecuador.
The
teachers within the substantiation of the sanctioning processes of
administrative summaries, have the same right as the other servants to be tried
by judges and impartial administrative authorities that guarantee due process
and the independence of functions, within the development of the processes in which
administrative law is sanctioning. In the present work, an investigation with a
mixed approach was developed, with a descriptive level of scope, through the
study of the theoretical foundation and consultations of bibliographic
databases that will allow to collect all the information that is necessary to
solve the present research problem.
Keywords:
Principle of impartiality; Administrative Summary; Due Process; Administrative
Act; Constitutional Principles.
Resumo
No
desenvolvimento deste artigo académico, foi analisada a fundamentação do Resumo
Administrativo dos Professores que se encontram regulados ao abrigo do regime
da Lei Orgânica da Educação Intercultural e o seu Regulamento, nomeadamente um
estudo exaustivo sobre o princípio da imparcialidade no âmbito do comprovação
desses processos sancionatórios.
Compete à
Administração Pública garantir as normas constitucionais do devido processo
legal e zelar para que na condução de qualquer procedimento administrativo seja
respeitado o princípio da imparcialidade, o qual está determinado no literal k,
inciso 7 do artigo 76, do Constituição da República do Equador.
Os docentes, no
âmbito da fundamentação dos processos sancionatórios de sumários
administrativos, têm igual direito aos demais servidores de serem julgados por
juízes e autoridades administrativas imparciais que garantam o devido processo
e a independência de funções, no desenvolvimento dos processos em que o direito
administrativo está sancionando. No presente trabalho, desenvolveu-se uma
investigação de abordagem mista, com um nível descritivo de âmbito, através do
estudo da fundamentação teórica e consultas a bases de dados bibliográficas que
permitirão recolher toda a informação necessária à resolução do presente
problema de investigação.
Palavras-chave:
Princípio de imparcialidade; Resumo administrativo; Devido Processo; Ato
Administrativo; Princípios Constitucionais.
Introducción
El
Ecuador al ser un Estado Constitucional de derechos y justicia, debe garantizar
todos los principios constitucionales, en cada uno de los procesos administrativos
y judiciales, esto con el fin cumplir con el debido proceso y el respeto
absoluto a la seguridad jurídica. Dentro de este contexto, surge la necesidad
de analizar la imparcialidad que existe en la sustanciación de los sumarios administrativos
de las y los docentes, por cuanto la Junta de Resolución de Conflictos actúa
como juez y parte dentro de la sustanciación de estos procesos sancionatorios.
Al
ser la Junta Distrital de Resolución de Conflictos el ente encargado conocer, investigar,
sustanciar y resolver estos procesos sancionatorios, actúa como un ente imparcial
de incumplimiento con lo que determina el literal k, numeral 7, artículo 76 de
la Carta Magna, el mismo que establece que, todas las personas tienen derecho a
ser juzgadas por una jueza o juez independiente, imparcial y competente.
Lo
que se pretende demostrar es si efectivamente: ¿Se vulnera el principio de
imparcialidad al ser la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la
Encargada de conocer y Resolver los Sumarios Administrativos de las y los
Docentes?, siendo así el objetivo principal del presente trabajo de
investigación estudiar exhaustivamente la normativa nacional vigente que sea
aplicable al caso y también examinar criterios de derecho comparado frente al
presente caso que es objeto de estudio.
Marco referencial
Fundamentación
teórica del principio de la imparcialidad dentro del Sumario Administrativo de los
docentes.
Existen
principios que son considerados como rectores, por cuanto estos deben primar en
el desarrollo y sustentación de cualquier procedimiento en la vía
administrativa o judicial, el principio de imparcialidad es de estricta
obligatoriedad por cuanto el fin de su aplicación es garantizar que los
derechos de las y los ciudadanos no se vean vulnerados. En este sentido
podemos afirmar que los principios forman parte de la estructura de la norma
constitucional, por lo tanto, son de uso fundamental para la interpretación de
la norma jurídica.
La
Constitución de la República del Ecuador del 2008, es clara al establecer las
reglas del debido proceso en la sustanciación de los procesos administrativos y
judiciales, en este sentido garantiza que exista una verdadera independencia e
imparcialidad por parte de las Juezas y Jueces, para que las resoluciones y
sentencias se adopten dentro del marco de un Estado Constitucional de Derechos y
Justicia Social, garantizando así el derecho a la seguridad jurídica.
En
este sentido para la validez de todos los actos administrativos se debe
considerar lo que determina el artículo 67 del
Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE):
1: No debe vulnerar una disposición de
carácter general como los reglamentos, es decir estos deben respetar los
principios jurídicos y los derechos de todas las personas; 2: No debe vulnerar
aquellas disposiciones de carácter superior como las Constitucionales por
considerarlas que van en contra de los derechos tutelados y protegidos de todas
las personas.
Lo
citado anteriormente se encuentra en armonía a lo que determina el artículo 424
de la Constitución de la República del Ecuador (2008): “La Constitución es la norma suprema y prevalece
sobre cualquier otra de ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder
público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en
caso contrario carecerán de eficacia jurídica”.
La
administración pública, a través de los servidores públicos quienes se
encuentren cubiertos por la potestad estatal de sustanciar los procesos
sancionatorios de sumarios administrativos; deben sustanciar estos procesos
garantizando el ejercicio del derecho y acceso a la información de la o el
docente sumariado. Dentro de este contexto, los servidores públicos serán responsables
por todos los actos y omisiones en los que podrían incurrir en la sustanciación
de estos procesos sancionatorios. De manera general, el término imparcialidad
ha sido definido como la autonomía de la que gozan las juezas y los jueces para
resolver los procesos sin tener interés personal dentro de la causa.
El
principio de imparcialidad debe ser entendido como un terminó propio del derecho
por cuanto el mismo establece que las decisiones en los procesos
administrativos y judiciales deben tomarse siguiendo los criterios objetivos
con respecto a cada uno de los preceptos legales establecidos, garantizando así
la igualdad en la ponderación de valores y que la administración no someta a su
yugo la decisión de un determinado proceso en la vía administrativa, “Las
decisiones deberían tomarse, sin dejarse llevar por influencias de otras
opiniones” (Cornejo Aguiar, 2015).
El
derecho sancionador lo que busca es castigar a un determinado servidor público por
sus acciones u omisiones, en las que haya incurrido dentro del desempeño de sus
funciones, las sanciones tienen como fin primordial castigar al servidor y con
esto garantizar y mantener el orden dentro del sistema administrativo. Sin
embargo, la inobservancia de imparcialidad de ciertos funcionarios podría
acarrear que estos procesos administrativos no se sustancien bajo las reglas
claras que determinan la Constitución y las leyes.
Al
permitir que los sumarios administrativos de las y los docentes, sean
sustanciados por las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, se estaría
permitiendo una desviación de la administración por cuanto estos procesos
podrían sufrir vulneraciones por intereses personales de los servidores que se
encuentran en la facultad de conocer, investigar y resolver estos procesos
sancionatorios en los distritos de educación. La existencia de derechos lleva
consigo la garantía constitucional de que estos derechos han de ser tutelados a
través de la aplicación del principio de seguridad jurídica que se encuentra
amparado por la Constitución de la República del 2008.
La
presente investigación se desarrolla con el propósito de identificar la
vulneración que existe al principio de imparcialidad dentro de la sustanciación
de los sumarios administrativos de las y los docentes, los cuales se
encontrarían en una limitación por cuanto se estaría permitiendo que el ente encargado
de resolver estos procesos sea juez y parte a la vez.
Al
considerarse que, para la sustanciación de los sumarios administrativos a los servidores
públicos, en el año 2017, el Ministerio del Trabajo a través de Acuerdo Ministerial
No. 0196, emitió una norma técnica para la Sustanciación de Sumarios
Administrativos. El artículo 2 de la norma técnica en su parte pertinente,
establecía que, se excluye de la aplicación de esta norma técnica, “Las y los
docentes bajo el régimen de la ley Orgánica de Educación Intercultural” (Acuerdo Ministerial No. MDT -0169, 2017).
En
este contexto, existe un debate social debido a que no se consideró dentro de
este grupo la sustanciación de los sumarios administrativos de las y los
docentes, existiendo así cierta vulneración, desde un punto de vista jurídico es
importante manifestar que hubiera sido necesario dejar que un ente imparcial
sea el encargado de sustanciar los sumarios administrativos de las y los docentes
y no los Distritos de Educación a través de sus Juntas Distritales de
Resoluciones de Conflictos.
En
este contexto, por cuanto existen ordenamientos jurídicos que son emanados del
Estado con el fin de proteger los derechos fundamentales y el debido proceso
dentro de la sustanciación de los procesos que se resuelvan en la vía
administrativa, con fin de garantizar el cumplimiento de los principios
procesales y evitar interferencias que puedan causar perjuicio en las
resoluciones de los sumarios administrativos a las y los docentes.
Procedimiento
de Sustanciación del Sumario Administrativo de los docentes Regulados por la
Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento.
El
principio de imparcialidad en la sustanciación de los procesos de sumarios
administrativos a las y los docentes, es la garantía que da el Estado para que
sus servidores públicos actúen conforme a lo que dispone la Constitución de la
República y las leyes, cumpliendo así con la tutela judicial efectiva a favor
de las y los ciudadanos. En esta línea, es importante que las decisiones y
actos de la administración pública sean objetivas y satisfagan el interés del
Estado, sin que existan preferencias o discriminación alguna.
Los
procesos de sustanciación de sumarios administrativos se deben desarrollar con
estricto respeto a la Constitución de la República del Ecuador y las leyes que
sean aplicables al caso, dentro de este contexto es importante señalar que,
todo procedimiento que no se encuentre en concordancia con los principios
rectores de la Constitución de la República carecerá de validez absoluta, por
cuanto debe primar la aproximación kelseniana en los distintos niveles de la
Administración Pública, por cuanto, “(…)Toda manifestación de poder estatal
debe encontrar respaldo en la Ley” (Eiben, 2008).
Las
y los docentes en el desarrollo de sus funciones como educadores son sujetos
activos de derechos y obligaciones, y previo al inicio de cualquier proceso sancionatorio
corresponde a la administración pública observar las garantías constitucionales
del debido proceso. En el Ecuador, los sumarios administrativos de las y los
docentes bajo el régimen de la Ley de Educación Intercultural, son sustanciados
por las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos de cada uno de los Distritos
de Educación dentro de su respectiva jurisdicción y competencia, al respecto:
El Derecho regula la vida y la actividad
del Estado, teniendo como fuente primigenia a la Constitución. La
jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional del Ecuador. La Constitución
del 2008, establece nueva forma de Estado; 1) Reconocimiento el Carácter
normativo de la Constitución; 2 La aplicación directa del Constitución como
norma Jurídica; 3) Reconocimiento de la Jurisprudencia constitucional como
fuente primaria del derecho. (Jaramillo Huilcapi, 2012).
Los
sumarios administrativos, son procesos sancionatorios a través de los cuales se
busca sancionar las conductas irregulares que hubieran sido cometidas por
ciertos docentes en el desempeño de sus funciones como educadores y pilares
fundamentales del desarrollo educativo de las niñas, niños y adolescentes.
De
acuerdo a lo que determina el artículo 124, del Reglamento a la Ley Orgánica de
Educación de Intercultural, las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos
se encuentran integradas por: “1. El Director Distrital. 2. El Jefe de Apoyo,
Seguimiento y Regulación de la Gestión Educativa; y, 3. El Jefe de Asesoría
Jurídica”. Los mismos que son los responsables de la sustanciación de los
sumarios administrativos de las y los docentes. ((B) Reglamento General a la Ley Orgánica de Educacion
Intercultural, 2012)
Previo
al inicio de un proceso de sumario administrativo a las y los docentes, se debe
considerar como un requisito fundamental la existencia de motivación, previo
al inicio de cualquier acto administrativo, por cuanto; “El sumario
administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso,
con la participación de las partes involucradas, respeto al derecho a la
defensa y aplicación de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable al
servidor público” (Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP,
2010).
En
la sustanciación de los procesos de Sumarios Administrativos, se deberá
observar lo que determina el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, por cuanto el procedimiento administrativo para la sustanciación
de estos procesos sancionatorios se encuentra determinado en el artículo 346
hasta el artículo 352, de este precepto legal. Dentro de sus acciones previas
se establece:
La Junta Distrital de Resolución de
Conflictos o el Director de Distrital, una vez conocida la denuncia o informe
sobre la presunción de la comisión de una falta disciplinaria por parte del
docente o directivo, debe remitir inmediatamente la información habilitante a
la Unidad Administrativa de Talento Humano para el estudio y análisis de los
hechos que presuntamente se imputan. ((B) Reglamento General a
la Ley Orgánica de Educacion Intercultural, 2012).
Las
acciones previas que han sido establecidas, en primera instancia dan la
facultad de conocer las denuncias al Director Distrital o la Junta Distrital de
Resolución de Conflictos, y posteriormente remitir la misma a la Unidad
Administrativa de Talento Humano, para que una vez analizadas las respectivas
pruebas; esta unidad emita a la Junta Distrital un informe en el cual deberá
determinar la procedencia o no del inicio de Sumario Administrativo en contra
de la o el docente.
Cuando
exista un informe favorable para el inicio de proceso de sumario administrativo,
la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, deberá emitir una providencia
del mismo, siendo facultad de la Junta Distrital, no solo conocer sino también
sustanciar estos procesos sancionatorios incumpliendo con lo que determinan el
principio de imparcialidad; por cuanto se da demasiadas facultades a las Juntas
Distritales de Resolución de Conflictos, dejando así abierta la posibilidad de
que los servidores públicos que integran este colegiado puedan inclinar la
balanza hacia un determinado lado, violentando con ello el debido proceso y en
especial el principio constitucional de imparcialidad.
La
sustanciación de los procesos de sumarios administrativos de las y los docentes
debe adecuarse al fin previsto en la Constitución de la República, la Ley
Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, garantizando todos los principios
constitucionales y los demás ordenamientos jurídicos previstos para el procedimiento
administrativo sancionatorio. En este sentido el ejercicio de los derechos de las
y los docentes jamás debe limitarse a la sustanciación de las juntas
distritales de resoluciones de conflictos que, en la mayoría de procesos de
sumarios administrativos no garantizan el debido proceso y el principio de
imparcialidad, ocasionando así una vulneración al debido proceso violentando
con esto los propios constitucionales.
Al
respecto el artículo 346 del Reglamento General a la Ley de Educación
Intercultural, respecto a las acciones previas establece:
Antes de dar inicio al sumario
administrativo, se deben cumplir las siguientes acciones previas:
1. La Junta Distrital de Resolución de
Conflictos o el Director Distrital, una vez conocida la denuncia o informe
sobre la presunción de la comisión de una falta disciplinaria por parte del
docente o directivo, debe remitir inmediatamente la información habilitante a
la Unidad Administrativa del Talento Humano para el estudio y análisis de los
hechos que presuntamente se imputan;
2. Conocidos y analizados estos hechos
por parte de la Unidad Administrativa del Talento Humano, en el término de tres
(3) días deben ser informados a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos
o al Director del Distrito, según quien haya avocado conocimiento del proceso
administrativo sobre la procedencia de iniciar el sumario administrativo,
consignando los fundamentos de hecho y de derecho y los documentos de respaldo,
en el caso que hubiere lugar. Dicho informe no debe tener el carácter de
vinculante; y,
3. Recibido el informe, la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos, mediante providencia, debe remitirlo a
la Unidad Administrativa del Talento Humano para que esta, en el término de
cinco (5) días, inicie la sustanciación del sumario administrativo.
De
lo citado, se puede establecer que la Junta Distrital de Resolución de
Conflictos es la encargada de resolver los sumarios administrativos a través
del Departamento de Talento Humano; sin embargo, es necesario considerar que no
pueden actuar como Juez y parte en los procesos de sumarios administrativos a
las y los docentes, en este caso se vulnera el derecho al debido proceso y la
seguridad jurídica, mismos que deben ser garantizados en todas las instancias.
Reforma
al Sistema de Sustanciación de los Sumarios Administrativos de las y los
Docentes.
Lo
que busca el principio de imparcialidad es la existencia de igualdad entre la
administración y los funcionarios; sin que llegue a existir alguna diferencia,
por cuanto los funcionarios públicos que se encuentran investidos de la
potestad sancionatoria no deben actuar como jueces y parte en la resolución de
los procesos administrativos, ya que podría incurrir en ciertas interferencias
y violentar al debido proceso.
El
Estado ecuatoriano al contar con una Constitución garantista de derechos y
justicia social, debe garantizar que todos los procesos administrativos que
tengan como objetivo sancionar al servidor público, prevalezca la igualdad y la
equidad, por cuanto las reglas para la sustanciación de los procesos de sumarios
administrativos deberán ser las mismas para todos los servidores públicos e
incluidos las y los docentes. Sin embrago, hemos podido observar que no se
aplican las mismas reglas a los procedimientos a través de los cuales se
sustancia los Sumarios Administrativos a los diferentes grupos de servidores
púbicos.
En
este contexto, es necesario realizar una modificación a la forma en la que
actualmente se sustancia los sumarios administrativos a las y los docentes, por
cuanto es indispensable que estos procesos sancionatorios sean conocidos,
investigados y sustanciados por entes y personas imparciales que no tengan
interés en la causa y peor aún, se permita que, mediante la sustanciación de
estos procesos, los mismos se puedan convertir en jueces y partes a la vez.
Bajo
este contexto, la sustanciación de los procesos de sumarios administrativos de las
y los docentes no debería permitirse, puesto que quienes conocen o investigue
estas presuntas faltas disciplinarias, forme parte en sustanciación o
resolución de los procesos de sumarios administrativos, en este sentido debe
garantizarse la separación de funciones y respetar el principio de
imparcialidad al cual tiene derecho las y los docentes que se encuentren
inmersos en un proceso administrativo sancionador.
La
existencia de un órgano independiente que sea el responsable de la
sustanciación de los procesos de sumarios administrativos de las y los docentes
no solo garantizarán el debido proceso y el principio constitucional de
imparcialidad, sino que también asegura el respeto a la seguridad jurídica; por
cuanto se estaría cumpliendo con lo que determina la Constitución de la
República, literal k numeral 7, artículo 76: “Ser juzgado por una jueza o juez
independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción
o por comisiones especiales creadas para el efecto”.
Bajo
ningún concepto se puede permitir que la sustanciación de procesos de sumarios
administrativos a las y los docentes, se resuelvan dentro de la misma
institución y en dos departamentos; que actúan como jueces y partes dentro de
las etapas de investigación, etapa de prueba y de audiencia. Por consiguiente,
es recomendable que se respete el principio de imparcialidad y que las
instituciones y sus funcionarios no sean jueces y parte en la sustanciación de
procesos sancionatorios, por cuanto esto podría acarrear la nulidad del
proceso.
A
más de establecer un órgano imparcial que sea el encargado de la sustanciación
de los procesos de sumarios administrativo a las y los docentes, la
administración pública debe contar con personal capacitado para la
sustanciación de estos procesos sancionatorios, por cuanto consideramos que es
razonable que quienes sean los responsables de sustanciar estos procesos
cuenten con títulos a fines a derecho, para garantizar el principio de
transparencia e imparcialidad.
Metodología
La presente investigación es de tipo no
experimental, por cuanto no se manipulan variables. El tipo de investigación es
cualitativa puesto que se ha realizado a través de fundamentación teórica, ley,
fuentes de datos bibliográficas que han permitido obtener información relevante
sobre el tema de investigación. El nivel de investigación es descriptivo, por
lo tanto, se realizó bajo las premisas de un enfoque cualitativo a través del
análisis crítico de las fuentes del derecho, recabando información y datos
relevantes sobre la sustanciación de los procesos de sumarios administrativos a
las y los docentes.
Es de alcance descriptivo, según Sabino (1986) trabaja sobre realidades de hechos, y su
particularidad es presentar una interpretación correcta, radica en descubrir
algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos,
utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su
estructura o comportamiento. El método abordado
fue el Analítico – sintético, consistió en la desmembración o descomposición
del todo, es un proceso que permite separar o dividir el objeto en los aspectos
o cualidades que lo componen. (Rojas Soriano, 2010, pág. 151). La síntesis, por
el contrario, es el proceso que permite la integración para obtener una
comprensión general. (Villabella Armengol, 2014, pág. 936).
Para este trabajo de
investigación se ha utilizado el método inductivo - deductivo. Por cuanto el
método inductivo permite partir de aspectos, condiciones, análisis o resultados
particulares para llegar a generalizaciones, es decir, de lo particular a lo
general, por el contrario, el método deductivo parte de aspectos, condiciones,
análisis o resultados generales para aplicarlos a situaciones particulares.
(Salinas, 2013).
Resultados
Es
un poco retrogrado que en un Estado garantista de derechos y justicia social se
siga permitiendo que las sustanciaciones de estos procesos sancionatorios de
sumarios administrativos a las y los docentes en muchos casos sean resueltas a conveniencia
de quienes integran las famosas Juntas Distritales de Resoluciones de Conflictos
de los Distritos de Educación. Es por ese motivo, es necesario realizar una
propuesta en la cual se garantice el debido proceso respecto al artículo 346
del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, mismo que
trata sobre las “acciones previas”,
En
este contexto, es importante manifestar que el responsable de la Unidad de
Talento Humano y el director distrital no podrían ser parte de las juntas
distritales de resolución de conflictos por cuantos ellos estarían dirigiendo
todas las fases del proceso de sustanciación de los procesos de sumarios
administrativos y no se estaría garantizando la imparcialidad como tal; dentro
de estos procesos sancionatorios.
Para
lo cual nuestra propuesta está encaminada hacia la conformación una Junta Distrital
de resolución de conflictos integrada por tres profesionales que cuenten con
títulos a fines a derecho y tengan conocimiento de la normativa legal vigente
que sea aplicable al caso para la resolución de los procesos de sumarios
administrativos a las y los docentes.
Discusión
El
desarrollo del presente trabajo de investigación se inició analizando la
sustanciación del sumario administrativo a las y los docentes, así como el
principio de imparcialidad, mismo que se encuentra consagrado por la Constitución
de la República, con el fin de garantizar el debido proceso en la vía
administrativa y judicial. Del análisis realizado se encontró que en el
desarrollo de la sustanciación de estos procesos se limita el ejercicio del
derecho al debido proceso en la sustanciación de los sumarios administrativos
por cuanto al permitir que la Junta Distrital de Resolución de Conflictos
sustancie los sumarios administrativos y sean el ente de llevar todo el
proceso, se estaría vulnerando el debido proceso.
Al
ser la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Juez y parte en la
sustanciación de los procesos de sumarios administrativos a las y los docentes,
se estaría vulnerado el derecho al debido proceso, el mismo que debe ser
garantizado en todas las instancias y vías a través de las cuales se sustancie
un determinado proceso.
Conclusiones
En
el desarrollo de la presente investigación hemos concluido que, en principio
existe vulneración al principio constitucional de imparcialidad; por cuanto en
la sustanciación de los procesos de sumarios administrativos a las y los
docentes se estaría permitiendo que las juntas distritales sean juez y parte a
la vez. Incumpliendo así con lo determina la Constitución de la Republica en literal
k, numeral 7 del artículo 76 por cuanto de una u otra manera las Juntas
Distritales de Resolución de Conflictos no sería un ente imparcial en la
sustanciación de los sumarios administrativos de las y los docentes.
Es
necesario que se realice una reforma a la normativa, por cuanto; bajo ningún
concepto se puede permitir que los funcionarios públicos sea juez y parte en la
sustanciación de procedimientos administrativos, en virtud que esto vulnera el
debido proceso y con ello violenta el principio constitucional de
imparcialidad.
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