Resumen
Actualmente en
general la sociedad se ha visto afectada por la crisis sanitaria que provocó la
pandemia del COVID-19 que inició en el 2019 en China (Wuhan), ante ello el
Estado de la República del Ecuador implementó una ley denominada como Ley
Orgánica de apoyo Humanitario para prevenir estragos graves dentro de la
sociedad, sin embargo, la implementación de la misma viola o contradice lo
establecido en la Constitución del Ecuador cuya finalidad es la de promover el
desarrollo y distribuir de forma equitativa los recursos para que la población
en general tenga un buen vivir. El objetivo de la presente investigación es
analizar la inconstitucionalidad del reglamento a la ley de apoyo humanitario;
para ello se partió de un método inductivo deductivo puesto que partió de lo
general hasta llegar a lo particular, se realizó un análisis sintético con un
enfoque cualitativo, con un diseño fenomenológico de alcance
descriptivo-transversal, puesto que se centra en una revisión bibliográfica del
tema de interés durante un período de tiempo determinado y como herramientas se
usaron las distintas bases conceptuales, y teóricas. Como aporte dentro del
estudio se pudo identificar que no es solo un artículo el que vulnera los
derechos de los ciudadanos y con ellos a la constitución, son varios los
elementos de esta ley que han resultado ser inconstitucionales.
Palabras
clave: inconstitucionalidad; apoyo humanitario;
constitución; derecho; estabilidad laboral.
Abstract
Currently,
society has been affected by the health crisis that caused COVID-19 pandemic,
which began in 2019 in China (Wuhan), before this the State of the Republic of
Ecuador implemented a law called “Organic Law of Humanitarian Support”, to
prevent serious damage within society, however, the implementation of this law
contradicts the Constitution of Ecuador, all about the purpose of which is to
promote development and distribute resources so that the population has a good
quality of life. The objective of the investigation is to analyze the
unconstitutionality of the regulations to the humanitarian support law; For
this, we started from an inductive-deductive method, a synthetic analysis was
carried out with a qualitative approach, with a phenomenological design of
descriptive-cross-sectional scope, since it focuses on a bibliographic review
of the subject during a period of time and as tools They used the different
conceptual and theoretical bases. As a contribution, he was able to identify
that there are several elements of this law that have turned out to be unconstitutional
and violate the rights of citizens and the constitution.
Keywords:
unconstitutionality; humanitarian support; constitution; law; job security.
Resumo
Atualmente,
em geral, a sociedade tem sido afetada pela crise de saúde que causou a
pandemia COVID-19 que começou em 2019 na China (Wuhan), antes disso o Estado da
República do Equador implementou uma lei chamada Lei Orgânica de Apoio
Humanitário a prevenir sérios danos à sociedade, entretanto, sua implementação
viola ou contradiz o que está estabelecido na Constituição do Equador, que tem
por objetivo promover o desenvolvimento e distribuir de forma equitativa os
recursos para que a população em geral tenha um bom sustento. O objetivo da
presente investigação é analisar a inconstitucionalidade da regulamentação do
direito humanitário de apoio; Para tanto, partimos de um método indutivo
dedutivo já que partia do geral para o particular, foi realizada uma análise
sintética com abordagem qualitativa, com um desenho fenomenológico
descritivo-transversal, uma vez que se centra numa revisão bibliográfica sobre a
temática da interesse durante um determinado período de tempo e como
ferramentas foram utilizadas as diferentes bases conceituais e teóricas. Como
contribuição no estudo, foi possível identificar que não é apenas um artigo que
viola os direitos dos cidadãos e com eles a constituição, existem vários
elementos desta lei que se revelaram inconstitucionais.
Palavras-chave:
inconstitucionalidade; ajuda humanitária; constituição; lei; segurança no
emprego.
Introducción
Ecuador es un
país que se rige por un Estado constitucional de derechos, donde prevalece la
democracia, para así poder controlar los distintos poderes del Estado, además
de la actividad privada como pública. Con Constitución de la República del
Ecuador, se puede llevar a cabo la organización de derechos dentro del país,
para de esta manera evitar la vulneración de los mismos, y amparar a las
personas con medidas concernientes.
Actualmente, la
sociedad entera está atravesando una situación difícil a raíz del dictamen de
emergencia sanitaria a causa del COVID- 19, para lograr cierta estabilidad en
el país, de tal manera que la reactivación económica sea posible, se llevó a
cabo la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, misma que fue aprobada por la
Asamblea del Ecuador y no solo respalda desde el ámbito laboral, sino que
también tributario, educativo, inquilinato entre otros; sin embargo, dicha ley
no a cubierto las necesidades existentes en el área laboral, revocando derechos
fundamentales de los trabajadores con una afección en el bienestar de la
persona en distintos ámbitos de la vida.
Concomitante a
ello, el presente estudio se ha centrado en considerar la inconstitucionalidad
del reglamento a la Ley de Apoyo Humanitario, es decir, aquellos elementos
constitucionales de orden jurídico que protegen de la contraposición de leyes
ya preestablecidas, en este caso puntualmente de la Ley de Apoyo Humanitario,
la cual genera contraposiciones en el sistema, por ejemplo reduciendo la
jornada laboral, situación que afecta generando más pobreza ya que estimula la
irregularidad en este ámbito afectando tanto a los empleadores como empleados y
de manera subsecuentes repercutiendo en distintos ámbitos de la sociedad.
En el año 2019
inició la pandemia mundial por el virus SARS-CoV-2, pero en el Ecuador el
proceso de confinamiento se dio en marzo del 2020; lo cual provocó diversos
cambios en la dinámica de la sociedad; especialmente, en el ámbito educativo y
laboral. La emergencia sanitaria incrementó la crisis económica preexistente en
el país, siendo un factor determinante para el plan de contingencia que se
implementó para sostener las áreas de productividad económica y social. En el
marco normativo que regula todos los sistemas en el Estado ecuatoriano constan
derechos fundamentales para los trabajadores; no obstante, en los reglamentos
internos de cada organismo de gestión no existe políticas que respondan a las
necesidades desencadenadas por la pandemia.
Al ser una
situación que se presentó de manera intempestiva ninguno de los sistemas se
encontraba preparado para enfrentar el confinamiento requerido por la pandemia.
Durante los meses de marzo, abril y mayo se suscitaron varios eventos que
alteraban el orden social; tales como: cambio de modalidad de trabajo que pasó
de ser presencial a virtual, despidos intempestivos, cierre de las matrices
productivas, entre otras. Con estos antecedentes, en junio del 2020 se pone en
vigencia un nuevo documento normativo denominado Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario (2020), el cual contiene políticas emergentes para la contingencia
de los distintos problemas suscitados por la pandemia.
Dicho documento
ha presentado álgidas discusiones y debates, ya que se manifiesta que existe
una inconstitucionalidad en esta ley debido a que no respeta a cabalidad los
derechos fundamentales suscritos dentro de la Constitución de la República del
Ecuador; y en consecuencia a las cartas magnas internacionales, los cuales
están enfocados en garantizar y proteger el bienestar de los ciudadanos. Por lo
tanto, es tema de gran interés indagar sobre los vacíos e incompatibilidad que
presentan los documentos reguladores y gestores en el cumplimiento de derechos
y obligaciones de los trabajadores.
Las múltiples
denuncias de despidos intempestivos injustificados, privación de beneficios de
ley como la liquidación e indemnización, el incremento en las tasas de
desempleo y pobreza, las condiciones actuales del trabajo, las reducciones en
la jornada laboral y de los sueldos son tópicos que se alegan como una
vulneración de derechos constitucionales como el Art. 33 de la Constitución de
la República del Ecuador (2008) que dispone:
El trabajo es un
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización
personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
trabajadores el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones
y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente
escogido o aceptado (p.29).
En el problema
de investigación se establece la siguiente interrogante: ¿La Ley de Apoyo
Humanitario buscó ajustarse a las problemáticas del área laboral cayendo en una
posible inconstitucionalidad que vulnera derechos fundamentales de los
ciudadanos? Constando como objetivo general: Analizar la normativa emergente de
Apoyo Humanitario y el marco normativo constitucional en relación a la política
pública y gestión política del ámbito laboral.
Marco
Referencial
Conceptualización de inconstitucionalidad
La teoría del
derecho desde el ámbito democrático se plantea como una manera de regular la
conducta humana para garantizar la igualdad ciudadana en razón de los deberes y
obligaciones. La inconstitucionalidad según Ezquiaga (2001) es definida como:
“un tipo específico de invalidez que toma como parámetro a las normas
constitucionales; en las cuales se distingue un objeto de inconstitucionalidad
(formulaciones normativas interpretadas y no interpretadas) y las causas de la
inconstitucionalidad” (p. 9). Asimismo, Orunesu, Rodríguez y Sucar (2001)
manifiesta
que las normas inconstitucionales son inválidas, ya que carecen de todas las
condiciones que permitan verificar la validez.
En el Ecuador,
la Constitución de la República del Ecuador
(2008)
en
su Art. 424 expresa la supremacía constitucional con el siguiente escrito: “La
Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario
carecerán de eficacia jurídica” (p. 189). Por su parte, según Fajardo Arias (2020):
La
Constitución de la República, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, y el Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional establecen el control abstracto de
normas de carácter general, por medio de numerosas disposiciones normativas, en
las cuales se regula, de forma muy puntual, el órgano competente para anunciar
la elección, legitimación activa, legitimación pasiva, trámite, materia
impugnable o susceptible de control, principios ajustables, efectos de la
sentencia y otros temas de consideración. El control abstracto en sus distintas
materias es potestad única y privativa de la Corte Constitucional, de esta
forma lo determinan el artículo 436 numerales 2,3,4 y 10 de la Constitución de
la República (p. 12).
Inconstitucionalidad
formal
De acuerdo con
las causas de inconstitucionalidad se distingue las que son de índole formal y
material. En el caso del tipo formal son comprendidas como una vulneración de
las normas de la producción jurídica [NPJ], las que otorgan competencias
normativas, y se producen con la carencia de un documento normativo o por la
adjudicación dada a la autoridad para la construcción del documento.
Por otra parte,
se da también por vulneración de las NPJ que establecen el procedimiento
legislativo, lo cual se relaciona con la gestión u órgano legislativo que
ejecuta la aplicación; la vulneración surge de los problemas en el
procedimiento y en lo que se cuestiona la competencia de los órganos que están
a cargo del control constitucional. Es así que, Ezquiaga (2001) indica que
“declarar inconstitucionalidad por la violación de la ley por una vulneración
del reglamento parlamentario, significa enjuiciamiento de la interna corporis
acta” (p. 5).
Finalmente, por
vulneración de las NPJ relativas a la materia objeto de regulación se da cuando
no existe una delimitación clara de la materia correspondiente a cada categoría
normativa, el contenido normativo en la regulación de aquella materia y el
ámbito territorial, temporal y personal que se pueden desprender de cada
categoría. A pesar de que en este apartado se relaciona con la de tipo material
la diferencia se sitúa en que la falencia se encuentra en el documento
normativo que regula las materias (Orunesu, Rodríguez & Sucar, 2001).
Inconstitucionalidad
material
El objeto de
discusión en este apartado se sitúa en el análisis de los supuestos
inconstitucionales materiales, precisando una incompatibilidad en la
Constitución. La causa dependerá del significado que sea atribuido a la
formulación normativa, puesto que está supeditada a la interpretación. Ante
ello, se pronuncia un carácter cambiante y ambiguo, en el sentido estricto de
la democracia y los juicios explicativos de la constitucionalidad. No obstante,
el carácter cambiante se entiende por medio de sentencias interpretativas que
se clasifican de la siguiente manera: sentencias que estiman el recurso
(declarando un significado constitucional o inconstitucional); y, sentencias
que desestiman el recurso (declarando un significado constitucional o inconstitucional)
(Ezquiaga, 2001).
Derogación
La
conceptualización de derogación según Ezquiaga (2001) radica: “la voluntad de
una autoridad normativa de expulsar del sistema jurídico una norma” (p.10). La
acción de este apartado puede ser expresa o tácita. En la primera, tiene por
objeto formulaciones normativas no interpretadas; y, la segunda tiene por
objeto normas incompatibles con otras normas. Por medio de esta figura
política-jurídica se han contemplado distintas modificaciones de las normas
constitucionales y en el caso de la Ley de Apoyo Humanitario al momento no se
ha establecido una derogación normativa en los distintos ámbitos de aplicación.
Garantías
constitucionales en el ámbito laboral
Con respecto a
la máxima normativa legal del país que es Constitución de la República del
Ecuador (2008) se considera de gran relevancia el Art. 326 que se ubica en la
sección tercera denominada formas de trabajo y redistribución, en el numeral 2,
establece: “se indica que los derechos laborales son irrenunciables e
intangibles. Será nula toda estipulación en contrario” (p. 152). Del mismo
modo, dentro de los derechos del buen vivir, sección octava de trabajo y
seguridad social; en su Art. 33 se garantiza lo siguiente:
El trabajo es un derecho y un deber social, y un
derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El
Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto de su dignidad,
una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (p.29).
Debido a la
crisis sanitaria se desplegaron problemáticas económicas que se expresaron con
el incremento de despidos injustificados y aumento en los índices de pobreza en
el país. Con ello, el país enfrentó álgidos debates y discusiones con el
sistema de seguridad social de los trabajadores, existiendo una vulneración del
derecho promulgado en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 34
que indica:
El derecho a la seguridad social es un derecho
irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial
del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad,
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia,
transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales
y colectivas (p. 29).
El ente
regulador de la gestión de la seguridad social para los trabajadores es el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2011), el cual tiene como misión
proteger a la población que se encuentre afiliada a la misma, ya sea en una
relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de
enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, discapacidad, desempleo, invalidez,
vejez y muerte, de acuerdo al plan contratado; aspectos mencionados en el Art.
3 de la Ley de Seguridad Social según Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(2011). Concomitante, en el capítulo tres denominado del régimen de transición
de la Ley de Seguridad Social en su Art. 283 de prestación por cesantía, el
cual consiste en la entrega de dinero al afiliado por parte del IESS en caso de
que la persona se encuentre en condiciones de desempleo. En el artículo
contiguo innumerado indica que para solicitar el pago del fondo de cesantía el
afiliado deberá aportar veinte y cuatro aportaciones mensuales no simultáneas y
encontrarse cesante por un período de al menos sesenta días (IESS, 2011).
Código
del trabajo
Los
deberes y obligaciones de los(as) trabajadores se encuentran regulados por el Código
del Trabajo (2020), las mismas que contienen normas especiales que determinan
las clases de contrato de trabajo en el sector público o privado; y sus
respectivas acciones para con los trabajadores, en cuanto a las prestaciones,
servicios, beneficios salariales y demás. Por ello, la normativa expresa las
relaciones laborales entre empleado y empleador, en las cuales se especifica
las modalidades y limitaciones de trabajo que responden a los derechos de
irrenunciabilidad de derechos, protección judicial y administrativa.
Análisis
a la reforma al Código del trabajo
La reforma
realizada al Código del Trabajo antes de la emergencia sanitaria por COVID-19
fue en el año 2012; no obstante, el 22 de junio del 2020 se realizó la última
modificación para acuñar La Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis
sanitaria derivada del COVID-19, en respuesta a las condiciones laborales en la
pandemia. En cuanto a los derechos fundamentales de los trabajadores como la
irrenunciabilidad y la obligatoriedad del trabajo siguen considerándose bajo
los mismos parámetros.
Sin embargo, en
la última reforma al Código del Trabajo (2020) se implementaron nuevas normas
que cubrieron las necesidades visibilizadas durante la pandemia; tal es el caso
de la nueva modalidad de trabajo denominado teletrabajo, el cual se establece
en el Art. innumerado contiguo al Art. 16 en el cual se conceptualiza como:
Una forma de organización laboral, que consiste en
el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando
como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el
contrato entre trabajador entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la
presencia física del trabajador un sitio específico de trabajo… Los
trabajadores que prestan servicios de teletrabaja gozarán de todos los derechos
individuales y colectivos… El teletrabajo puede revestir una de las siguientes
formas: autónomos, móviles, parciales y ocasionales ( Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, 2020)
A pesar de que
se brindó una supuesta flexibilidad en el ámbito laboral durante la emergencia
sanitaria, existieron irregularidades en efectivo goce de derechos de los
trabajadores; es así que, el empleo y desempleo en el Ecuador durante el
período marzo del 2019 a septiembre 2020 registraron las siguientes
estadísticas: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2020) reporta
estadísticamente que la tasa de desempleo ha ido aumentado en el país, pasando
de un 4.6% a un 6.6% respectivamente, por su parte, el empleo ha ido decayendo
de un 37.9% a un 32.1%, sin embargo, la mayor parte de la población recae en el
sector activo con 7,8 millones de personas económicamente activas, a pesar de
que 12,5 millones de personas se encuentran en edad de trabajar (Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, 2020). Los motivos por los cuales se dejó de
trabajar están los siguientes: liquidación de empresa [5,3%], despido
intempestivo [32,5%], renuncia voluntaria [10,8%], suspensión de partidas
[1,1], terminación de contrato [27,1%], fue mal en el negocio [8,1%], terminó
del ciclo agrícola [1,7%],se jubiló o pensionaron [1,0%] y otros [12,3],
entendiendo que la cantidad de despidos según el sexo estuvo más ligada a
hombres; sin embargo, en el apartado de renuncia voluntaria y el conglomerado
de otro las mujeres presenta mayor incidencia (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2020).
Uno de los más
grandes inconvenientes fue el despido intempestivo que realizaron varias
empresas y de forma masiva, las cuales alegaron en el Art. 169 del Código del
Trabajo (2012) denominado causas para la terminación del contrato individual
que expresa en su numeral 6: “Por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión,
plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento
extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no pudieron
evitar”. Bajo esta figura jurídica se generó una multiplicidad de despidos
intempestivos que en muchos casos los trabajadores perdieron los beneficios de
ley sobre las prestaciones laborales como liquidaciones e indemnizaciones que
en varios casos no se han pagado hasta el momento.
Las
liquidaciones son contempladas por el Código del Trabajo en el Art. 185:
Bonificaciones por desahucio en el que se manifiesta lo siguiente:
En los casos de terminación de la relación laboral
por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por
ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los
años de servicios prestados a la misma empresa o empleador. Igual bonificación
se pagará en los casos de que la relación laboral termine por acuerdo entre las
partes. El empleador, en el plazo de quince días posteriores al aviso del
desahucio, procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones
correspondientes y demás derechos que le correspondan al trabajador (Código del
trabajo, 2020).
De igual manera,
en el Código del Trabajo en el Art. 188: Indemnización por despido
intempestivo, el empleador que despidiera intempestivamente será condenado a
indemnizarlo, en conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente
escala: hasta tres años de servicio el valor a pagar corresponde a tres meses
de remuneración; más de tres años, con el valor equivalente a un mes de
remuneración por cada año de servicio, sin que exceda un valor de veinticinco
meses de remuneración; y finalmente, la fracción de un año se considerará como
un año completo.
Por otra parte, los
cambios en la dinámica laboral contemplaron una reducción salarial, reducción
de horas de trabajo, contrato emergente y goce de vacaciones. En el caso de las
vacaciones es el único aspecto contemplado en el Código del Trabajo (2020),
dicho artículo es el siguiente:
Art. 69.- Vacaciones anuales. - Todo trabajador
tendrá derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de 15 días de
descanso, incluidos los días no laborales. Los trabajadores que hubieran
prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o empleador,
tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de
los años excedentes… El trabajador recibirá por adelantado la remuneración
correspondiente (P. 41).
Este artículo garantiza la salud del trabajador, la
cual por inicio constitucional se encuentra predeterminado en el Art. 326 de la
Constitución, considerándose una garantía que extiende el Estado en protección
del trabajador.
Ley de Apoyo Humanitario
En
diciembre del 2019, en China (Wuhan), surge un nuevo virus el cual se
caracteriza por la facilidad de transmisión que tiene desde los animales a las
personas generando cuadros clínicos complejos y en ocasiones incomprensibles
según el estado del organismo de la persona, yendo desde un resfriado, picor de
garganta e incluso ser asintomático hasta condiciones más complejas que pueden
desembocar en la muerte o repercusiones graves al estado de salud (Ministerio
de Salud Pública, 2019). Dicho virus, se caracteriza por la
facilidad que tiene para transmitirse, provocando una contaminación masiva en
sociedad de tal manera que ha traspasado fronteras y ha llegado afectar
diversos países entre ellos Ecuador.
Cuando
el COVID 19 llega al país, se declara estado de excepción por la emergencia
sanitaria, por lo que la población debe de guardar una cuarentena para evitar
el contagio masivo; es así que, el país experimenta un deterioro económico y el
sistema sanitario empieza a decaer, repercutiendo en distintos ámbitos, por lo
cual en la Asamblea del Ecuador aprueba una la Ley Apoyo Humanitaria con la
perspectiva de ayudar a mitigar la crisis sanitaria social y económica que se
generó en el país.
Dicha
ley parte de lo establecido en el Art. 3 de la Constitución de la República del
Ecuador y se expone en el Reglamento General de
la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (2020), que el Estado
tiene la obligación de “planificar el desarrollo nacional, erradicar la
pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de
los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir” (p. 1). Además, se
sustenta en otros artículos de la Constitución como el 85 que promueve a la
solidaridad, el Art. 261 que trata sobre “el Estado Central tendrá competencia
exclusiva sobre las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria,
fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento” (p. 1), en el Art 284 se
explica que “uno de los objetivos de la política económica consiste en mantener
la estabilidad económica, entendida ésta como el máximo nivel de producción y
empleo sostenibles en el tiempo” (p.1);el Art 286 “las finanzas públicas, en
todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y
transparente y procurarán la estabilidad económica” (p.1); y finalmente el Art
300 donde se declara que “el régimen tributario se regirá por los principios de
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa,
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria” (p.1).
Análisis y fundamento de la Ley de Apoyo Humanitario
La Ley de Apoyo
Humanitaria está constituida por cinco capítulos que abarca el alcance que va a
tener, es decir, de todo el territorio nacional, la implementación de medidas
solidarias para el bienestar social, centrada en identificar prioridades de
atención para velar el cumplimiento de derechos fundamentales.
Las áreas que la
Ley de Apoyo Humanitario son diversas, puesto que abarca aspectos macro del
sistema ecuatoriano socio-jurídico; tales como: en el capítulo I generalidades
en el que se explica el objeto y ámbito de aplicación de la ley; capítulo II
denominado medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación
productiva que incluye aspectos como las pensiones educativas, suspensión de
desahucio en razón de inquilinato, mantenimiento de los precios de servicios
básicos, prohibición de cancelación de contratos, reprogramación de seguros de
vida, protección del empleo dentro del sector privado, y con ello la
estabilidad laboral (Ley de Apoyo Humanitaria, 2020).
Por
consiguiente, en el capítulo III se hace mención a las medidas para apoyar la
sostenibilidad del empleo, ya que se promueve la reactivación productiva
estableciendo normativa para las nuevas modalidades de trabajo, aspectos de
remuneraciones, jornadas laborales, entre otros. En el capítulo IV manifiesta
un concordato preventivo excepcional y medidas para la gestión de obligaciones;
y, el capítulo V trata disposiciones generales y de normas que reglamentan las
disposiciones transitorias de la ley orgánica de apoyo humanitario para
combatir la crisis sanitaria a raíz del COVID-19 correspondientemente (Ley de
Apoyo Humanitaria, 2020).
Todos estos
ámbitos los cuales se consideran, sirven para proteger los derechos de las
personas trabajadoras, sin embargo, según el Dr. Freddy Carrión Presidente de
la Defensoría del Pueblo manifiesta que esta ley va en contra de lo establecido
en la Constitución de la República del Ecuador; y por tanto, es incompatible
con los objetivos del milenio que tiene el gobierno llegando a facilitar la
inequidad entre empleados y empleadores, disminución de salarios, fomentación
de despidos intempestivos, y con ello la inestabilidad del país desde lo
laboral llegando a violentar algunos de los derechos por los cuales se ha
luchado.
Análisis normativo de la Ley de Apoyo Humanitario en relación al ámbito
laboral
Los
derechos de la población en relación al acceso al trabajo, repercute en otros
ámbitos dentro de la sociedad, específicamente en el económico como por ejemplo
el contrato especial emergente para trabajadores el cual en el artículo 19
establece lo siguiente:
Es aquel contrato individual de trabajo
por tiempo definido que se celebra para la sostenibilidad de la producción y
fuentes de ingresos en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o
líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del
negocio, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y
servicios por parte de personas naturales o jurídicas, nuevas o existentes o en
el caso de necesidades de mayor demanda de producción o servicios en las
actividades del empleador (Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, 2020, p.9).
Lo
establecido en dicha ley se contrapone a la estabilidad laboral, al “no” de
una situación precaria laboral puesto que promueve la inestabilidad del
trabajador, por tanto, vulnera los derechos de las personas tal y como lo
estableció la ONU en 1948, donde declaró que el trabajo es un derecho humano y
social del cual debemos disfrutar todas las personas y por ellos existen
principios para el mismo, tales como: el de libre elección laboral, equidad,
estabilidad laboral, no precariedad laboral y principalmente protección ante el
desempleo. Además, implementando este artículo, se violenta la declaración de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1998, donde se ordena que
los distintos Estados deben de garantizar los derechos del trabajador, ante
ello, en Ecuador en el 2008 se estableció en la Constitución el derecho al
trabajo como parte del deber social además de la realización personal y el
aporte económico que hace a la sociedad (Jaramillo &
Vásquez, 2021).
Otro
de los apartados de gran relevancia es la reducción emergente de la jornada de
trabajo; y a su vez, la reducción salarial, estipulada en el Art. 20 de la ley
de apoyo humanitario y que expresa:
Por eventos de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente justificados, el empleador podrá reducir la jornada
laboral, hasta un máximo del 50%. El sueldo o salario del trabajador
corresponderá, en proporción, a las horas efectivamente trabajadas, y no será
menor del 55% de la fijada previo a la reducción; el aporte a la seguridad
social pagarse con base en la jornada reducida…. Esta reducción podrá aplicarse
hasta por un año, renovable por el mismo periodo y por una sola vez (p. 9).
Esta
medida normativa intenta mantener el producto interno bruto (PIB) y mitigar el
gasto gubernamental a nivel nacional que representa la emergencia sanitaria.
Asimismo, se busca proteger los trabajos, tanto públicos como privados ya que
se considera una prioridad. No obstante, la reducción de personal durante la
crisis aumentó los índices de pobreza y podría impedir el proceso de
recuperación posterior a la crisis en términos económicos e indicadores
sociales. Este respaldo normativo, pese a ser justificado por las
circunstancias no deja de violentar derechos fundamentales establecidos en la Carta
Magna del Ecuador, entre los artículos vulnerados son los siguientes: Art. 3
Núm. (5) como deberes primordiales del Estado está el erradicar la pobreza, Art.
276 Núm. (6) con respeto al régimen de desarrollo, se debe promover el
ordenamiento de actividades administrativas, económicas y de gestión; Art. 284
Núm. (6) sobre la política económica en el que se hace mención a impulsar el
pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respecto a los derechos
laborales; y finalmente, los Art. 320 En las diversas formas de organización de
los procesos de producción se estimulará una gestión participativa,
transparente y eficiente y Art. 369 que menciona que el seguro universal
obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad,
riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad,
muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las
contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red
pública integral de salud. Además, existe una vulneración a nivel de los marcos
normativos de derechos internacionales como en la Convención Americana de
Derechos Humanos, (1969) en su Art. 2.1. que manifiesta adoptar disposiciones
de derecho interno en relación a las medidas legislativas que fueran necesarias
para hacer efectivos los derechos y libertades.
Por
su parte, en el goce de vacaciones indicado en el Art. 21:
Los empleadores, durante los dos años
siguientes a la publicación de esta ley, podrán notificar de forma unilateral
al trabajador con el cronograma de sus vacaciones o a su vez, establecer la
compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones
devengadas (p.10).
Por
lo tanto, no guarda relación con lo manifestado en el Código del Trabajo con la
última reforma, en la que continúa manteniéndose bajo los parámetros que están
consonancia a la Ley Orgánica del Servicio Público (2017) que manifiesta:
Art.
27.-De la programación. - Para la concesión de las vacaciones se considerará
básicamente la fecha de ingreso, y el cronograma del plan de vacaciones
establecido por la UATH, a fin de que en el período al cual correspondan las
mismas se garantice continuidad en la atención de los servicios que presta la
institución y el goce del derecho de la o el servidor. Establecida la
programación de las vacaciones, se remitirá a los jefes inmediatos de cada
unidad, para que conjuntamente con las o los servidores se establezcan los
períodos y las fechas en que se concederán las mismas, observaciones que serán
remitidas a la UATH para su reprogramación y ejecución el próximo año, hasta el
30 de noviembre de cada año (p. 18).
En
la Ley de Apoyo Humanitario en su artículo 21 que hace mención al goce de las
vacaciones indica que la decisión será unilateral, excluyendo el poder de
decisión que tiene el empleado; es decir se omite la intención de consultar al
trabajador. El objetivo de las vacaciones es de índole recreativo y descanso
físico, mental y/o emocional que acarrea el trabajo, entendiéndose como una
forma de cuidar del bienestar médico de la persona.
A
modo de conclusión, se indica que en razón de las bases teóricas y conceptuales
se evidencia dos tipos de inconstitucionalidad de la Ley de Apoyo Humanitario
de carácter formal y material; es así que se evidencia inconsistencias en las
formulación y ejecución que no guardan relación con la carta magna del Ecuador
que promulga el bienestar del individuo, la familia y sociedad en
correspondencia a la estabilidad laboral y la vida justa.
Metodología
La presente
investigación se realizó con una modalidad cualitativa y enfoque no
exploratorio; además, se consideró el método inductivo-deductivo puesto que
inicia desde el análisis de conceptos generales hasta llegar a otros más
elementales y medulares del estudio que son aquellos particulares. Además, se
realizó un análisis sintético con un enfoque cualitativo, debido a que es una
revisión sistemática de la inconstitucionalidad del reglamento a la ley de
apoyo humanitario, con un diseño fenomenológico de alcance
descriptivo-transversal, puesto que se centra en una revisión bibliográfica del
tema de interés durante un período de tiempo determinado (Hernández, Fernández,
y Baptista, 2014)
Las herramientas
que se usaron fueron las distintas bases conceptuales, teóricas entre otros
relacionados al tema de estudio, la información que se recabó guardaba
características de carácter unificador. En relación con los aspectos éticos,
este estudio consideró la beneficencia, ya que los resultados serán de libre
acceso para aquellos lectores interesados en las temáticas afines o de ayuda
para futuras investigaciones; de tal modo que, puede llegar a brindar la
oportunidad de abordar otras problemáticas símiles (American Psychology
Association, 2010).
Resultados
Tras
el análisis minucioso de los diferentes documentos reguladores de la política
pública, la gestión en razón del ámbito laboral y la circunstancialidad de la
emergencia sanitaria que posee la normativa emergente de ley de apoyo
humanitario.
Proyecto
de reforma a la Ley de Apoyo Humanitario
Con
base en lo antes expuesto y vislumbrados los vacíos, inconsistencias y actos de
inconstitucionalidad de los derechos que protegen y garantizan el bienestar
integral del individuo trabajador y sus respectivas familias. Las condiciones
actuales de desempleo en estadísticas han superado a los índices de la última
década, el número de denuncias por despidos intempestivos, el incremento de los
índices de pobreza, las tasas de mortalidad, las limitaciones en el acceso a
los servicios de salud son consecuencias de una crisis económica que acentuó
con la pandemia experimentada. En respuesta a la ausencia de un plan de
contingencia en la gestión de riesgo y la falta de una legislación regulatoria
hace que se den acciones inconstitucionales que vulneran derechos y contribuyen
a la desigualdad social, convirtiéndose en un problema de justicia.
Exposición
de motivos
A
pesar de la ayuda que intentó llevar a cabo el actual gobierno de la República,
el mismo terminó por perjudicar más a la población entera, pues con la
imposición de esta nueva ley los derechos establecidos en otras instancias como
en la Constitución del Ecuador y con ello la carta Magna o de Montecristi
quedan relegadas jerárquicamente imponiendo los intereses de esta última ley e
incluso desvalorizando los tratados con entidades internacionales que defienden
los derechos de los trabajadores como lo es la Convención Humana de los
Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas [ONU], y la
Organización Internacional del Trabajo [OIT].
Considerandos
Que,
el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece al
trabajo como un derecho y un deber social.
Que,
el Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) el Estado
fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas.
Que,
el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce y
garantiza el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo,
empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros
servicios sociales necesarios.
Que,
el Art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) el régimen
construirá un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y
sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del
desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y
estable.
Que,
el Art. 284 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que
la política económica impulsará el pleno empleo y valorará todas las formas de
trabajo, con respeto a los derechos laborales.
Que,
el Art. 319 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce
diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará una
gestión participativa, transparente y eficiente.
Que,
el Art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) el Estado
garantizará el derecho al trabajo y reconoce todas las modalidades.
Que,
el Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) sustenta al
trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración y adoptará el diálogo
social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdo.
Que,
el Art. 369 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que
el seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad,
maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez,
discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de
las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red
pública integral de salud.
Que,
el Art. 4 del Código Orgánico del Trabajo (2020) indica que los derechos del
trabajador son irrenunciables.
Que,
el Art. 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (1969) el trabajo
o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
Proyecto
de reforma a la Ley de Apoyo Humanitaria
Al no considerar
los derechos que están siendo violentados como se lo ha analizado y expuesto se
considera como propuesta incluir el Código del trabajo para la reforma de las
leyes que son inconstitucionales para así asegurar las garantías, derechos y principios
de la constitución.
En el caso del
Art. 19 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitaria expone:
Contrato
especial emergente.- Es aquel contrato individual de trabajo por tiempo
definido que se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de
ingresos en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de
negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio,
modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y
servicios por parte de personas naturales o jurídicas, nuevas o existentes o en
el caso de necesidades de mayor demanda de producción o servicios en las
actividades del empleador. El contrato se celebrará por el plazo máximo de un
(1) año y podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. La jornada
laboral ordinaria objeto de este contrato podrá ser parcial o completa, con un
mínimo de veinte (20) y un máximo de cuarenta (40) horas semanales,
distribuidas en un máximo de seis (6) días a la semana sin sobrepasar las ocho
(8) horas diarias, y su remuneración y beneficios de ley serán proporcionales,
de acuerdo con la jornada pactada. El descanso semanal será al menos de
veinticuatro horas consecutivas. Las horas que excedan de la jornada pactada se
pagarán con sujeción a lo determinado en el artículo 55 del Código del Trabajo.
Al terminar el plazo del contrato o si la terminación se da por decisión
unilateral del empleador o trabajador antes del plazo indicado, el trabajador
tendrá derecho al pago de remuneraciones pendientes, bonificación por desahucio
y demás beneficios de ley calculados de conformidad al Código del Trabajo. Si
finalizado el plazo acordado se continúa con la relación laboral, el contrato
se considerará como indefinido, con los efectos legales del mismo
Ante este
artículo se propone que para contrarrestar los efectos colaterales que deja la
pandemia por COVID 19, las personas podrán acogerse al Art 17 del Código del
trabajo (2012), donde se expone la apertura a laborar eventualmente, la persona
queda amparada con el porcentaje del salario de acorde a su rendimiento y el
contrato se lleva a cabo de acuerdo a las necesidades evitando los despidos
imprevistos e intempestivos; incluso puede acogerse al artículo 14 del mismo
organismo en el caso del empleador pues delimita la estabilidad mínima de un
trabajador permitiendo que este pueda ser estable o de contrato permanente.
Discusión
A lo largo de
este estudio se ha podido identificar que a pesar de los intentos que ha
llevado a cabo el actual gobierno para evitar estragos fuertes como
consecuencia de la pandemia del COVID 19, los mismos no han llegado a ser lo
suficientemente apropiados para afrontar la situación, e incluso los mismos
como parte de una solución a los problemas actuales parece ser que violentan
algunos de los derechos de los cuales disfrutamos y estaban previamente
estipulados desde la constitución de la República del Ecuador 2008,
principalmente de aquellos relacionados con el área laboral como son los
artículos 19 y 20.
En la actual Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario, algunos de los artículos que se proponen como
parte de solución de la crisis sanitaria debe continuar siendo analizado hasta
que se declare su inconstitucionalidad debido a las violaciones de derechos que
se imputa con la ejecución de la misma.
Villavicencio
(2020) citado en la Defensoría del Pueblo (2020) indica que La Unión General de
Trabajadores realiza un comentario sobre la aplicación de lo puesto en la ley
implica que los ciudadanos renuncien a su derecho del trabajo, ante ello se
solicitó desde el 2 de Julio del 2020 que no se aplique lo contemplado en dicha
ley hasta que la Corte Constitucional emita una orden definitiva.
Concomitante a
ello, autores como Jaramillo y Vásquez (2021), explican que dicho proceso
prosigue hasta la actualidad y la inconstitucionalidad e irregularidades que
presentan algunos artículos, esta Ley de Apoyo Humanitario sigue en revisión, y
en caso de que se evidencie dicha violación de los derechos establecidos en la
Constitución esta ley deberá ser reformada o dejar de ser parte del orden
jurídico del Estado ecuatoriano, todo ello con la finalidad de no violentar los
principios que se encuentran en la constitución.
Frente a esta
gran problemática que está afrontando el país, lo único que queda es esperar
que la línea pobreza siga creciendo, debido a que la fuente principal para
obtener recursos es el trabajo y esta se está viendo vulnerada al quitarle los
derechos de los misma a los ciudadanos promoviendo irregularidades injusticia y
un retroceso desde el área laboral.
La
inconstitucionalidad que se presenta en la ley de apoyo humanitaria responde a
la clasificación de tipo formal, identificada como la vulneración de la
normativa de producción jurídica que establecen los procedimientos
legislativos, ya que previo a la pandemia no se contaban con un documento
legislativo regulador de las problemáticas deslindadas a partir de la
emergencia sanitaria. No obstante, se considera a la vez una
inconstitucionalidad de tipo material debido a que la pandemia por COVID-19
estaba considerada como un evento fortuito, pero no se contaba con un plan de
contingencia que pudiese mitigar los efectos de la crisis en las distintas
áreas como: educación, salud, económico, social, laboral, entre otros.
La
incompatibilidad de la política pública y en consecuencia su gestión; y de las
normas que se ejecutan en razón de la emergencia sanitaria actúan en contra de
los principios fundamentales en beneficio de los derechos de los ciudadanos.
Ante ello, las innumerables denuncias desde el ámbito laboral han sido objeto
de análisis y crítica sobre la ejecución de normas que no respetan el derecho
primordial de igualdad y equidad ciudadana. Dichos fenómenos residen en las
antinomias de la formulación normativa interpretada y la atribución de
significado aplicado en un contexto con una multiplicidad de realidades tanto
sociales como personales.
Conclusiones
1. A
pesar de que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario fue creada para hacer frente
a la crisis económica, política, social y sanitaria que deriva de la pandemia
por COVID19, la aplicación de la misma vulnera los derechos de las personas
principalmente desde el área laboral, pues con dicha ley se violan los derechos
de los trabajadores establecido en el artículo 328 de la Constitución de la
República del Ecuador (2020), donde menciona que la persona que trabaja tiene
derecho a un salario digno que le permita cubrir los gastos de sus necesidades
básicas y no solo de él o ella, sino de la familia en general.
2.
En
los artículos 19 y 20 de la nueva ley contradice a lo manifestado en la
Constitución pues alude a un contrato emergente que no vela por la persona sino
que está elaborado principalmente para mantener la producción, en el mismo
artículo 20 explicita que el empleador goza del derecho de reducir la jornada
laboral al 50% en caso de ser necesario para la empresa, pero no se consideran
las necesidades del trabajador, además se consideran los despidos
intempestivos, y en caso de desahucios o indemnizaciones estas se harán
considerando el último salario que se obtuvo.
3.
Por
otra parte, el artículo 27 de la nueva ley impone que las vacaciones desde el
ámbito laboral sean consideradas por los empleadores, cuando en la Constitución
del Ecuador promulga que la persona tiene libertad de trabajar en aquello que
desee y elegir su periodo vacacional y también viola lo establecido en la
Convención Americana de Derechos Humanos en su Art. 2.1. que el trabajador puede
realizar la programación de sus correspondientes vacaciones.
4.
Mediante
el análisis y exposición del presente trabajo queda demostrado que existe una
violación a la constitución que desemboca en la inconstitucionalidad de los
artículos expuestos de la ley de apoyo humanitario pues está atenta a los
estamentos jurídicos contemplados en la constitución que tiene la finalidad de
hacer respetar lo expuesto en la misma.
5.
El
tema abordado y la propuesta expuesta son de suma importancia desde el ámbito
legislativo para todos los ecuatorianos, pues por una parte se ha expuesto la
realidad que estamos atravesando y como nuestros derechos se han visto
corrompidos y vulnerados, de tal manera que mucha parte de la población ni se
ha enterado de los mismos, pero, si notan como les están afectando las reformas
impuestas por el estado ecuatoriano y ya no únicamente a nivel sanitario donde
el contagio masivo impide que todos sean atendidos en son de calidad y de sus
derechos, sino que económicamente de tal manera que es un gran colectivo el
que se ve severamente afectado por las transgresiones de las garantías que
están en la Carta Magna.
6. Ahora
a pesar de que estas inconsistencias fueron explicitadas en el 2020, aún en el
2021 no se obtiene un resultado de la resolución de la misma realmente se
desconoce si con todas las peticiones para la revisión de la misma ley sólo se
irán a modificar aquellos artículos que directamente transgreden y violentan
los derechos que los mismos serán declarados inconstitucionales; qué sucederá
con las contradicciones entre la ley de apoyo humanitario y la constitución?,
será que esta nueva ley tenga mayor peso?. Y ante todo ello hay que recordar
que, según la carta de Montecristi, la elemental para garantizar los derechos
escudriña que los mismos son inherentes al ser el estado ecuatoriano un país
constitucional y por tanto se espera que los mismos sean cumplidos por la
jerarquía que guarda esta desde lo jurídico.
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