Resumen
La aplicación de
la justica indígena en Ecuador acarrea excesos en cuanto a la competencia para
juzgar conflictos internos ocasionados entres sus miembros y dentro de las
comunidades, pueblo y nacionalidades indígenas. El objetivo es analizar la
competencia indígena, mediante fundamento doctrinario, teórico y derecho
comparado para delimitar que casos entran en los “conflictos internos” que
establece la Constitución ecuatoriana y que faculta conocer y resolver a las
autoridades indígenas. La investigación fue de tipo mixta con énfasis en lo
cualitativo, se aplicaron métodos como el inductivo-deductivo, analítico
sintético y comparativo. Se estableció como resultado que el estado ecuatoriano
no ha desarrollado normativa infraconstitucional que regule temas como la
competencia en razón de la materia y etapas del proceso de juzgamiento, que
garantice los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución ecuatoriana
e instrumentos internacionales. Como aporte se estableció la necesidad
imperiosa de crear un código orgánico para la aplicación de la justicia indígena
que garantice el bien jurídico protegido.
Palabras
clave: Derecho constitucional; población indígena;
sociedad multiétnica; conocimientos tradicionales; derecho comparado.
Abstract
The
application of indigenous justice in Ecuador leads to excesses regarding the competence
to judge internal conflicts caused among its members and within the indigenous
communities, people and nationalities. The objective is to analyze indigenous
competence, through a doctrinal, theoretical and comparative law basis to
define which cases fall into the "internal conflicts" established by
the Ecuadorian Constitution and which empowers the indigenous authorities to
know and resolve. The research was of a mixed type with emphasis on the
qualitative, methods such as inductive-deductive, synthetic analytical and
comparative methods were applied. As a result, it was established that the
Ecuadorian state has not developed infra-constitutional norms that regulate
issues such as competence in terms of the subject matter and stages of the
trial process, which guarantee the fundamental rights recognized in the
Ecuadorian Constitution and international instruments. As a contribution, the
imperative need to create an organic code for the application of indigenous
justice that guarantees the protected legal good was established.
Keywords:
Constitutional right; indigenous population; multiethnic society; traditional
knowledge; comparative law. (Words taken from the Unesco Thesaurus)
Resumo
A
aplicação da justiça indígena no Equador acarreta excessos em termos de
competência para julgar os conflitos internos causados entre seus membros e
dentro das comunidades indígenas, povos e nacionalidades. O objetivo é analisar
a competência indígena, a partir de uma base doutrinária, teórica e de direito
comparado para definir quais casos se enquadram nos “conflitos internos”
estabelecidos pela Constituição equatoriana e quais capacitam as autoridades
indígenas para saber e resolver. A pesquisa foi de tipo misto com ênfase na
qualitativa, foram aplicados métodos como indutivo-dedutivo, sintético
analítico e comparativo. Como resultado, constatou-se que o Estado equatoriano
não desenvolveu normas infraconstitucionais que regulem questões como a
jurisdição em razão da matéria e as etapas do processo judicial, que garantam os
direitos fundamentais reconhecidos na Constituição equatoriana e nos
instrumentos internacionais. Como contribuição, estabeleceu-se a necessidade
imperiosa de se criar um código orgânico de aplicação da justiça indígena que
garanta o bem jurídico protegido.
Palavras-chave:
Direito constitucional; população indigena; sociedade multiétnica; conhecimento
tradicional; lei comparativa.
Introducción
En Ecuador, las
Constituciones de 1998 y 2008, reconocen la plurinacionalidad y la
interculturalidad, dando origen a lo que se conoce como pluralismo jurídico,
dicho en otras palabras, permiten reconocer la existencia de múltiples sistemas
jurídicos como nacionalidades existentes en el territorio ecuatoriano.
La Constitución
de la República del Ecuador (más adelante CRE), en su artículo 171, otorga a
las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, ejercer
funciones jurisdiccionales, es decir, reconoce la administración de justicia
indígena en el Ecuador, como un derecho para sus miembros.
El inciso
segundo del artículo en referencia establece: “Las autoridades aplicarán normas
y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no
sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en
instrumentos internacionales” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Por un lado, del análisis de artículo citado se puede determinar con exactitud
la jurisdicción, más no la competencia indígena; por otro lado, la disposición
constitucional aludida señala que aplicarán normas y procedimientos propios
para la solución de sus conflictos internos, sin determinar si son conflictos
jurídicos o sociales.
El vacío legal
existente en el marco jurídico ecuatoriano con respecto a la competencia, deja
abierto una competencia global, con esto nos permite considerar que en teoría
la jurisdicción y competencia indígena podría explayar en todas las esferas,
alcanzando la penal (Carpio Frixone, 2015); tanto el vacío legal como el
desconocimiento de la norma por parte de los administradores de justicia
indígena, conlleva que sus resoluciones sean arbitrarias y en la mayoría de los
casos contrarias al ordenamiento constitucional.
Es fundamental
delimitar la competencia de los administradores de justicia indígena para
facilitar el conocimiento y resolución de los conflictos internos y evitar, por
un lado, el obstáculo de la aplicación de la competencia ordinaria; y, por otro
lado, evitar la vulneración de derechos fundamentales de las personas.
El presente
trabajo está orientado a demostrar la falta de norma, respecto a la competencia
indígena en el Ecuador, así como, la necesidad de crear una norma infra
constitucional donde se tipifique el procedimiento a aplicar en la solución de
conflictos dentro de las comunidad, pueblos y nacionalidades indígenas,
delimitando la competencia que tienen las autoridades indígenas, lo que iría a
la par con el procedimiento ordinario como la aplicación del Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Código Orgánico General de
Procesos; Código Orgánico Integral Penal y más normas procedimentales, evitando
que la competencia indígena por falta de norma sea privilegiada y global.
En el primer
apartado, se hace una puntualización histórica y fundamentación teórica de la
naturaleza jurídica de la competencia indígena en el ordenamiento jurídico del
Ecuador y la forma de aplicación de la misma; en el segundo apartado se realiza
un análisis de las normas constitucionales de algunos países de Latinoamérica
con el fin de determinar el marco constitucional sobre el cual se desarrolla la
competencia indígena; en el tercer apartado se enfoca la competencia indígena
conforme el artículo 171 de la CRE; análisis de la sentencia número
113-14-SEP-CC, caso número 0731-10-EP (caso La Cocha); finalmente, se deja enfatizado
la necesidad de incluir en la legislación ecuatoriana una norma infra
constitucional que delimite la competencia indígena con el fin de evitar la
contraposición entre la jurisdicción indígena y ordinaria.
En base al
argumento jurídico ecuatoriano esgrimido y la ausencia de una norma infra
constitucional, nace la siguiente interrogante ¿Las autoridades indígenas del
Ecuador exceden la competencia establecida en la norma constitucional?
Desarrollo
El derecho indígena; historia y
fundamentación teórica en el ordenamiento jurídico del Ecuador.
Los
pueblos indígenas en el Ecuador al igual que con los países andinos o de Latino
América, tienen sus antecedentes en las legislaciones coloniales y de la época
independiente. Antes de la conquista española, gran parte de lo que ahora es el
territorio nacional ecuatoriano estaba integrado sobre un régimen altamente
estructurado, conocido como imperio inca, sobre el cual ejercía su dominio.
Según
estudios realizados desde la década de los setenta, las constituciones de
América Latina empezaron a reconocer la existencia y algunos derechos
específicos a las comunidades indígenas; sin embargo, al primar la identidad
Estado – Derecho no se reconocía formalmente a las autoridades indígenas, con
la potestad de aplicar su propio sistema normativo en toda su plenitud tal y
como lo refieren en sus estudios Tibán Guala (2001); Ávila Santamaría (2008); y, Serrano Cajamarca (2015).
Para
Ayala Mora (2002) Ecuador fue el primer Estado en introducir
en la Constitución, las disposiciones que legalizan, reconocen y facultan este
tipo de administración de justicia; por lo tanto, con las Constituciones de
1998 y 2008, donde se consagran la plurinacionalidad y la interculturalidad, dan
origen a la existencia de múltiples sistemas jurídicos como nacionalidades en
el territorio ecuatoriano, lo que se conoce hoy como pluralismo jurídico.
Al
inicio de la República, los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas
no fueron reconocidos por el Estado, la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador CONAIE, creada el 16 de noviembre de 1986 como movimiento
político congrega a todos los grupos indígenas del Ecuador con el objetivo de
la defensa de las nacionalidades indígenas ecuatorianas en los frentes
económico, socio-cultural y político; defendiendo el derecho a la autogestión
de los territorios étnicos, la subsistencia de los rasgos culturales de la
identidad indígena y la plena equiparación del indigenado respecto al resto de
los ciudadanos (Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE), 1986).
La
Constitución Política de la República de Ecuador (1998) en su artículo 1 establecía: “El Ecuador es un estado
social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural
y multiétnico (…)” (pág. 1); además, en
su artículo 84 reconocía una serie de derechos colectivos a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, como el
derecho a mantener la posesión de sus territorios ancestrales, desarrollar y
mantener su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico,
social, político y económico, su derecho a ser consultados sobre los proyectos
de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus
territorios, entre otros.
El
mismo instrumento legal en el inciso cuarto del artículo 191 señalaba: “Las
autoridades de
los
pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos
propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus
costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y las leyes”, por lo tanto, la Constitución de 1998 reconoció ya
el pluralismo jurídico dentro del estado, lo cual es corroborado por la
Constitución (2008) vigente, que señala al Ecuador como
un Estado “(…) intercultural y plurinacional” (pág. 1); esto significa, que coexisten varias comunidades nacionales,
cada una con su propia cultura y sus características sociales y derecho
consuetudinario.
Más
allá del reconocimiento de interculturalidad y plurinacionalidad, la
Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 171 reconoce que las autoridades de las
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas apliquen normas y
procedimientos propios de sus tradiciones para la solución de sus conflictos
internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos.
También, establece que la ley determinará mecanismos de coordinación y
cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria y señala
que el Estado garantizará el respeto a dichas decisiones.
Al
instituir la justicia indígena, se otorga jurisdicción, esto es, la potestad
que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas
tienen para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, más por el contrario, no se
especifica la competencia que tienes dichas autoridades, dejando abierto la
pasividad de actuar en cualquier ámbito de conflicto lo que se conlleva en algunos
casos a contraponerse a la aplicación de la justicia ordinaria; y, en otros
casos, atentar contra derechos fundamentales de las personas, tales como el
derecho a la vida, a la libertad, a la defensa, etc.
Existe
legislación internacional que reconoce el derecho de las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, por lo que se considera necesario su puntualización
en la presente investigación. El Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo OIT (1999), en los artículos 8, 9, 10, 11 y
12 reconocen a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho
a aplicar sus tradiciones y prácticas producto de sus costumbres para
solucionar sus conflictos y sancionar los delitos que puedan cometerse dentro
de sus comunidades.
La
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2019), en sus artículos 3, 4 y 5, reconocen el derecho de los
pueblos indígenas a la libre determinación, lo que les faculta a tomar sus
propias decisiones en asuntos internos y aplicar sus prácticas administrativas,
jurídicas y organizativas dentro de sus comunidades. El artículo 34 del mismo
Instrumento internacional establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a
promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias
costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando
existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales
de derechos humanos”.
La
Constitución Política de Perú de 1993 consagra por primera vez el carácter
pluriétnico y pluricultural, enalteciendo a la categoría de derecho fundamental
el derecho a la identidad étnica y cultural, que a su vez funda y sostiene el
derecho al propio derecho, exteriorizado a través del reconocimiento de la
jurisdicción especial indígena Bazán Cerdán (1993).
La Constitución de la República de Perú (1993) en el artículo 149, establece:
Las autoridades de las
Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden
ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de
conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales
de las personas. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción
especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
La Constitución Política de Colombia (1991) en su artículo 7 señala: “El Estado reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”; a decir de Semper
Frank, en el principio de la diversidad étnica y cultural quedaría
establecido el estatus especial para las comunidades indígenas (pág. 764). Así mismo, el artículo 246 establece el ejercicio
de los derechos de legislación y jurisprudencia dentro de su área territorial,
en coincidencia con sus propios valores culturales; el artículo 330 dispone la
autogestión mediante poderes propios dentro de sus usos y costumbres; y, los artículos
171 y 176 señala la creación de distritos electorales especiales para senadores
y diputados indígenas y el ejercicio irrestricto de la propiedad sobre sus
resguardos y territorios.
La
Constitución Política del Estado de Bolivia (2009) en su artículo 1 establece: “Bolivia se constituye en
un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario […]. Bolivia se
funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural
y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”; en el capítulo séptimo
trata sobre la AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA donde se establece que
podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones
ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución.
Como
puede observarse, las nuevas constituciones de los Estados de la región comprenden
a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas originarios no sólo como
poblaciones, culturas, saberes plenamente reconocidos, sino también desde la
perspectiva de los derechos, forman parte de la estructura de los derechos
constitucionales. Las constituciones aludidas, reconocen derechos a la
población indígenas de sus Estados, es clara la jurisdicción que les otorga,
como es evidente, la falta de norma con respecto a la competencia lo que
conlleva a posibles excesos en la aplicación de la justicia indígena.
Exceso
en la aplicación de la justicia indígena ecuatoriana y su delimitación de
competencias mediante el análisis del caso la Cocha, sentencia No.
113-14-SEP-CC, Caso No. 0731-10-EP emitida por La Corte Constitucional del
Ecuador.
Previa
al análisis del caso La Cocha, iniciaremos definiendo ¿Qué es la justicia
Indígena? La justicia indígena es un sistema de elementos,
disposiciones, órganos jurisdiccionales y procedimientos de los pueblos
indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado en materia de justicia,
teniendo como base el derecho consuetudinario, los usos, costumbres y tradiciones
de su comunidad (Durán Ponce, Augusto, 2014).
La
administración de la justica indígena tiene particularidades propias, una de
ellas y la más importante es su naturaleza comunitaria; en los sistemas de
justicia indígena no existen partes procesales, por ende, no existen
jurisdicción ni funciones jurisdiccionales de ningún tipo, operan a través de
lazos comunitarios.
Antecedentes
del caso La Cocha:
Con
el fin de establecer la relevancia de esta sentencia es importante hacer
referencia a la acción extraordinaria de protección presentada ante la Corte
Constitucional en contra de decisiones de justicia indígena adoptadas el 16 y 23
de mayo de 2010, por parte de autoridades indígenas pertenecientes al pueblo de
Panzaleo de la nacionalidad kichwa de la provincia de Cotopaxi, por parte del
legítimo activo, quien argumentó que el asesino de su hermano ya fueron
juzgados por la justicia indígena de su comunidad; y, que por lo tanto ya no
podían ser juzgados por la justicia ordinaria toda vez que se estaría generando
un doble juzgamiento, que los familiares de la víctima están conformes con las
decisiones que se adoptó la justicia indígena, al considerarla apropiada y
justa.
Las
autoridades indígenas en aplicación a lo dispuesto en los artículos 171 de la Constitución
de la República; 343 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, 8, 9 y 10
del Convenio 169 de la OIT, solucionaron el caso, decisión que generó diversas
reacciones en los medios de comunicación quienes alertaron sobre las barbaries
de sus costumbres y formas de sanciones, es ahí que, el Fiscal General del
Estado, pretendió ingresar arbitrariamente a la comunidad indígena de La Cocha,
con el fin de rescatar a uno de los principales involucrados en la muerte de
Marco Antonio Olivo Pallo. De igual forma, el Ministro de Gobierno y Policía
intentó usar la fuerza pública para rescatar a los involucrados y el Ministro
de Justicia solicitó se iniciaran las acciones legales en contra de los
dirigentes indígenas. Ellos fueron apresados y posteriormente liberados por la
Corte de Justicia de Latacunga, en razón del “amparo de libertad” interpuesto.
Pretensión
concreta: Según la Sentencia No (113-14-SEP-CC, 2014) emitida por la Corte
Constitucional del Ecuador dentro del caso No 0731-10-EP, las pretensiones del accionante
son:
a. Si las autoridades indígenas de
La Cocha, al momento de ejercer funciones jurisdiccionales, en este caso
concreto, podían o no solucionar el asesinato y muerte de Marco Antonio Olivo
Pallo, ocurrido en el territorio indígena de la parroquia de Zumbahua.
b. Si la resolución de las
autoridades de la comunidad de La Cocha se apega o no al mandato constitucional
del artículo 171 y artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial.
c.
Si las sanciones impuestas a los cinco involucrados constituyen o no violación
de los derechos humanos fundamentales y si estos son actos de salvajismo,
barbarie y primitivismo, como varias autoridades del Estado han sostenido.
d.
Si las autoridades indígenas que actuaron ejerciendo jurisdicción y competencia
indígena, y en apego al debido proceso, cometieron el delito de secuestro o
plagio.
e.
Los miembros de las comunidades indígenas deben o no someterse a la jurisdicción
indígena o es voluntad de las partes.
f.
Una vez que el caso estaba en conocimiento de la jurisdicción y competencia de
las autoridades indígenas, debía o no ser interferido por las autoridades de la
justicia ordinaria. Que se disponga cuáles son las formas de coordinación y
cooperación que deben tener entre las autoridades de los dos sistemas
jurídicos, para lograr la eficacia y armonía entre sí.
g.
Si es procedente o no que los jóvenes indígenas involucrados en la muerte del
señor Marco Antonio Olivo Pallo, que ya fueron juzgados por la justicia
indígena, estén encarcelados y con procesos de doble juzgamiento, bajo órdenes
de la justicia ordinaria.
h.
En caso de observar excesos en la aplicación de la jurisdicción indígena, cuáles
son los mínimos jurídicos que las autoridades indígenas deben observar, y,
i.
Sírvase resolver si las autoridades de la Corte Nacional de Justicia pueden interpretar
y limitar el derecho a la jurisdicción indígena y el derecho al debido proceso
estatuido en la Constitución.
La
Corte Constitucional determinó que las autoridades indígenas de La Cocha en el
momento de ejercer sus funciones, resuelven conforme a sus costumbres y
tradiciones y que la Asamblea General es la máxima autoridad que resuelve y
aplica la sanción a los involucrados, que se basa en castigos físicos,
amonestaciones económicas y verbales o consejerías, las disculpas públicas a la
comunidad, la expulsión de la misma a los responsables; lo más importante del
pronunciamiento de la Corte es que las resoluciones de la justicia indígena se
basa en la tranquilidad de la comunidad, en la convivencia del buen vivir y no
en precautelar el bien jurídico protegido como es el derecho a la vida, mediante
una verdadera sanción punitiva.
El
fundamento principal del legitimado activo es la vulneración del principio non
bis in ídem contenido en el numeral 7, literal i, artículo 76, de la
Constitución de la República del Ecuador (2008) que señala:
En todo proceso en el que se
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho
al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: […] 7. El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: […] i)
Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos
resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este
efecto.
La
justicia ordinaria y la justicia indígena, si bien proclaman principios
diversos, atañen a fines de prevención y sanción de conductas antisociales; la
primera diferencia entre ambas formas de justicia es que la ordinaria tiene
como fuente de derecho la ley, mientras que la indígena se basa en una fuente
consuetudinaria de costumbre generalmente verbal, que se pasa de una generación
a la siguiente por su práctica habitual.
Si
bien la Constitución ecuatoriana instituye el principio de cosa juzgada para
los actos sancionados por la justicia indígena, en relación con la ordinaria, es
menester aclarar que este particular solo procede cuando la sanción impuesta
sea relacionada con el mismo bien jurídico que proclama la justicia ordinaria;
si un hecho es sancionado por el daño que causa a la comunidad, y no al bien
jurídico que vulnera en el derecho ordinario, entonces no se cumple el
principio de cosa juzgada; la costumbre de la comunidad sanciona por sus
efectos, mientras que el sistema de justicia ordinaria sanciona por la conducta
típica antijurídica.
La
Cote Constitucional mediante la sentencia en estudio, otorga a la justicia
penal ordinaria una jerarquía superior respecto de los demás sistemas jurídicos,
al establecer como competencia exclusiva de la misma, conocer y resolver los casos
que atenten contra el derecho a la vida. Parecería que ubica en diferente rango
al sistema jurídico ordinarias y al sistema jurídico indígena; ahora los
pueblos y nacionalidades indígenas deberán tomar en cuenta también las leyes
penales y sus procedimientos, dejando de lado la cosmovisión de sus pueblos, lo
que debilita el pluralismo jurídico.
La
creación de una norma positivizada para la justicia indígena, que avale la
garantía de los derechos humanos
El
Estado ecuatoriano reconoce legítimamente los principios de interculturalidad y
plurinacionalidad dada la existencia de la diversidad cultural, originando el
pluralismo jurídico, lo que permite a las comunidades, pueblos y nacionalidades
frente a un conflicto interno, donde se vean involucrados sus miembros,
resolver mediante la aplicación de la justicia indígena en base a la
Constitución, las leyes infra-constitucionales y el derecho consuetudinario
basado en las costumbres, saberes y tradiciones reconocidas y compartidas por
la colectividad que son adheridas a la estructura social (Ron Erraez, 2015)
Al
examinar la administración de la justicia ordinaria e indígena en el Ecuador se
hace la siguiente valoración; el Estado ecuatoriano reconoce y otorga de manera
legal a las autoridades indígenas su calidad y carácter de autoridades públicas;
faculta una función pública como la administración de la justicia,
simplificando la engorrosa, corrupta e ineficiente función judicial (Zhumi Lazo, 2020); estas concepciones según la visión de las
autoridades y los miembros de las comunidades indígenas que pertenecen a los
pueblos y nacionalidades del Ecuador, el ejercicio de la justicia ordinaria
tiene muchas extenuaciones, puesto que es demasiado lento, teórico, formalista,
burocrático y engorroso, cuyas diligencias judiciales son privadas y hasta
telemáticas, el patrocinio de los procesos son muy onerosos, las sentencias
parcializadas, tampoco existe una verdadera rehabilitación social de los
internos.
El
reconocimiento constitucional de la justicia indígena en Ecuador es reciente
cuyo ejercicio ha sido con muchas falencias por la falta de marco legal
referente a la jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas, hechos
que ha originado conflictos relacionados con la autonomía de la justicia
indígena, que todavía está en discusión entre los operadores de la justicia
ordinaria quienes actúan apegados al derecho positivo, mientras que las
comunidades, pueblos y nacionalidades se encuentran resistiendo a la imposición
cultural; la única solución al debate de momento ha sido la imposición y la
represión (Saavedra et al., 2017)
Como
consecuencia de la aplicación de la justicia indígena en las comunidades,
pueblos y nacionalidades del Ecuador, que han sido perpetrados según sus
costumbres, en algunos casos se produce la vulneración de derechos, como expresa
Luque González (2019) se confunde con el proceso de
linchamiento y el ajusticiamiento por mano propia, como resultado producen
lesiones, daños psicológicos, en algunos casos llegando hasta la privación de
la vida, lo que significa en la práctica una grave violación de los derechos
humanos; cabe indicar que en la aplicación de la justicia indígena también se vulnera
los derechos y garantías del debido proceso, las partes no tienen el derecho a
la defensa en base a las normas, principios y valores humanos.
El
ejercicio de la justicia indígena en el Ecuador, admite analizar las
constituciones y la influencia de las cortes o tribunales que ejercen el
control constitucional en los países andinos; como el artículo 171 de la
Constitución ecuatoriana del 2008, el artículo 149 de la Constitución peruana, el
artículo 246 de la Constitución colombiana, el artículo 260 de la Constitución
venezolana, los artículos 190 y 191 de la Constitución boliviana, normas
supremas de cada país que conceden el derecho a los pueblos y nacionalidades el
ejercicio del derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarias a la
Constitución y a los derechos humanos que son reconocidos en los instrumentos
internacionales (Carrillo García, 2016)
Las
comunidades indígenas en las últimas décadas debido al reconocimiento del
derecho propio en la Constitución, tratados y en las leyes, han ejercido la
justicia comunitaria considerado como una justicia alternativa, observando en
los procesos la aplicación de las estrategias curativas como: los baños de agua
con plantas medicinales, ortiga, látigos, trabajos comunitarios, expulsión de
la comunidad, pagos económicos, disculpas públicas, devolución de bienes,
detenciones temporales, la ejecución de trabajos comunitarios que tiene como
finalidad purificar el cuerpo y la mente del sujeto para recuperar la armonía y
el equilibrio, considerados desde la visión occidental como actos de tortura,
tratos crueles, inhumanos y degradantes generando actitudes negativas,
confusiones, sanciones y la vulneración de los derechos humanos.
La carencia de una normativa infraconstitucional produce la
vulneración de los derechos a los miembros y a las autoridades comunitarias, de
ahí la necesidad de la creación de un CÓDIGO ORGÁNICO DE APLICACIÓN DE LA JUSTICIA INDÍGENA que
regule temas como la competencia; principios como el de oportunidad, interculturalidad,
buena fe, plazo razonable, imparcialidad e información oportuna; establezca de
manera clara los límites de aplicación, identificación de las comunidades, pueblos y nacionalidades;
y, especifique las etapas del proceso de juzgamiento, que
permita el ejercicio del derecho propio de manera adecuada generando la
armonía, equilibrio, bienestar y el buen vivir.
Metodología
Se aplicó la metodología
de carácter no experimental puesto que las variables no fueron manipuladas. El
tipo de investigación fue mixto, esto es, cuantitativa-cualitativa, con énfasis
en lo cualitativo donde se recabó información heterogénea de varias fuentes de
tipo documental – bibliográfica, de un carácter descriptivo que sirvió para
especificar las diferentes causas que aportan a la problemática (Arias, 2016)
el alcance de la investigación de descriptivo. Mediante la aplicación de
métodos como el inductivo-deductivo, que va de lo general a lo particular y
viceversa; analítico sintético por cuanto estudiaremos las partes que forman el
fenómeno para previa síntesis recabar la problemática en investigación; y,
comparativo basado en el estudio de algunas normas supremas de Latinoamérica
que contienen el mismos casos o temática investigada, para la obtención de
semejanzas o diferencias (Agudelo-Giraldo, 2018).
Universo
de estudio y tratamiento muestral
Mediante la
realización de un muestreo por conveniencia que es un procedimiento no
probabilístico al azar formado por el caso accesible y la disponibilidad de
personas naturales que serán parte de la investigación, que para el estudio
fueron 40 profesionales del derecho.
Tratamiento
estadístico de la información
Para la obtención
de los datos se creó por medio de la plataforma de formularios de Google
(https://docs.google.com/forms/) un cuestionario con varias preguntas agrupadas
por variables; para la tabulación y representación gráfica se utilizó Microsoft
Exel versión 2019.
Resultados
Tabla
1 Resultado de la encuesta realizada
|
VARIABLE
|
RESPUESTA
|
RESULTADO
|
|
1. ¿Considera usted que la aplicación de la justicia indígena
puede entrar en conflicto con la aplicación de la justicia ordinaria?
|
SI
NO
|
92.5%
7.5%
|
|
2. ¿Las autoridades indígenas deberían conocer y resolver
conflictos en los cuales se vean vulnerados derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales?
|
SI
NO
|
20%
80%
|
|
3. ¿La aplicación de la justicia indígena atenta contra derechos
humanos?
|
SI
NO
|
70%
30%
|
|
4. ¿Considera que debería existir en la Constitución y demás
marco jurídico límites a la aplicación de la justicia indígena?
|
SI
NO
|
95.5%
2.5%
|
|
5. ¿Cree necesario la creación de una ley orgánica para
estandarizar la aplicación de la justicia indígena?
|
SI
NO
|
97.5%
2.5%
|
Nota:
Elaborado por el autor
Gráfico 1 Representación
gráfica de los resultados
Nota:
Elaborado por el autor
Como
resultado se puede rescatar que la mayoría de los encuestados consideran que la
aplicación de la justicia indígena puede entrar en conflicto con la aplicación
de la justicia ordinaria, por lo que las autoridades indígenas no deberían
conocer y resolver conflictos en los cuales se vean vulnerados derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución e instrumentos internaciones; por
otro lado, los investigados consideran que la aplicación de la justicia
indígena atenta contra derechos humanos, debido a que en Ecuador los métodos y
formas de aplicación son denigrantes, inhumanos y bárbaros; por tal razón,
consideran los profesionales del derecho encuestados que debería existir en la
Constitución y demás marco jurídico límites a la aplicación de la justicia
indígena; como consecuencia de la falta de límites a la competencia de las
autoridades de justicia indígena todos consideran necesaria la creación de una
normativa infra constitucional, esto es, un Código Orgánico que desarrolle los estándares
de aplicación de la justicia indígena en el Ecuador.
Propuesta
Como
aporte a la investigación se ha propuesto la necesidad imperiosa de la creación
de un proyecto del ley referente a la justicia indígena, conforme el artículo 171
de la Constitución ecuatoriana, dicha ley tendría el carácter de Orgánica al
regular el ejercicio de derechos constitucionales de acuerdo al artículo 133
numeral 2 ibídem; para avalar que dicha norma garantice de forma adecuada la
protección de derechos humanos y derechos individuales de los miembros o
integrantes de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador es
necesario que dicho proyecto parta de una adecuada evaluación del estado actual
de la aplicación de la justicia indígena en el Ecuador, el criterio de expertos, como de los involucrados y el apoyo estatal,
como indicamos a continuación:
1.
Mesa de trabajo con representantes de
organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y Organización
de Naciones Unidas, con el fin de realizar una evaluación del cumplimiento de estándares internacionales en la aplicación del derecho consuetudinario en el Ecuador.
2.
Reunión con dirigentes o representantes
de las principales comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
con la finalidad de recabar información sobre sus realidades y exigencias en
relación a la solución de conflictos dentro
de sus territorios.
3.
Reunión con representantes de los
estados de Perú, Colombia y Bolivia, con la finalidad de recabar información sobre sus experiencias en el desarrollo y aplicación de la justicia
indígena en sus estados.
4.
Creación de un Código Orgánico para la
aplicación de la justicia indígena en base al derecho consuetudinario, para el mismo se contará con la participación de actores de
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; además, de
representantes del ejecutivo y legislativo.
Gráfico 2 Representación
gráfica de la propuesta
Fuente: Elaborado
por el autor
Conclusiones
En la presente
investigación se ha verificado la vulneración de los derechos humanos en torno
a la aplicación de la justicia indígena, tanto la falta de coordinación entre
las autoridades ordinarias e indígenas, como la falta de norma en el marco
jurídico ecuatoriano que límite la aplicación de la justicia indígena, origina
este tipo de transgresiones, en definitiva, la causa principal es la falta de
una normativa infraconstitucional, que desarrolle los estándares dentro de los
cuales se aplica la justicia indígena.
La Constitución
de 2008 establece la competencia de las autoridades indígenas al establecer que
su función jurisdiccional se ejerce “dentro de su ámbito territorial”; ello
implica que los hechos que motivaron el juzgamiento debieron tener lugar en el
territorio de la comunidad, lo que excluye definitivamente, la posibilidad de
pronunciarse sobre asuntos que no se refieran a esa; por otro lado, según el
Convenio 169 de la OIT, solo pueden juzgar a “sus miembros”, lo que excluye
toda posibilidad no solo de que juzguen a no indígenas, sino a indígenas que no
integran la respectiva comunidad indígena.
Otro punto de
debate surge cuando la Constitución determina que las autoridades indígenas son
competentes “para la solución de sus conflictos internos”; ahora bien, se debe
determinar ¿qué es un conflicto interno?, al parecer, la disposición
constitucional nos pone frente a la competencia en razón de la materia, por lo
tanto, ¿qué materias entran al conflicto interno? ya que las autoridades
indígenas no pueden juzgar todo.
Existe ausencia
de la norma de compatibilidad que coordine las funciones de la jurisdicción
ordinaria y de la indígena, que establece el artículo 171, inciso 2° de la
Constitución. La Corte Constitucional ecuatoriana, en la sentencia No.
113-14-SEP-CC, Caso No. 0731-10-EP, excluye del conocimiento de las autoridades
indígenas la materia penal, ya que el objetivo de la aplicación de la justicia
indígena es restablecer la armonía de la convivencia comunidad, el buen vivir,
más no juzgar el bien jurídico protegido como por ejemplo la vida.
Como aporte a la
problemática examinada está el entrever el vacío y generar en el lector la
necesidad imperiosa de exigir al Estado la generación de una normativa de tipo
orgánica que regule temas como: la competencia; principios como el de
oportunidad, interculturalidad, buena fe, plazo razonable, imparcialidad e
información oportuna; establezca de manera clara los límites de aplicación; y,
especifique las etapas del proceso de juzgamiento, que permita el ejercicio del
derecho propio de manera adecuada generando la armonía, equilibrio, bienestar y
el buen vivir.
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