Resumen
El
objetivo de este ensayo fue analizar la culpabilidad en la teoría del delito,
con lo cual se podrá ampliar su visión epistémica partiendo de la
identificación de la culpabilidad como principio, compuesta a su vez por la
imputabilidad, capacidad de comprensión de la ilegalidad de la conducta y la
exigibilidad del comportamiento jurídico distinto. Para alcanzar el objetivo
establecido se emplearon fuentes documentales referenciales, las cuales fueron
analizadas y contrastadas, permitiendo de este modo profundizar en la temática
en estudio. Se concluye que la culpabilidad en la teoría del delito, se debe
considerar como un principio jurídico, es decir, “nullum crime sine culpa”
proveyendo la existencia de una voluntad contraria a la ley en la persona para
actuar.
Palabras claves: Culpabilidad;
ordenamiento penal; acto jurídico.
Abstract
The
objective of this essay was to analyze guilt in the theory of crime, with which
it will be possible to broaden its epistemic vision based on the identification
of guilt as a principle, which in turn is made up of imputability, the ability
to understand the illegality of conduct and the enforceability of different
legal behavior. To achieve the established objective, referential documentary
sources were used, which were analyzed and contrasted, thus allowing to deepen
the subject under study. It is concluded that guilt in the theory of crime
should be considered as a legal principle, that is, "nullum crime sine
culpa" providing the existence of a will contrary to the law in the person
to act.
Keywords:
Guilt; criminal law; legal act.
Resumo
O
objetivo deste ensaio foi analisar a culpa na teoria do crime, com a qual será
possível ampliar sua visão epistêmica a partir da identificação da culpa como
um princípio, que por sua vez é constituído por imputabilidade, a capacidade de
entender a ilegalidade do crime. conduta e aplicabilidade de diferentes
comportamentos legais. Para atingir o objetivo estabelecido, foram utilizadas
fontes documentais referenciais, as quais foram analisadas e contrastadas,
permitindo aprofundar o assunto em estudo. Conclui-se que a culpa na teoria do
crime deve ser considerada como um princípio legal, ou seja, "nullum crime
sine culpa", fornecendo a existência de uma vontade contrária à lei na
pessoa a agir.
Palavras-chave:
Culpa; lei criminal; Ato legal.
Introducción
Al momento de
configurar la acción o conducta entendida por el derecho como delito, es
necesario abordar los tres elementos de convicción que han de formar parte del
mismo, como son la tipicidad, la anti-juridicidad y la culpabilidad.
Considerando concretamente la categoría de la culpabilidad, esta se debe
considerar como un principio jurídico al momento que se realiza la “imputación
de la responsabilidad penal.”(Arraque, 2011),se habla
de aquellos requisitos exigidos en la ley para su aplicación dentro de la
estructura de la teoría del delito, y al mismo tiempo cumpliendo la función de
garantía de los derechos constitucionales de la ciudadanía, al momento que
limita materialmente la acción del ius puniendi del Estado.
De este modo, se
ha de considerar la culpabilidad como principio, entendiéndola como naciente
del postulado nullum crimen sine culpa como instrumento imprescindible
del buen accionar de la justicia, en cuanto “la acción culpable no sólo
constituye presupuesto ineludible, sino también fundamento jurídico de la
pena.” (Binding, 2009) Por tanto, el castigo exige
culpa. Así, sería de muchas maneras incorrecto determinar responsabilidad penal
sin alguno de los tres componentes de la teoría del delito, en especial sin un
principio de culpabilidad indiscutible, de esta manera, el mismo debe
considerarse un mecanismo de protección y para el respeto de las garantías
individuales en el marco del debido proceso legal.
Es así que, la
evolución de la culpabilidad como principio va de la mano con los cambios que
fueron sufriendo las escuelas del derecho penal, que para cada momento
histórico corresponden a una evolución en diferentes aspectos. En este sentido,
desde la concepción normativa, y paralela al desarrollo dogmático y finalista
de la conducta, se consideró necesario reestructurar la culpabilidad como
principio, de esta manera sus componentes básicos pasarían a ser la
imputabilidad, la capacidad de comprensión de la ilegalidad de la conducta y la
exigibilidad del comportamiento jurídico distinto. De esa manera, la
culpabilidad queda definida como “un juicio de reproche imputable a aquellos
sujetos que a pesar de estar en condiciones materiales de actuar dentro de los
parámetros definidos por la norma, optaron por su quebrantamiento.” (Arraque, 2011)
Sobre la base de
las consideraciones anteriores se tiene que el objetivo de este ensayo fue
analizar la culpabilidad en la teoría del delito, con lo cual se podrá ampliar
su visión epistémica partiendo de una identificación de los principios que
orientan su identificación y penalización.
Desarrollo
En el marco de la
estructura del delito, la responsabilidad penal da lugar a la punibilidad, y de
dónde viene ésta. Mientras que con el análisis de la anti-juridicidad se
enjuicia el hecho desde la perspectiva de la infracción al deber ser, y a la
prohibición de toda conducta socialmente dañina, la responsabilidad viene de la
valoración que se da del mismo injusto, pero desde un punto de vista distinto,
y es el de hacer que el sujeto sea penalmente responsable. Porque, puede que se
configuren los dos presupuestos anteriores a la culpabilidad, pero como ya se
mencionó, no toda persona que ha cometido un delito puede ser considerada
penalmente responsable de ello, y por lo tanto castigada injustamente.
Estructura
y elementos de la culpabilidad
Por razones
metodológicas, se puede estructurar la culpabilidad desde sus tres elementos
básicos, los mismos que son la imputabilidad que debe configurarse en el agente
según ciertas pautas legales y psicológicas, el conocimiento de la anti-juridicidad
de la conducta, que a su vez va de la mano con un concepto conocido como el
error de prohibición, vencible o invencible, y la exigibilidad que se le hace
al agente de realizar una conducta distinta a la delictiva.
Imputabilidad
Es correcto decir
que la fundamentación de la responsabilidad penal como concepto, radica a su
vez en la definición de imputabilidad, siendo ésta la capacidad que tiene el
autor para la culpabilidad. Como el objetivo principal de la imputación penal
es siempre una conducta típica y anti-jurídica, la imputabilidad no puede
comenzar “sin que antes estén establecidas la tipicidad y la anti-juridicidad.”
(Mayer, 2007)
Es así que, el
presupuesto primordial de la imputación penal es la capacidad del autor para,
ser imputado. En este ámbito se debe definir la capacidad mental del autor al
momento del cometimiento del hecho punible, como la facultad que le permite al
individuo, sin la más mínima sombra de dudas, comprender el acto que está
realizando, y la ilicitud del mismo. Esta definición se fundamenta en el hecho
de que la persona que está en condiciones de realizar cualquier acción no
siempre puede estar capacitada para ello. Como consecuencia de esta facultad
mental, se entendería que el sujeto tiene el potencial de dirigir su actuación
de conformidad con lo entendido, y así decidir si ajustarse o no a lo que la
norma penal vigente prescriba.
En efecto, la
pregunta decisiva en este momento es si es que el autor se encontraba en una
situación o en la capacidad de reconocer el perfil reprobable de la conducta
que está realizando, y por esta comprensión, lograr determinarse. El legislador
parte de una idea general, y es que el “el adulto que realiza un injusto
jurídico-penal, normalmente es imputable” Mediante esto, claro está, no se
regula la imputabilidad, sino la falta excepcional de esta: la inimputabilidad,
la incapacidad de ser considerado culpable de una acción.
En particular, el
estudio de la inimputabilidad en los adultos consta de dos momentos, de dos
capas, para ser más exactos. En primer lugar, se estudia si es que el sujeto en
cuestión se encuentra diagnosticado o en estado de algún problema
psicopatológico. Sólo una vez que se haya constatado que el sujeto sí pertenece
a alguno de esos grupos, se puede pasar a la segunda capa del examen de
imputabilidad, en el que se debe responder la cuestión de que si debida a esta
condición psicopatológica el sujeto fue incapaz de comprender sus acciones o el
resultado y las consecuencias de éstas, o en caso de haber sido consciente de
esto, si es que fue incapaz de actuar conforme a la comprensión de su conducta.
De esta manera,
para la realización de este examen de imputabilidad, la tradición jurídica
habla de un método biológico-patológico que consiste primero constatar los
estados orgánicos patológicos-biológicos y, a continuación examinar la
capacidad psicológica o la inhibición excluida o no por estos estados
determinados de forma biológica. Sin embargo, no debe entenderse este método
como universal, puesto que existen muchos trastornos de conciencia que no está
ligado a manifestaciones de deficiencias corporales orgánicas, como por ejemplo
la anomalía psíquica grave, la pasión intensa, y otro tipo de psicopatías,
anomalías de los instintos y neurosis.
Por tanto, la
capacidad psíquica de actuar de otro modo tampoco es un dato cien por ciento
psicológico, sino que más bien debe basarse también en una afirmación
normativa, por eso en la actualidad se habla con frecuencia de un método
psíquico-normativo. Este método es mejor, pero como la simple constatación
psicológica, también deja algunas cuestiones sin resolver, puesto que tampoco
los estados psicológicos defectuosos son del todo constatables sin una
aportación normativa, la capacidad de comprensión y de inhibición, por ejemplo,
posee desde el inicio un fundamento empírico-psicológico. Como es evidente, las
dos capas del examen de inimputabilidad requieren de un proceso tanto
psicológico como normativo.
En la actualidad,
la regulación de los criterios psicopatológicos es el resultado de una disputa
que se ha dado a lo largo de la historia y del derecho con referencia al
concepto psiquiátrico y al concepto jurídico de la enfermedad, y solo se puede
entender desde eso mismo: la historia de uno de los códigos más importantes del
Derecho, el Código Penal Alemán.
Poco después la
jurisprudencia fue más allá de este concepto psiquiátrico tan estricto, y
reconoció los trastornos patológicos de la actividad mental, donde se
reconocían también las manifestaciones psicopatológicas que nada tenían que ver
con los problemas orgánicos. En este nuevo concepto se integraron no sólo las
enfermedades mentales que tenían una base clínica-psiquiátrica, sino también
otro tipo de trastornos de la actividad intelectual, como los trastornos que
menoscaban las representaciones y los sentimientos de la vida volitiva,
afectiva o instintiva y, que pueden existir en una persona normal y mentalmente
madura. Lo mismo que antes puede decirse de los tipos de instintos sexuales que
son tan acentuados y tienen tanto poder en su portador, que el sujeto no puede
resistirse de ninguna manera, ni siquiera empleando toda la fuerza de voluntad
que posea y de la que pueda hacer uso.
A este respecto, el
código penal de 1962 había realizado un intento de codificar el concepto
psiquiátrico de enfermedad, en contra del código ya mencionado, y en este nuevo
concepto se estaría hablando de que trastornos psíquicos como las psicopatías,
las neurosis y las anomalías de los instintos no resultarían bajo ningún
concepto en la exculpación, sino como una forma de atenuar la culpabilidad.
Esto se realizaba así porque existía un temor generalizado, de que si se
promulgaba la exculpación en estos trastornos psíquicos, entonces se caería
irreparablemente en un número incontenible de absoluciones por inimputabilidad
en pro de las necesidades preventivo-generales, absoluciones que en realidad no
eran justas, en el sentido de la justicia y que en realidad podrían llegar a
provocar más peligro que seguridad, es decir, que no siempre las absoluciones
iban a ser lo correcto para el sujeto y la sociedad, sino que resultarían en
nada más callar la necesidad preventivo-general del Derecho, pero se estaría
dejando personas inestables y delincuentes en la calle, cuando estos debían
estar pagando o bien una pena o bien una medida de seguridad.
Relacionado con lo
anterior, se puede hacer referencia a varios aspectos, a saber, la
inimputabilidad relativa; la inimputabilidad absoluta; el trastorno mental; la actio
libera in causa. Atendiendo a la inimputabilidad relativa se definirá como
las causas que neutralizan el desarrollo mental de la persona, o provocan su
inmadurez mental por un periodo de tiempo finito. Como se verá, las causales de
inimputabilidad relativa son de alguna manera diferentes, pero menos
complicados que aquellos que causan la inimputabilidad absoluta, por esta
razón, se puede hablar de que la culpabilidad y por la tanto la responsabilidad
penal no será eliminada por completo, pero sí atenuada de alguna manera.
Seguidamente, la inimputabilidad
absoluta se trata de un conjunto de causas que suscitan la posible anulación o
neutralización del sano desarrollo mental y su respectivo vigor o fortaleza en
la persona responsable de cometer un acto delictivo que podría ser o no su
responsabilidad, en cuyo caso, el sujeto carece de aptitud psicológica al
momento del cometimiento del crimen. Como resultado de ello, la culpabilidad se
exime de manera absoluta.
Luego, está el
trastorno mental este elemento hace referencia, no solo a la capacidad mental
del individuo, sino también a cualquier enfermedad mental que el mismo
presente, entendida como “cualquier perturbación de la personalidad en sus
esferas afectiva, volitiva o intelectiva, o en su conjunto que lleven a la
supresión o a la disminución de la capacidad de comprender y/o determinarse del
sujeto que se juzga.” (Agudelo, 2019). Aunque para
determinar esta causal de exclusión de responsabilidad el profesional en
derecho se debe apoyar en psicólogos y psiquiatras, se debe considerar también
su contenido jurídico. Para que el trastorno mental sea considerado un causal
excluyente de responsabilidad penal, debiendo analizarse no sólo el componente
psicológico, sino también cuestiones como la actuación del individuo en cada
caso en concreto.
Para ilustrar lo
expuesto en el párrafo anterior, ante el caso de una persona que clínicamente
ha sido diagnosticada con esquizofrenia, la persona tiene un trastorno mental,
correcto, pero es deber de la justicia, sustentada en profesionales de la salud
mental y otros peritos científicos, determinar si la persona realmente se
encontraba desconectada de la realidad sin saber lo que estaba haciendo al
momento del cometimiento del delito, o si es que fue un homicidio premeditado
por una persona que pretende excusarse en una enfermedad mental que en verdad
no tuvo una participación determinante en el delito.
Referente a ello,
la Corte Suprema de Justicia de Colombia, menciona que si bien el trastorno
mental puede ser generado por factores traumáticos, psicológicos, hereditarios
u orgánicos, lo que importa en la declaración judicial, no es tanto el origen
de la alteración bio-psíquica, sino su relación con la acción o conducta
realizada, “la magnitud del desequilibrio que ocasionó en la conciencia del
actor y el nexo causal que permita vincular inequívocamente el trastorno
sufrido a la conducta ejecutada.” (Mommsen, 1905)
A continuación se
expone la actio libera in causa, entendida como “acciones libres en su causa”,
o trastorno mental pre ordenado aquellas que el agente genera anticipadamente
su trastorno mental o un estado de alteración mental de manera dolosa o culposa
con la finalidad de ejecutar una conducta delictiva. Es decir, se consideran
algunos casos en los que el agente es inimputable en el momento de realización
del hecho punible, pero se hace la pregunta de si se lo puede castigar por los
momentos anteriores al cometimiento del hecho, cuando aún no perdía su
capacidad de imputabilidad, en el momento en el que tal vez estableció la
producción del resultado, sea de manera culposa o dolosa.
Ejemplo de lo
expresado, es el conocido caso de inimputabilidad por estado de embriaguez, en
donde puede que el sujeto haya ingerido alcohol para tener el valor de golpear
a su enemigo en estado de inimputabilidad, o por el contrario consumió el
alcohol sin saber que en pleno estado de embriaguez iba a hacer uso de la
violencia contra dicha persona. Lo más claro, y la jurisprudencia está de
acuerdo, es castigar por lesiones dolosas en el primer caso, y por lesiones
imprudentes en el segundo.
Sin embargo, estas
acciones no siempre pueden considerarse como causal de exclusión de
culpabilidad, “no será inimputable el agente que hubiere pre ordenado su
trastorno mental” (Mommsen, 1905), puesto que la
persona conscientemente se causa algún tipo de desorden de esta índole para
exculparse en ella al momento de cometer el delito, el mismo que fue el
objetivo desde un principio.
Según Merkel, se
puede determinar algunos casos en los cuales se evidencia la puesta dolosa del
sujeto en un estado de trastorno mental o inconsciencia con el presunto
objetivo del cometimiento de un delito.
l Colocarse
dolosamente en estado de embriaguez con privación total, caso que excluye la
imputabilidad, con el objetivo claro y premeditado de cometer un delito.
l Colocarse
dolosamente en estado de embriaguez completa, en el caso de que el sujeto podía
y debía saber que podía cometer un delito, pero no lo sabía al final. En este
caso, el delito cometido es impune por culpa o negligencia.
l Colocarse
dolosamente en estado de embriaguez simple o parcial, en cual caso se aminora
la inimputabilidad, con el propósito claro de cometer un delito. En este caso,
esta embriaguez no puede ser considerarse atenuante de la pena ni mucho menos
excluyente de la misma. Aun así, en casos de homicidio, puede que como
consecuencia de esta embriaguez simple falte uno de los caracteres que
configuran el tipo penal, como es la ejecución consciente y reflexiva.
En este contexto,
se impone el concepto de acción libre en la causa para este tipo de casos, el
reto aparece cuando se pretende generar una fundamentación jurídica para estos
resultados, lo que es un problema antiguo. Sobre la fundamentación de la actio
libera in causa, existen dos posiciones que disputan entre sí: el modelo de
la excepción y el modelo del tipo.
Según el modelo de
la excepción, desarrollado con mayor énfasis por Hruschka, la punibilidad de la
actio libera in causa “representa una excepción justificada por el Derecho
consuetudinario no escrito al principio de que el sujeto ha de ser imputable
durante la comisión del hecho.” (Roxin, 1997) Por
ejemplo, para explicar lo anterior, al ebrio se le castigaría por su conducta
durante la embriaguez, aun cuando en ese momento no era imputable.
Este modelo, pese
a su sencillez, resulta ser insostenible porque no solo atenta contra el
principio nullum crimen sine lege, sino que atenta también contra el principio
de la culpabilidad misma, porque si se pretende descartar la conexión causal
entre la conducta previa y el resultado de la conducta realizada en el momento
en el que el sujeto era inimputable, el dolo y la imprudencia pierden su
relación con el hecho. Esto quiere decir que no se puede “fundamentar un
reproche de culpabilidad por el hecho”.
El sujeto que sin
que exista un actio libera in causa, incurre en un estado de inimputabilidad
durante la ejecución del hecho, sigue siendo penalmente responsable por cualquier
delito que se haya consumado, siempre y cuando no se produzca una desviación
esencial en el curso causal. También rige esta lógica para la actio libera
in causa, para el delito doloso y culpable consumado, en el que sólo es
necesario que el sujeto se encuentre en un estado consciente y responsable
imputable al momento de poner en marcha el plan, para que sea juzgado y
castigado como tal.
Por lo tanto, el
sujeto ha de ser imputable al comienzo del plan, es decir al tomar la decisión
y realizar la acción de ponerse en estado de inimputabilidad para cometer algún
delito. Esto, claro que no representa el delito en sí, una violación, un hurto,
un asesinato, unas lesiones, pero sí representa su inicio, es decir una
tentativa de violación, hurto, asesinato, lesiones. Este modelo de tipo no se
puede fundamentar o representar de otra manera. Al entender la parte más
importante de la tentativa, se asume que esta comienza con la actuación sobre
un instrumento, y termina cuando dicho instrumento sale del ámbito de dominio.
En el caso del actio
libera in causa, la tentativa empieza cuando el sujeto se pone a sí mismo
en la condición de instrumento irresponsable, pero no termina con ninguna
salida, porque después de esto, el sujeto ya no tiene la posibilidad de controlar
el posterior acontecer, que es cuando ya se convirtió en irresponsable e
inimputable. Así la acción comienza como tentativa, pero un estado consciente y
responsable imputable al momento de poner en marcha el plan, para que sea
juzgado y castigado como tal.
Por lo tanto, el
sujeto ha de ser imputable al comienzo del plan, es decir al tomar la decisión
y realizar la acción de ponerse en estado de inimputabilidad para cometer algún
delito. Esto, claro que no representa el delito en sí, una violación, un hurto,
un asesinato, unas lesiones, pero sí representa su inicio, es decir una
tentativa de violación, hurto, asesinato, lesiones. Este modelo de tipo no se
puede fundamentar o representar de otra manera. Al entender la parte más
importante de la tentativa, se asume que esta comienza con la actuación sobre
un instrumento, y termina cuando dicho instrumento sale del ámbito de dominio.
En el caso del actio
libera in causa, la tentativa empieza cuando el sujeto se pone a sí mismo
en la condición de instrumento irresponsable, pero no termina con ninguna
salida, porque después de esto, el sujeto ya no tiene la posibilidad de
controlar el posterior acontecer, que es cuando ya se convirtió en
irresponsable e inimputable. Así la acción comienza como tentativa, pero este
precepto jurídico no termina de configurarse, sino que se configura el delito
como ya lo conocemos.
Para que el delito
doloso se configure, no es presupuesto que el sujeto ejecute todas las
peculiaridades de la acción típica en condiciones normales, esto cuando se
encuentra en estado de inimputabilidad, pues el sentido de la restricción de la
punibilidad en determinados casos no es exigir que el sujeto posea un control
pleno sobre el nexo causal, sino que se exige nada más la peligrosidad para la
víctima. Solo se rigen determinadas cualidades en el sujeto, cuando aún no ha
sido colocado en el estado inimputable. De esa manera, por ejemplo el deber de
prestar juramento, surge en el momento de hacer una declaración judicial, no
antes, no después. Si el sujeto miente después de declarar frente a un juez o a
un tribunal, no está cometiendo perjurio.
Otro tipo de
delitos que no pueden ser cometidos por vía del actio libera in causa,
son los delitos de propia mano. Esto así porque cuando uno mismo se coloca en
“estado de inimputabilidad, le falta la reprobabilidad específica
fundamentadora de la punibilidad del acto de propia mano.” (Roxin, 1997) Pero la probabilidad de que ocurran casos de
este tipo es muy escasa, y de todas formas no tendría mayor trascendencia.
En este mismo
sentido, tampoco existe actio libera in causa cuando el sujeto se coloca
en un estado de inimputabilidad para cometer el delito, pero esta
inimputabilidad no es tan incontrolable como podría serlo imputabilidad
notablemente disminuida. En tal caso, el hecho nunca ha escapado de sus manos,
y ha sido imputable desde que intentó causar una actio libera in causa
hasta que finalmente cometió el delito.
Aquí la ejecución
ya no consiste en el hecho de beber, o realizar cualquier actividad de manera
consciente que al sujeto lo ponga en estado de inimputabilidad, sino más bien
en la disposición inmediata a realizar el tipo delictivo. Frente a esto, no
existe ninguna crítica u objeción político-criminal, y es que al sujeto por
regla general se le negará cualquier tipo de atenuación de pena prevista con
carácter facultativo, debido a su provocación culpable previa al hecho.
Conocimiento
de la anti-juridicidad de la conducta
Consiste entonces
en la definición de que “el sujeto sabe que lo que hace no está jurídicamente
permitido, sino prohibido.” por las normativas vigentes, claro está. En este
sentido, la parte más importante de este elemento se establece por el error de
prohibición, que como se verá más adelante, puede ser vencible, invencible,
directo o indirecto, y según ello se configurará el nivel de conocimiento que
tendría el agente al momento del cometimiento del crimen, y por lo tanto, el
respectivo nivel de responsabilidad penal.
La
exigibilidad
El concepto psicológico
de la culpabilidad fue reemplazado por el concepto normativo a inicios del
siglo XXI, y se ha mantenido dominante hasta el día de hoy. La base para
realizar este cambio, y que fundó la obra Sobre la estructura del concepto de
culpabilidad de Frank pionera en este tema, fue la imposibilidad de explicar el
estado de necesidad disculpante mediante la concepción psicológica de la
culpabilidad.
Si el concepto de culpabilidad no abarca más que la
suma de dolo e imprudencia y éstos consisten en la producción consciente o
descuidada del resultado, sigue siendo del todo incomprensible cómo podría ser
excluida la culpabilidad por estado de necesidad. Pues también el sujeto que
actúa en estado de necesidad sabe lo que hace. (Frank, 2002)
En este sentido,
el autor considera que negar el dolo en una persona que actúa por estado de
necesidad, es ilógico, porque como ya se dijo y como se sabe, la persona que
actúa mediante un estado de necesidad sea justificante o disculpante, sabe
exactamente lo que está haciendo, lo que sus acciones causarán y además quiere
hacerlo con el objetivo de salvaguardar otro bien.
Según la
concepción psicológica, la imputabilidad es presupuesto de la culpabilidad,
pero Frank señala este razonamiento como incorrecto. Analicémoslo de la
siguiente manera: un enfermo mental que padece de un trastorno del ánimo,
dígase un bipolar, este sería inimputable siempre y cuando se confirme que su
acción fue realizada bajo los parámetros de la enfermedad, y que por lo tanto
no sabía lo que hacía. Pero, y ¿si no es así? Está claro que en la mayoría de
casos, el trastorno mental condiciona el accionar de quien lo padece, pero
según Frank, puede darse la situación de que el enfermo mental también quiera
la acción, se represente la acción y los posibles resultados de ésta, y tenga
completo entendimiento de que su acción constituye un delito.
Se afirma, que la
imputabilidad sea presupuesta de la culpabilidad quiere decir que la primera se
analiza antes que la segunda, y si hay imputabilidad, hay culpabilidad, y por
el contrario si el sujeto es inimputable, de ninguna manera se debe siquiera
analizar la culpabilidad. Pero para Frank, y para el concepto normativo de la
culpabilidad, la imputabilidad no es un presupuesto, sino que pertenece a la
culpabilidad como un elemento de ésta.
Otro argumento que
propició el cambio desde el concepto psicológico al concepto normativo, es
relacionado a la imprudencia inconsciente. Ya está claro que según la
concepción psicológica, debe existir una relación psíquica entre el sujeto y el
resultado. Sin embargo, esta no existe en los casos de culpa inconsciente. En
ese caso, estos no serían parte de la culpa, entonces debería acudirse a otro
concepto para definirlos.
El cambio que se
realiza desde el concepto psicológico al normativo tiene mucha razón, y supone
un gran avance en cuanto a que ahora se expresa la idea de que la categoría del
delito que sigue al injusto debe tratar de una valoración del acontecer del
hecho en comparación a la contrariedad del deber, y no nada más de las
relaciones psíquicas que también son importantes importantísimas pero no lo son
todo.
La
exigibilidad de otra conducta
El hecho de exigir
una conducta distinta a la que el agente realiza, implica de manera obligatoria
para todos los sujetos un comportamiento acorde con la ley y las normas que los
amparan. En este sentido, se ha de examinar en primer lugar la exigibilidad
objetiva y subjetiva. La exigibilidad objetiva se refiriere al postulado de la
igualdad ante la ley, pero se establece en abstracto, puesto que se debe
considerar también la exigibilidad subjetiva, que examina las circunstancias
concretas bajo las que actúa cada individuo, es decir las “situaciones
circunstanciales extremas en que se debate el sujeto.” (Muñoz, 1996), puesto que no se podría exigir una conducta
diferente a la realizada, si a su vez ésta implicara el sacrificio
injustificado del individuo.
De igual manera,
no se puede decir que en las circunstancias que se presentan, el autor podía
haber decidido actuar de una manera diferente basados en el precepto de que en
su lugar y en su misma situación, otro habría tomado un accionar distinto, ya
que para Roxin, ello carece de lógica, y no se puede basar una amonestación
moral individual por capacidades que quizá otros tengan, pero que le faltan al
sujeto del que se está hablando.
El
concepto material de culpabilidad
La culpabilidad
es, hasta la actualidad el presupuesto decisivo de la responsabilidad
jurídico-penal, aunque esto no significa que sea el único presupuesto necesario
para configurar dicha responsabilidad. El hecho de hacer que la punibilidad del
sujeto dependa de la culpabilidad y de los demás presupuestos tiene una
finalidad muy clara, y es el de ponerle límites al poder punitivo del Estado,
en particular a las necesidades públicas de prevención.
En tal sentido, el
concepto material de la culpabilidad es muy diverso y discutido aún por los
mismos defensores de la culpabilidad normativa y, se examina desde cinco
concepciones muy importantes, que aunque sirven para definir la materialidad de
la culpabilidad, presentan rivalidades entre sí. En relación con esto último,
se tiene: la culpabilidad como poder actuar de otro modo; la culpabilidad como
actitud interna jurídicamente desaprobada; la culpabilidad como deber responder
por el carácter propio; la culpabilidad como atribución según las necesidades
preventivo generales; y la culpabilidad como actuación injusta pese a la
existencia de asequibilidad normativa.
En torno a la
culpabilidad como poder actuar de otro modo, tradicionalmente el contenido de
la culpabilidad siempre se va a definir como el poder evitar, y como la
consecuente responsabilidad el sujeto que formó su voluntad de manera típica y anti-jurídica.
La culpabilidad está vinculada al juicio de reproche de manera muy cercana por
esta misma razón, porque se le reprocha al sujeto que no se haya comportado
conforme al Derecho, que haya tenido la opción de decidirse por el injusto o
por el Derecho, tenía la posibilidad de elegir esta última, pero decidió elegir
actuar en contra de este.
En el caso de la
concepción de la culpabilidad como actitud interna jurídicamente desaprobada
fundada por Gallas, y según la misma, la culpabilidad se define como la “reprochabilidad
del hecho en atención a la actitud interna jurídicamente desaprobada que se
manifiesta en él.” (Gallas, 1955),según esta
concepción, lo que diferencia el injusto y la culpabilidad, es lo mismo que
diferencia el desvalor de acción y el desvalor de la actitud interna en
relación con el hecho.
Se alude entonces
a un juicio orientado por parámetros valorativos éticos, morales y sociales
sobre la actitud que tiene el sujeto con respecto a las exigencias del Derecho,
el conocimiento actualizado que tenga al momento de la realización del hecho
concreto. Para Jescheck, es la actitud interna jurídicamente defectuosa, para
Wessels es la actitud interna jurídicamente censurable, pero todos ellos se
referían a lo mismo, a la actitud interna del sujeto al momento de cometer el
acto y representarse el resultado.
Aparte de estas
hay otra muy importante, y es que ni la afirmación ni tampoco la negación de la
culpabilidad en ciertos casos “se puede explicar con la incorrección o corrección
de la actitud interna,” (Roxin, 1997)Por ejemplo, desde
el punto de vista de la culpa –imprudencia- inconsciente, la actitud interna
del sujeto, que presupone una actitud consciente, no está en ningún momento
dirigida a ocasionar algo que sea contrario al Derecho, o violatorio de los
bienes jurídicos. En ese sentido, hay culpa, pero no hay actitud interna
jurídicamente censurable.
Por otra parte,
Schmidhäuser le dio a esta doctrina de la culpabilidad por actitud interna,
otra expresión. Para él, la culpabilidad no solo se remite a la actitud interna
del sujeto, sino a la actitud interna anti-jurídica del hecho en concreto, y a
diferencia de Gallas, sí ofrece una definición material de este concepto. De
esa forma, la culpabilidad jurídico-penal se refiere al comportamiento
espiritual lesivo de los bienes jurídicos. Con esto, también se hacer
referencia a las lesiones que ha causado el sujeto en el bien jurídico desde su
voluntad, es decir que no ha tomado la situación de peligro o el bien jurídico
en serio. Sin embargo, la concepción de Schmidhauser no consigue desvirtuar las
críticas que se formulan de manera general contra el criterio de la actitud
interna.
Concerniente a la
culpabilidad como deber responder por el carácter propio, esta concepción parte
de la idea de que cada cual es responsable así sin más de las características o
propiedades que le han inducido a ser así, a ser como es. Según esto, todo
sujeto sabe que “una acción totalmente distinta (…) era perfectamente posible y
podría haber sucedido, con tal que él hubiera sido otro: eso es lo único que ha
sido decisivo.” (Schopenhauer, 2012). Todo lo cual
alude a que naturalmente, al sujeto le era imposible actuar de otra manera,
porque él es así, de esta manera y no de la otra, pero si él hubiera sido otra
persona, actuar de diferente modo si le hubiera sido posible. En este caso la
responsabilidad no solo alcanza el hecho, sino que llega a alcanzar al carácter
del sujeto. Y por su carácter él mismo se siente responsable, y por él, le
hacen responsable también los demás.
Esta doctrina
tiene muchos partidarios en el Derecho penal. Uno de estos adeptos es Dohna que
considera una ley fundamental de la existencia en la que cada uno debe responder
por lo que hace, pues lo que hace emana de forma directa de su personalidad.
Por su parte Heinitz dice que en la vida, uno responde por lo que es, sin la
necesidad de tener en cuenta las múltiples razones por las que se ha llegado a
ser eso.
También está
Engisch, deduce de esta concepción de la responsabilidad por la culpabilidad
por el carácter, el deber que tiene el sujeto de soportar la pena, en el
sentido de que solo hay una manera de compensar la culpabilidad por el
carácter, y es mediante la imposición y aceptación de un castigo que sea
configurado de forma específica sobre el carácter que causó el injusto.
La opinión de
Figueiredo Díaz, que según esta concepción caracteriza la culpabilidad como el
deber del sujeto de responder por su personalidad, que fundamentó la comisión
del injusto. En ese sentido, el sujeto es culpable cuando manifiesta sus
características personales en el momento y modo de cometimiento del injusto, y
dicha personalidad es censurable cuando es contraria a los valores jurídico-penales.
La primera crítica
que se realizó contra esta concepción de la culpabilidad, fue que resultaría de
muchas maneras paradójico hacer al sujeto responsable por una disposición de
carácter y de personalidad del que no es responsable, y por lo tanto, por el
que no puede hacer absolutamente nada. Schopenhauer responde a esta cuestión
distinguiendo entre el carácter empírico y el carácter inteligible. Según esto,
detrás del carácter empírico que es completamente determinado se encuentra el
carácter inteligible, que se determina a sí mismo con libertad de elección.
Esto quiere decir que la personalidad tiene una posibilidad de elección
fundamental, según la cual, el ser humano se decide a sí mismo, crea su propio
ser, establece su manera de ser.
En este sentido,
entonces sí sería lógico determinar la respectiva responsabilidad por los
hechos ilícitos realizados basándose en el carácter o la personalidad, porque
según esta teoría, el ser humano decide como moldear su carácter y
personalidad. No obstante, dichas hipótesis pueden ser materia sólo de la
creencia filosófica, pero por ninguna razón pueden servir como base para una
concepción empírica y racional del Derecho penal.
En lo tocante a la
culpabilidad como atribución según las necesidades preventivo generales, se
tiene que, la prevención general es entendida no en el sentido de la
intimidación que debe crear en el sujeto, sino como un ejercicio de la
fidelidad al Derecho. De este modo, Jackobs desarrolla un concepto funcional de
culpabilidad, en la que ésta se entiende como una atribución
preventivo-general. En este sentido, la culpabilidad es funcional porque su
contenido es conceptualizado por el fin que tiene o debe tener ésta.
Visto de esta
forma, el fin rector y determinante de la culpabilidad se establece como un
intento de estabilizar la confianza en el ordenamiento, perturbación que se
realizó mediante el cometimiento de una conducta delictiva. Entonces, mediante
la atribución de culpabilidad, responsabilidad penal y la respectiva punibilidad
ligada a ella, se estaría confirmando la corrección de la confianza -confianza
en la función correctiva que tiene una norma-. En otras palabras, el
comportamiento delictivo frustra las expectativas que tiene la comunidad
jurídica. Y la única manera de compensar esta frustración es interpretando como
fallida, no el sistema jurídico, sino la conducta que lo ha frustrado, es decir
considerándola culpable, y por lo tanto, castigándola.
A esta concepción
la oposición principal está en hecho de que en ella se abandona la función
restrictiva de la punibilidad del principio de culpabilidad en atención a la
función preventivo-general. Según esta concepción, la punibilidad del sujeto
deja de depender de las circunstancias que radican en su persona -como el
carácter, la personalidad, la actitud interna, o la decisión de actuar de esa
manera y no de otra-, sino que depende e lo que presuntamente sea necesario
para el ejercicio de los ciudadanos en términos de la fidelidad al Derecho para
la estabilización de su confianza en el sistema, en el ordenamiento.
Esta
instrumentalización del individuo, en la que el sujeto solo sirve como un
instrumento de los intereses sociales de estabilización, fue criticada por Kant
como una violación de la dignidad humana: “el ser humano no puede ser nunca
utilizado como medio para los propósitos de otro y ser mezclado con los objetos
del Derecho de cosas, contra lo cual le protege su personalidad innata.” En
pocas palabras, Kant declara a la dignidad humana como intangible, y según
ello, la concepción de Jackobs tropieza estrepitosamente con esta declaración,
y con reparos de orden constitucional.
Por último, se
plantea otra cuestión, y es si es que una concepción del Derecho penal que
pretende ser puramente preventivo-general y nada más que ello no destruye o
aminora de alguna forma desde el principio, la intención que lo fundamenta, es
decir su efecto preventivo. Es decir, el hecho de divulgar y comunicar a la población
el hecho de que la pena no depende de lo que el sujeto realice y de la actitud
con la que lo realice, sino de lo que al juez le parezca necesario y suficiente
para restablecer la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, y también
que la culpa puede negarse o afirmarse según existan y falten instituciones
terapéuticas apropiadas (respectivamente), no va a hacer nada más que provocar
intranquilidad en la población y le será imposible cumplir su objetivo de
estabilizar el sistema, porque la verdad, es que le está dando a la gente un
sistema sin reglas muy claras, sin objetivos realizables y sin mucha confianza.
En lo tocante a la
culpabilidad como actuación injusta pese a la existencia de asequibilidad
normativa, desde esta concepción se entiende la culpabilidad como una
“actuación injusta pese a la existencia de asequibilidad normativa.” (Roxin, 1997). Con esto, se quiere decir que se debe afirmar
la culpabilidad del sujeto cuando éste estaba en el momento mismo del cometimiento
del hecho disponible para la llamada de la norma, disponible en el sentido de
estado mental y anímico, y cuando en ese momento aún le era psíquicamente
asequible la posibilidad de decidir su actuación conforme a una conducta
adecuada a la norma. Es momento de asequibilidad se debe entender como la
posibilidad psíquica sin importar que sea libre o condicionada de control que
existe según la experiencia en el adulto sano común en la mayoría de las
condiciones.
Cuando existe la
asequibilidad normativa, se parte en primera instancia de la idea de que el
sujeto posee una capacidad de comportarse en conformidad a la norma, bajo
cualquier circunstancia, así que se convierte en culpable cuando decide no
adoptar ninguna de las conductas alternativas que psíquicamente eran asequibles
para él. Es decir, el sujeto tiene la posibilidad de comportarse al derecho,
esta posibilidad es asequible para él desde todos los puntos de vista,
normativa, psicológica, en las consecuencias de la situación que está viviendo,
pero aun así toma la decisión de no hacer uso de esta asequibilidad.
La
necesidad de la pena
En lo primordial,
se debe distinguir entre la culpabilidad para la fundamentación de la pena, y
la culpabilidad para la medición de la pena. La primera, que fundamenta la
necesidad de castigar los hechos ilícitos con una pena, reúne la cuestión de
analizar en qué presupuestos se puede configurar la culpabilidad y por lo tanto
por regla general, más bien establecer responsabilidad jurídico-penal. En este
sentido, el concepto sistemático jurídico-penal de la culpabilidad depende y
está ligado al supuesto de hecho o a la conexión necesaria entre el hecho
cometido y el sí de la pena para la imposición de esta última.
Por otro lado, en
lo que respecta a la culpabilidad para la medición de la pena, esta concierne
el supuesto de hecho o la conexión para la medición judicial de la pena la
justicia que debe existir entre el hecho realizado y la retribución. Por lo
tanto, es una conexión con el “conjunto de los momentos que poseen relevancia
para la magnitud de la pena en el caso concreto.” (Achenbach, 1974)
Ambos conceptos
deben separarse para la fundamentación y para la medición al contener
conjeturas distintas. Mientras que la culpabilidad para la fundamentación de la
pena establece la importante pregunta de la inimputabilidad y la capacidad de
culpabilidad que debe tener el sujeto para ser considerado penalmente
responsable de sus hechos, así como la posibilidad de haber conocido la
prohibición de dicha conducta anti-juridicidad, la culpabilidad para la
medición de la pena depende de otra cosa, de varias, mas bien.
Es necesario
resaltar que la culpabilidad para la medición de la pena, para la fijación de
la misma, artículo 46 en el Código Penal Alemán debe tener en cuenta las
circunstancias tanto favorables como desfavorables para el autor. Así, antes de
establecer responsabilidad penal, se debe tener en cuenta el móvil del autor el
objetivo de cometer el crimen-, el ánimo y la voluntad de hacerlo, la medida en
la que se viola el deber para delitos culposos, el resultado del hecho, los
antecedentes del autor, sus condiciones personales y económicas y también su
conducta después de cometer el hecho su esfuerzo de lograr un acuerdo con la
víctima, o de reparar su crimen.
Culpabilidad
de hecho
La teoría de la
responsabilidad por el hecho fue fundada por Maurach, y ésta introduce esta
categoría entre los conceptos de anti-juridicidad y culpabilidad como una
“categoría sistemática propia y adicional.” (Roxin, 1997). En consecuencia de esta culpabilidad de
hecho, se reconocen además de las causas de justificación y las causas de
exclusión de culpabilidad algunas causas de índole específicas que excluyen la
responsabilidad por el hecho. Entre estas nuevas causas que se reconocen
gracias a la teoría de Maurach donde el estado de necesidad y el exceso que se
puede realizar al invocar la legítima defensa. En este tipo de casos, según el
autor, no se exculpa al sujeto individual, pero sí se le exime de
responsabilidad para una determinada situación.
Exclusión
de la culpabilidad
En las causas de
exclusión de la culpabilidad, se habla de exclusión porque faltaría desde un
principio todo signo de culpabilidad, basado en el principio de que el sujeto
no podía haber actuado de otro modo. Si el sujeto no pudo actuar de manera
diferente a la que actuó no pudo, no en el sentido de que no quiso, sino de que
las condiciones no se lo permitieron, no existe culpabilidad ni siquiera
culpabilidad disminuida y por lo tanto no hay presupuestos para considerar al
sujeto penal o jurídicamente responsable de sus acciones.
Sin embargo, esta
condición tan rigurosa de realizar el reproche de culpabilidad no siempre es
así, como puede ser en ciertos casos como los estados pasionales intensos y las
neurosis graves en las que no se puede excluir de manera completa las
consideraciones preventivas en la negación o aceptación de la culpa. Incluso en
los casos en los que se podría afirmar la más mínima posibilidad de poseer una
capacidad de control, debería seguir siendo posible la exención de
responsabilidad, siempre y cuando esto sea defendible en términos
preventivo-generales.
Conclusiones
Una vez analizada
la culpabilidad en la teoría del delito, se ha podido evidenciar que se debe
considerar a la culpabilidad como principio jurídico, es decir, “nullum crime
sine culpa” proveyendo la existencia de una voluntad contraria a la ley en la
persona para actuar. Es importante señalar que desde el punto de vista
psicológico la concepción, adoptada por la escuela clásica determina a la
culpabilidad como una relación esencial psicológica entre el delito y su autor,
al determinar el dolo y la culpa.
Asimismo, la
concepción normativa reestructuró la culpabilidad como principio, compuesta a
su vez por la imputabilidad, capacidad de comprensión de la ilegalidad de la
conducta y la exigibilidad del comportamiento jurídico distinto.
En tal sentido, el
principio de culpabilidad no está creado para ir en contra del ciudadano
criminal o no, todos tienen derechos sino que más bien, consiste en protegerlo.
Cuando la persecución de fines preventivos, como lo es la culpabilidad se
mantiene dentro de los límites propios del Derecho, se está llevando a cabo una
política criminal razonable consonó con los derechos que demanda el acto
jurídico.
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©2020
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