Resumen
La anti-juridicidad constituye es la
segunda categoría dogmática dentro de la teoría del delito, si esta llega a
faltar, así como sucedería con la tipicidad y la culpabilidad no sería posible
determinar responsabilidad penal, mucho menos punibilidad. Por tanto, para que
exista delito es necesario que exista una relación de contradicción entre la conducta
del ser humano y el ordenamiento jurídico, en base a esto es relevante su
estudio. El objetivo de este ensayo fue analizar la anti-juridicidad en la
teoría del delito. La metodología empleada se caracterizó por ser una
investigación de tipo descriptiva con diseño documental, bajo los parámetros de
una investigación de tipo bibliográfica donde se consultó fuentes literarias de
tipo jurídicas e
investigaciones sobre esta área temática. Se concluyó que la anti-juridicidad es
toda conducta humana que no está en concordancia con una normativa jurídica,
por consiguiente, la acción del sujeto es totalmente contraria a ella.
Asimismo, para que una conducta humana sea valorada de anti-jurídica, es
necesario que lesione o ponga en peligro un interés jurídico tutelado por el
Derecho, ya que de lo contrario no puede ser valorada como ilícita. Es así que,
la anti-juridicidad supone que la conducta que se ha realizado está prohibida
por el ordenamiento jurídico; es decir, contrario a Derecho.
Palabras claves: La anti-juridicidad;
responsabilidad penal; punibilidad.
Abstract
Unlawfulness constitutes the second
dogmatic category within the theory of crime, if it were to be lacking, just as
it would happen with criminality and guilt, it would not be possible to determine
criminal responsibility, much less punishability. Therefore, for there to be a
crime, it is necessary for there to be a relationship of contradiction between
the conduct of the human being and the legal system, based on this, its study
is relevant. The objective of this essay was to analyze unlawfulness in crime
theory. The methodology used was characterized by being a descriptive research
with a documentary design, under the parameters of a bibliographic research
where legal literary sources and research on this subject area were consulted.
It was concluded that illegality is all human conduct that is not in accordance
with legal regulations, therefore, the action of the subject is totally
contrary to it. Likewise, for human conduct to be considered unlawful, it is
necessary that it injure or endanger a legal interest protected by the Law,
since otherwise it cannot be valued as unlawful. Thus, illegality supposes that
the conduct that has been carried out is prohibited by the legal system; that
is, contrary to law.
Keywords: Unlawfulness;
criminal responsibility; punishability.
Resumo
A ilegalidade constitui a segunda
categoria dogmática da teoria do crime, se faltasse, assim como aconteceria com
a criminalidade e a culpa, não seria possível determinar a responsabilidade
criminal, muito menos a punibilidade. Portanto, para que exista um crime, é
necessário que exista uma relação de contradição entre a conduta do ser humano
e o sistema jurídico, com base nisso, seu estudo é relevante. O objetivo deste
ensaio foi analisar a ilegalidade na teoria do crime. A metodologia utilizada
caracterizou-se por ser uma pesquisa descritiva, com desenho documental, sob os
parâmetros de uma pesquisa bibliográfica em que foram consultadas fontes
literárias legais e pesquisas nessa área. Concluiu-se que a ilegalidade é toda
conduta humana que não está de acordo com os regulamentos legais; portanto, a
ação do sujeito é totalmente contrária. Da mesma forma, para que a conduta
humana seja considerada ilegal, é necessário que ela prejudique ou ponha em
risco um interesse legal protegido pela Lei, pois, caso contrário, não poderá
ser avaliado como ilegal. Assim, a ilegalidade supõe que a conduta praticada
seja proibida pelo sistema legal; isto é, contrário à lei.
Palavras-chave: Ilegalidade;
responsabilidade criminal; punibilidade.
Introducción
En la mayoría de las legislaciones a
nivel mundial para categorizar la figura delictiva se consideran relevantes una
serie de elementos los cuales son de acuerdo con ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. “Tipicidad,
Anti-juridicidad,
Culpabilidad y Amenaza Sancionatoria” Es así que todas estas partes integradas
como un todo hacen posible la existencia del delito como ente jurídico. De modo
particular, la anti-juridicidad
es la segunda categoría dogmática dentro de la teoría del delito, es decir, si
esta llega a faltar, así como sucedería con la tipicidad y la culpabilidad, no
sería posible determinar responsabilidad penal, mucho menos punibilidad. En tal
sentido, según ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. “La anti-juridicidad de la acción, es un
presupuesto esencial de la punibilidad.” De acuerdo con el autor, un hecho solo
será punible si existe la violación de un interés tutelado por el Derecho.
Es importante reconocer que dentro del
campo del ámbito penal, la antijuricidad es el elemento del delito que
determina sí la conducta de un individuo en un
momento determinado está dentro de lo considerado adecuado en el código penal y
demás leyes penales. Por ello, la primera condición que se requiere para que
una conducta humana sea valorada de anti-jurídica,
es que lesione o ponga en peligro un interés tutelado por el Derecho. De
esta manera, se permite ver el ordenamiento jurídico como el marco destinado a
analizar la conducta y desde ese punto de vista, la anti-juridicidad
viene a ser entonces la contrariedad entre la conducta y el total ordenamiento
jurídico, puesto que se habla de que el Derecho es rector de conductas
sociales.
En base a esto, toda la vida humana
está sujeta a una valoración jurídica y desde el punto de vista del Derecho, la
primera regla según la que se confronta la conducta humana es la regla de
permisión o prohibición. En consecuencia, como resultado de esta valoración es
posible recurrir a la axiología jurídica donde se argumenta que todo lo que no
está prohibido está permitido, salvo que se atente contra el orden público o
las buenas costumbres y, de este modo se puede declarar si una
conducta está permitida o se considera prohibida
para el Derecho. Por ello, la antijuricidad señala la existencia de una
contradicción entre la conducta del ser humano que se contrapone con lo
establecido el
ordenamiento jurídico.
Lo anteriormente expuesto, deja entrever
el valor del presente estudio por cuanto tuvo como objetivo analizar la anti-juridicidad
en la teoría del delito.
Desarrollo
La anti-juridicidad en la teoría del
delito se considera un elemento importante pues está relacionada a los hechos
punibles de todo acto conductual que va en contra del ordenamiento jurídico, lo
cual trae consecuencias no favorables para los individuos que incurren en
conductas consideradas prohibidas para el Derecho. En este contexto, ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. indica que “la anti-juridicidad es
siempre la contradicción entre una conducta real y el ordenamiento jurídico.
Partiendo de esta idea en el sentido del Derecho Penal, la conducta anti-jurídica
será aquella que se prohíbe bajo la amenaza de una pena criminal, por la
sencilla razón de ser real o potencial lesiva y peligrosa para determinados
bienes jurídicos.
Es así, como mediante la amenaza de pena,
la ley describe como debida o lícita la conducta que sea contraria a aquella
que se sanciona, siendo realizar una omisión de la conducta que se prohíbe (no
matar, no hurtar, no extorsionar) cuando se trata de delitos comisivos, o del
deber de hacer lo que se manda u ordena (denunciar un hecho delictivo si es que
se tiene conocimiento del mismo, decir la verdad en una declaración
juramentada) cuando se trata de delitos omisivos. Por tanto, toda pena tiene su
consecuencia jurídica, lo que lleva a pensar que la prohibición presupone un
injusto con un nivel de gravedad alto.
Por consiguiente, la
conducta que sea opuesta a una norma determinada debe considerarse contraria al
ordenamiento, de aquí nacen los “conceptos fundamentales de lo justo y lo
injusto”¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
A este respecto, cuando la conducta de las personas no está en consonancia con
lo establecido en una determinada norma jurídica, es denominada también como lo
injusto. Así, los conceptos sistemáticos penales de anti-juridicidad e injusto
se distinguen en que la anti-juridicidad le designa a la acción típica una
propiedad de contradicción con las prohibiciones, mandatos y normativas del
Derecho Penal, mientras que, por su parte el injusto se entiende como la acción
típica y anti-jurídica, es decir, el injusto es el objeto de valoración de la anti-juridicidad.
En el injusto se reúnen las tres categorías delictivas, que son la acción, la
tipicidad y la anti-juridicidad sin contemplaciones justificativas exclusivas.
En esta línea, ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. señala que el
injusto “describe de manera material la relevancia jurídico–penal de una
conducta, y de ese modo y al mismo tiempo, atribuye a la misma una diferencia
valorativa” En relación a la diferencia valorativa el autor, se refiere a una
diferencia que debe ser tan específica, que incluso entre hechos con gran
semejanza se podría comprobar. Es así que, esta función valorativa del injusto
tiene una gran importancia, no solo en cuanto a las exigencias del principio de
legalidad, sino también, con referencia al principio de proporcionalidad penal
con magnitud de lo injusto del hecho típico. De manera concreta, la anti-juridicidad penal
no se diferencia mucho de la anti-juridicidad general, pero tiene una
característica especial de reunir y conformar los tipos penales que recogen las
representaciones más graves del injusto en todo el ordenamiento para someterlas
a una amenaza criminal. En otras palabras, el Derecho Penal no reacciona frente
a cualquier injusto, sino ante los más graves y nocivos, a juicio del
legislador.
Por tanto, el hecho de que la anti-juridicidad
penal esté reservada a la formulación legal de ciertos tipos le da una
diferenciación formal con respecto a la anti-juridicidad general. De esto se
deriva que la exclusión de la anti-juridicidad por un causal de justificación
no siempre va a excluir la anti-juridicidad general, puesto que, al dejar de
ser típico para el Derecho Penal, el hecho puede seguir siéndolo para otras
ramas del Derecho. Al ser excluido el injusto de la anti-juridicidad penal,
puede dejar que en ciertas ocasiones lo sustituya un injusto extrapenal, de
carácter menos grave, cuyas consecuencias pueden verse establecidas por otra
rama jurídica.
En cuanto a la materia interna del tipo,
lo injusto puede ser tan variable como la conducta misma que lo ocasiona,
puesto que el concepto de injusto hace referencia a esto mismo, a la conducta
punible, singular y diferenciada, cuya realización es objeto de una amenaza
penal específica. El tipo de lo injusto comprende la totalidad de los elementos
que forman parte y fundamentan lo injusto específico de la conducta punible,
todo aquello que hace que la conducta se constituya como un hecho específico
diferenciado de otros similares. Por esta razón, se respeta mucho más el
principio de proporcionalidad, al estudiar las especificidades de cada conducta
que puede parecer similar a otra.
A tal efecto, a decir de ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. se evidencia que
“el injusto puede revestir una gravedad mayor o menor desde los puntos de vista
social, ético y jurídico, que ha llevado a la necesidad de separar los dos
aspectos de la antijuricidad como son lo formal y lo material.”
En lo tocante a la anti-juridicidad formal
¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. afirma que es la
“relación abstracta de contradicción entre un hecho humano y el total
ordenamiento jurídico.” Esto quiere decir que no basta con que la conducta sea
contraria a un ordenamiento en específico obtenido de su contexto normativo,
sino que es necesario que este accionar pueda ser encasillado en la
contrariedad del ordenamiento jurídico, es decir, de todas las normas y
principios que forman parte de este, y sobre todo de sus fines de protección.
Es decir, no debe existir norma alguna que permita, tolere o fomente la
conducta de la que se habla. En este sentido, ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. señala lo
siguiente:
Para la protección
de la convivencia de la persona en la comunidad, el legislador establece normas
de comportamiento vinculantes que se denomina normas jurídicas. Estas últimas
prescriben un hacer positivo que afecta a valores dignos de promoción (…) o
que prohíben un comportamiento lesivo de alguno de aquellos (…) De acuerdo con
ello, la esencia de la anti-juridicidad se divisa en que una conducta infringe
un deber de acción u omisión contenido en una norma jurídica. Este aspecto es
denominado anti-juridicidad formal, pues sólo es tenida en cuenta la
contradicción de la acción con el mandato normativo.
A este respecto, el autor, menciona que a
una conducta se le debe considerar anti-jurídicamente formal cuando cumple el
requisito de contravenir una norma del ordenamiento jurídico, y siempre que no
concurra ninguna causa de justificación para dicho comportamiento.
Debe destacarse que la anti-juridicidad
formal promulga el principio ídem per ídem, que quiere decir que es lo
mismo lo uno que lo otro. Para ilustrar esta afirmación, desde el punto de
vista material para lograr comprender las diferencias: en un hurto valorado en
diez mil dólares y un hurto de cincuenta dólares, que si son vistos desde el
punto de vista formal anti-jurídico, son exactas e iguales puesto que ambos
estarían infringiendo de manera estricta la misma norma, y la anti-juridicidad
formal no estudia aspectos como, en este caso, la cantidad de dinero hurtada.
En cuanto al presupuesto de “infracción de una prohibición”, el tipo penal de
asesinato no es distinto al tipo penal de robo.
Con base a esto, el hecho de que la anti-juridicidad
formal sea una relación de contradicción entre una acción y el derecho es
importante, pero aun así no consigue responder a la cuestión de ¿por qué un
hecho es contrario al Derecho Penal? No se trata entonces de limitarse a
constatar que el hecho es anti-jurídico sólo porque el Derecho lo define como
tal, sino de analizar a profundidad qué es lo que tienen dichos hechos,
comportamientos y acciones para que el Derecho Penal haya decidido
desvalorizarlos. En ello consiste la anti-juridicidad penal material, a eso
viene a dar respuesta.
Por otra parte, la anti-juridicidad
material según ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. es la conducta
típica que ha puesto en peligro o lesionado en forma efectiva y con
significativa entidad social, el bien jurídico tutelado por la ley. De manera
similar¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. señala que:
La anti-juridicidad
no se agota en la relación entre la acción y la norma, sino que también posee
un significado sustancial. Una acción es anti-jurídica en un sentido material
cuando se atiende al menoscabo del bien jurídico protegido por la norma
correspondiente.
A diferencia de la anti-juridicidad
formal, la determinación material de este principio se refiere no sólo a que la
conducta esté en contra de las leyes: según la opinión tradicional de la
doctrina del Derecho, la anti-juridicidad en su aspecto material se basa “en su
carácter de lesión o puesta en peligro de un bien jurídico” (Jakobs, 1999), y a
ello se le debe añadir que el hecho no contiene ningún interés prevalente que
lo pueda justificar. A ello se refiere Jescheck en la cita anterior siendo el “significado
sustancial” la manera de referirse a la materialidad de la anti-juridicidad, y
el “menoscabo” al ingrediente de la dañosidad social.
Junto a ello, la anti-juridicidad material
no es más que la lesividad o peligrosidad de la conducta, siempre y cuando se
mantenga dentro de los ámbitos de la norma y el marco de la ley –nullum
crimen–. La anti-juridicidad material se intenta demostrar “el contenido y
la razón de ser de la anti-juridicidad formal y de ninguna manera de reemplazar
esta última por criterios valorativos extralegales o extrajurídicos”¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.. Según esto, el
Magistrado Ponente Álvaro Orlando Pérez Pinzón en la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia de Colombia, mediante el proceso número 21923 del
25 de mayo del 2006, saca a colación y recuerda que en la misma sala, el 16 de
junio de 1981 dijo el Magistrado Ponente Alfonso Reyes Echandía que “no basta
la sola contrariedad formal con la norma penal para predicar la anti-juridicidad
de la misma, sino que es necesario establecer la lesión o peligro potencial
injustificado del interés que tutela la ley.”
De este modo, se puede determinar la
importancia práctica de la anti-juridicidad, siendo esta triple así: en primer
lugar, ésta “permite realizar graduaciones del injusto y aprovecharlas de
manera dogmática, proporciona medios auxiliares de interpretación para la
teoría del tipo y del error, y para solucionar otros problemas dogmáticos, y
hace posible formular los principios en los que se basan las causas de
exclusión del injusto y determinar su alcance”¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..
En primer lugar, la anti-juridicidad
material permite realizar las graduaciones del injusto según su
peligrosidad o la gravedad que represente; aumentos o distinciones cualitativas
que la anti-juridicidad formal por su parte no concibe. En el ejemplo antes
mencionado sobre el robo de diez mil dólares versus el robo de cincuenta
dólares, desde el punto de vista material, el primero supera al segundo, así
como la nocividad social del homicidio supera por mucho a la del robo. En
comparación, desde el punto de vista material habla de una distinción
cualitativa completa.
Ahora bien, la importancia de la
materialidad de la anti-juridicidad surge, según Roxin, porque la cantidad y la
cualidad material del injusto no son solo necesarios sino esenciales para
determinar el grado de culpabilidad, el mismo que a su vez establece la
medición de la pena, y por lo tanto la pena resulta codeterminada de forma
decisiva por el injusto material del hecho.
Por tanto, la medida de los daños
materiales que se producen en el bien jurídico, o a su vez amenaza con
producirse, son elementales para realizar la comprobación de la anti-juridicidad
mediante la respectiva ponderación de intereses. La posibilidad de cuantificar
el hecho punible tiene mucha importancia también en cuanto se refiere a la
exclusión de la responsabilidad y de autoría mediata.
Además, la idea de anti-juridicidad
material sirve para interpretar el tipo con mayor eficacia, en aquellos
casos que se entienden como socialmente adecuados, en los cuales se puede
subsumir en el tenor literal de un precepto penal, pero según el contenido de
su significado social, no concuerda con el tipo de delito. Este concepto puede
resultar confuso, pero debe entenderse de una forma más simple: es gracias a la
anti-juridicidad material, que se puede analizar si una conducta se configura
como anti-jurídica, pero que no puede considerarse desde el punto de vista
material, porque su lesividad o nocividad social es casi inexistente.
Para ejemplificar, una familia que juega
póker y que realiza apuestas pequeñas–Art. 236 del COIP–. Este caso se
encuentra prohibido por la ley, es decir, es formal el anti-jurídico. Sin
embargo, no se puede ver encajado en el tipo pertinente, puesto que la conducta
no lesiona el bien jurídico en su contenido material, no existe nocividad
social, la lesión es inexistente y se podría considerar incluso una adecuación
social: es aceptado de forma normal el jugar un juego de mesa con la familia y
realizar apuestas que no le hacen daño a nadie.
Por último, el principio material de la anti-juridicidad
es decisivo en cuanto al desarrollo y determinación de las causas de
justificación. Para sistematizar todas las causales de exclusión de anti-juridicidad
y configurar su contenido, deberá ser la anti-juridicidad material la encargada
de marcar y establecer la pauta con referencia a este tema. Es decir, es
necesario estudiar el modo en que se llevó la acción y su nocividad social para
saber si es que se puede integrar dicha acción dentro de un causal
justificativo, lo que no se podría hacer con el aspecto formal de la anti-juridicidad.
Con respecto al concepto de anti-juridicidad
material, ha dicho la Corte Nacional de Justicia, en la Sala de lo Penal, el
día 21 de agosto del 2013 mediante recurso de casación radicado con número
924–2013 que sobre la misma se debe realizar un análisis importante en cuanto a
la conducta concreta desplegada por el agente. La anti-juridicidad entonces:
Intenta
fijar (…) el concreto daño que es causado a la sociedad, por el real
cometimiento de la conducta penada por la ley; lo que implica el análisis de la
manera en la que la conducta ha resultado atentatoria en contra de los
parámetros generales de lo aceptable, concepto impuesto por el Derecho y
adoptado por una comunidad específica. En estos términos, se debe entender que
una conducta anti-jurídica materialmente, siempre será lesiva, pero no en todos
los casos la conducta lesiva, revestirá anti-juridicidad material, siendo este
último de los supuestos mencionados, el correspondiente a la existencia de
causas de justificación, en donde existiendo lesión al bien jurídico protegido,
la conducta no se juzga como acto punible, debido a que ha sido realizada
acorde a derecho, al haberse actuado sin parámetros de ilegitimidad, que le
pudieran ser impuestos desde un análisis jurídico de la situación.
Es importante considerar que la conducta
típica no puede nunca ser objeto único de desvalor formal. Esto debe entenderse
así, porque aun cuando la conducta sea contraria a la normativa y al
ordenamiento jurídico, si es que se da el caso que la misma no pone al menos en
peligro concreto el bien jurídico penalmente tutelado y protegido o se
configura frente a una causal de justificación– no se puede predicar una
relación de anti-juridicidad.
Es evidente el ejemplo de un caso de
tenencia y porte ilegal de armas, tipificado en el artículo 360 del COIP. Sí
Mariana no tiene un permiso del Estado para portar un arma en una determinada
jurisdicción, efectiva estaría actuando en contra a la normativa penal, es
decir, estaría cumpliendo con el aspecto formal de la anti-juridicidad. Sin
embargo, si dicha arma no tiene aguja de percusión, por lo tanto, no puede ser
disparada, es decir, no puede cumplir con el efecto para lo cual fue diseñada,
no podría poner en peligro el bien jurídico, mucho menos lesionarlo. De esa
manera, no estaría cumpliendo con el aspecto material de la anti-juridicidad.
Con
respecto a ello, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de Colombia,
bajo la Sentencia del 15 de septiembre de 2004, en la Sala de Casación Penal
con número de radicado 21 064:
Al
constatar el grado de afección al bien jurídico protegido, la seguridad
pública, ha debido observarse que el porte sin permiso de esa arma que no
reunía las condiciones necesarias para amenazar asertivamente, lesionar o matar
a otra persona, no constituía una real y verdadera puesta en peligro.
Visto lo anterior, las determinaciones
conceptuales de la anti-juridicidad tanto formal como material, donde una de
las cuales explica el nombre de este principio, y la otra configura el objeto
de este, procuran apoderarse del concepto de anti-juridicidad de dos maneras
muy diferentes, pero están muy lejos de ser definiciones que funcionan de
manera separada e individual.
Elementos generales de la anti-juridicidad
penal
El mayor y principal requerimiento de la anti-juridicidad
penal de acuerdo con ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. es “la
realización de un tipo penal sin causas de justificación.” Sin embargo, es
necesario con el único objetivo de generar una correcta comprensión del tema
dividir este requerimiento general en aquellos elementos específicos que lo
configuran, de la manera siguiente: en primer lugar se señala la tipicidad
penal, la cual es entendida como la acción, conducta, o hecho se considera
penalmente típica cuando se halla previsto por la ley, como elemento
constitutivo de un tipo de delito. Que el hecho sea primero típico, asegura la
existencia de una relevancia penal ante la posibilidad anti-jurídica del mismo
hecho. La tipicidad, según ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. es una exigencia
del Estado Derecho, y está ligada al principio de legalidad.
Es así que, la realización correcta del
principio de legalidad requiere, a su vez, que las penas y delitos se
encuentren previstos por una ley anterior, aspecto formal del principio de
legalidad, y que dicha ley determine los contornos y límites de los hechos
punibles y sus respectivas penas o consecuencias jurídicas con suficiente
precisión –aspecto material del principio de legalidad. Esto anterior se conoce
entonces como el mandato de determinación. Un Derecho Penal que no realice
estos requerimientos mencionados, es decir, que no defina de forma concreta y
diferenciada las distintas clases de conductas típicas, sino que se remita a
castigar al que “causare un mal a otro”, o a otras cláusulas generales
similares no estaría respetando la exigencia de determinación, y por lo tanto,
se estaría actuando de forma inconstitucional.
De esta manera, la técnica de descripción
de los tipos de conducta pretende evitar estos inconvenientes, y prohíbe al
legislador utilizar en la redacción de los tipos penales, términos vagos y
cláusulas generales que no delimiten el comportamiento o su consecuencia, salvo
que la utilización de estos términos generales resulte inevitable, como por
ejemplo en el concepto de “libertad sexual” o “paz pública”.
A parte de esto, todo tipo penal exige que
se realice una acción o comportamiento humano. El Derecho Penal evita lesiones
de bienes jurídicos mediante valoraciones y la creación de normas. Dichas
valoraciones pueden extenderse a resultados nocivos, y ello servirá de punto de
partida para la desvalorización y prohibición de la conducta humana que, en un
principio, ha causado el resultado. Siguiendo esta idea, sólo se puede
desvalorizar como penalmente anti-jurídica aquella lesión o puesta en peligro
causada por una acción humana, porque es justo para la acción humana que se
creó la ley que se está infringiendo.
El segundo requisito de la anti-juridicidad
penal es que esta no pueda ser eliminada por ninguna causal de exclusión
justificante. De esa manera, el hecho o la acción que se configure en un tipo
penal no podrá ser anti-jurídica cuando se ha efectuado bajo el amparo de una
causal de justificación. Son éstas, previstas en el Código Orgánico Integral
penal, la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento objetivo
del deber, y la orden de una autoridad competente, todas serán estudiadas y
analizadas a lo largo de éste documento.
Anti-juridicidad material y la
racionalidad de la pena
Si es que se suprime del injusto típico
todos los hechos insignificantes, las conductas socialmente adecuadas, y todas
aquellas acciones que se protegen en una causa de justificación, es decir, que
la acción para ser punible sea de gravísima irregularidad desde el punto de
vista histórico, social, y de lesividad jurídica, la anti-juridicidad material
exige la orientación del sistema penal hacia el principio de racionalidad de la
pena. Este principio implica que la pena sea justa, necesaria, socialmente
útil, humanitaria, merecida, y legal.
Desde los tiempos de Platón se indica que
dictar leyes penales con el objetivo de castigar al ciudadano se debe hacer
solo para “prevenir y contener con amenazas a los que pudieran llegar a cometer
ciertos crímenes.” El Estado democrático ha de acudir primero –antes de
siquiera pensar en la imposición de la pena– a mecanismos de índole cultural,
educativa, social, tradicional o política para intentar evitar y prevenir las
acciones nocivas para los intereses vitales y los demás bienes jurídicos. El
derecho punitivo, es decir, la aplicación de la pena se utilizará de forma
exclusiva como extrema ratio.
En este contexto se puede especificar la
existencia de diversas nociones de la pena en correspondencia a la distinción del hecho
punible. Así se tiene:
a)
Pena
justa: El hecho de que se exija una pena justa, quiere decir que la pena debe
ser razonable y proporcionada a la gravedad del daño real o potencial que se
intenta prevenir con la amenaza penal. Esta proporcionalidad comprende la
magnitud de la afectación real del bien jurídico y el rango de gravedad de
este, aquí se recalca la importancia de la materialidad de la anti-juridicidad,
se habla también de la intensidad del elemento de culpabilidad en el sujeto y
la forma de participación interna del mismo. Para que la pena reúna al fin la
cualidad de justa, también debe exigirse el debido proceso y la independencia e
imparcialidad del juez.
b)
Pena
necesaria: La pena deberá ser necesaria tanto en el momento legislativo,
obligación del legislador, como en el momento judicial, es decir, de su
imposición por medio de sentencia, obligación del juez. La pena debe ser
necesaria, desde el punto de vista más estricto de la doctrina social y
político–criminal, teniendo en cuenta como primordial la preservación del
sistema social. Se dice de la pena que responde a la necesidad de protección de
la subsistencia de la comunidad, que es funcional y fundamental para la
conservación del sistema. Esto hace que se aumente la estabilidad de la
comunidad, así como, la confianza de los ciudadanos en la integridad y la
eficacia de las instituciones.
c)
Por
otro lado, el hecho de que la pena sea innecesaria se convertiría en un
procedimiento disfuncional, puesto que contrario a estabilizar la sociedad,
estaría perturbando el sistema de normas de la vida y la convivencia social,
así también las condiciones de la existencia social y los valores de la
comunidad. La pena innecesaria es violencia, y la violencia genera, a su vez, y
multiplica la violencia en el núcleo de la sociedad. Con ésta, no se logra más
que la desconfianza de la sociedad en el Estado y sus entidades, y transmitir
falsos mensajes dentro de la política criminal.
d)
Pena
socialmente útil: Que la pena sea económica o socialmente útil significa
que debe causar más beneficios que daños al ser aplicada. Debe servir al
objetivo de cumplir de manera razonable la tutela de las condiciones necesarias
para la vida social, y prevenir cualquier conducta que pueda afectarlas. La
utilidad de la pena se enmarca solo dentro de la estricta necesidad social,
pues es esta necesidad la que fundamenta su legitimación, y da lugar a un
derecho de última ratio y de mínima intervención.
e)
Como
se sabe, el derecho penal es un sistema represor, como mecanismo para la
protección de ciertos bienes jurídicos acude a la prohibición de ciertas
acciones juzgadas como lesivas para estos intereses, e impone penas a las
personas que cometen dichas acciones protegidas. En ese sentido, el mecanismo
de represión del Estado democrático “únicamente puede ser de última ratio”¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. De no
ser esto así, el sistema político criminal se degeneraría en un despotismo anti-democrático,
como lo refiere ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.
f)
En
consecuencia, la pena innecesaria es siempre inútil hasta rayar en lo
contraproducente, en la injusticia y en el abuso de poder. Se habla de un
requerimiento simultáneo de racionalidad, utilidad y humanidad, que determina
que la ejecución de la pena no se desvincule nunca de la perspectiva de la re-socialización,
aunque no sea este su objetivo primordial.
g)
Pena
humanitaria: A parte de razonable, necesaria y útil, la pena debe aplicarse sin
crueldad o sufrimientos innecesarios para el reo. Se trata de un total rechazo
a cualquier cosa que se parezca a la ley del Talión, y de la aceptación y
aplicación de un total respecto de los derechos humanos internacionales y de la
observancia y actualización de las reglas internacionales sobre el tratamiento
de las personas retenidas.
h)
La
ejecución penal tiene que ser de tal legalidad y llevarse de tal manera, que
debe posibilitar y facilitar la reintegración del reo a la vida social en todos
sus aspectos, familiar, educativa, económica. No se puede concebir un atropello
a la dignidad humana del reo, ni arrastrar la autonomía de su conciencia moral.
Fernández Carrasquilla define que no se debe imponer al preso una escala de
valores, o un plan de vida a futuro. En las terceras personas afectadas por la
encarcelación del sujeto, tampoco se debe causar el más mínimo efecto negativo,
ni por la responsabilidad penal del reo ni por la trascendencia del delito o la
pena.
i)
Pena
merecida: Que la pena sea merecida por el sujeto significa que no se ha de
imponer o mucho menos agravar la pena mediante sistemas de responsabilidad
objetiva o colectiva. La pena deberá imponerse solo en función de un sistema de
culpabilidad jurídica personal no ética, vinculada a la gravedad del injusto
material y el grado de autodeterminación que el autor haya tenido al momento de
la realización del acto de la conducta típica, por el grado de conocimiento de
la anti-juridicidad, por su nivel de control de las circunstancias internas y
externas de su actuación.
j)
Pena
legal: En toda la extensión de la palabra, la pena debe ser legal. Desde el
momento en que es condenada, hasta que se realiza su ejecución penitenciaria.
Debe ser legal también en el momento de la imposición judicial, en el debido y
justo proceso legal que se adelante ante un juez natural competente que, a su
vez, debe ser instituido por la ley y dotado de independencia e imparcialidad.
Anti-juridicidad y tipicidad
Según ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia., las relaciones
entre ambos presupuestos dogmáticos han sido desde siempre, y lo siguen siendo,
una materia generadora de problemas para la doctrina penal. A lo largo de
historia se define al menos cuatro de las etapas más importantes por las que ha
pasado el desarrollo de este tema, las cuales se enlistan a continuación:
l Como
lo concibió Beling en un principio, la tipicidad como la mera y objetivísima
descripción de la conducta, únicamente externa, y su respectivo resultado
causal, en el que no se establecía ningún tipo de valoración.
l Seguido
a esto, Mayer crea un concepto de la tipicidad en la que la establece como la
ratio cognoscendi de la anti-juridicidad, es decir, solo como un indicativo
indiciario de ésta, pero a su vez, independiente en la subsistencia de esta.
l Tomando
la posta de Mayer, aparece Mezger, quien menciona que la tipicidad no sólo se
debe considerar ratio cognoscendi de la anti-juridicidad, sino ratio essendi de
esta. Según este concepto, la ratio essendi demuestra la manifestación penal de
la anti-juridicidad que no se excluye mediante las causas de justificación.
l Pronto,
Frank determina que será así salvo que se acepte la teoría de los elementos
negativos del tipo, que será explicada más adelante.
De esta modo, la construcción de la teoría
del delito se basa en la separación de los tres presupuestos que la componen, a
saber: tipicidad, anti-juridicidad y culpabilidad, pero por sobre la división y
diferenciación que se verá más adelante no se debe descuidar la conexión que
tienen: así, los tipos legales son fundamentos del reconocimiento de la anti-juridicidad,
y a su vez, las relaciones del autor con la tipicidad y la anti-juridicidad
constituyen la culpabilidad.
Por el hecho de que la tipicidad es la
base más importante para establecer el presupuesto de anti-juridicidad, se
puede generar confusión en cuanto a los conceptos de estos. De hecho, Ernst
Mayer los define como el humo y el fuego, en el sentido de que el primero es
evidente el indicador del segundo, pero no siempre una premisa requisitoria. Para
conseguir una definición más clara de ambos conceptos, se puede hacer uso de
ciertos ejemplos. Con respecto a la tipicidad, a breves rasgos se ha de decir
de ella, que se refiere a la tipificación de una conducta dentro de una norma.
Dedicarle un pequeño espacio para el tipo
penal es necesario, si es que se quiere establecer la relación que guarda con
la anti-juridicidad. De esa manera, el tipo penal reúne todos aquellos
elementos específicos que sirven de fundamento primordial y positivo para la anti-juridicidad
penal de un hecho. Al hacerlo así, describe de manera clara y precisa el
comportamiento penalmente relevante. El tipo, además de su significado de
presupuesto fundamental para la anti-juridicidad, encierra un significado
valorativo propio, una relevancia de índole penal. Esta relevancia no proviene
de que el hecho típico sea contrario a la normativa, sino más bien de que
suponga una lesión o puesta en peligro del bien jurídico valioso para el
Derecho Penal.
Por tanto, la acción típica debe ser siempre
anti-jurídica, lo que quiere decir que ha de estar prohibida por la normativa
penal. Por regla general, ya la misma característica de tipicidad le concede
esta particularidad de prohibición. Sin embargo, hay que entender una pequeña
contradicción, y es que como se vio, hay conductas típicas que no siempre serán
consideradas anti-jurídicas por el mismo hecho de que ante este tipo penal
concurra una causa de justificación, como podría ser la legítima defensa o
incluso el derecho de corrección paterno.
Por ejemplo, que los padres que consideren
apropiado dar un castigo físico moderado a un hijo que ha cometido una falta
contra su autoridad o sus responsabilidades como hijo, es una conducta que sí
está reconocida por el ordenamiento jurídico, siempre y cuando el castigo sea
moderado y justificado. Aun así, el ordenamiento jurídico no toma ninguna
posición en la problemática pedagógica sobre el valor o desvalor del castigo
corporal, solo da a los padres cierta autoridad respecto a ello.
En tal sentido, la relación está, en que
sin la tipicidad no cabe la anti-juridicidad. De ello se deriva la idea de que
la tipicidad no puede desvincularse de la anti-juridicidad, pero tampoco es
solo la ratio cognoscendi de ésta, como se creía antes, es decir, no es solo un
indicio, sino es su propia ratio essendi, es decir, que cuando la anti-juridicidad
concurre con relevancia jurídica es porque procede de la realización de un
tipo. De esa forma, la tipicidad no es condición suficiente, pero sí necesaria
de la anti-juridicidad penal.
A este respecto, si se habla de la anti-juridicidad
y de la tipicidad, se debe considerar primero que son dos categorías distintas
y autónomas. Como se verá en los ejemplos más adelante, la conducta podría ser
típica y anti-jurídica, pero hay veces que se cumple solo una de estas dos
categorías, y no la otra. Con respecto a ello, menciona ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. “la relación de
tipicidad y anti-juridicidad es de manera lógica, no valorativa.” Asimismo,¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. indica que:
La
tipicidad cumpliría una función esquemática y de manera descriptiva, por lo que
la realización de una acción típica no nos diría nada aún respecto de su anti-juridicidad,
y por el contrario, la justificación de una conducta no eliminaría su
tipicidad, esto es que, una conducta justificada seguiría siendo típica.
Por lo tanto, se puede tener el ejemplo de
una persona condenada a privación de libertad, que elude el establecimiento y
escapa, en este caso se estaría hablando de anti-juridicidad, pero no de
tipicidad, puesto que está obligado a cumplir la condena que le ha sido dada,
sin embargo, el hecho de escapar de la cárcel no es una conducta tipificada
dentro de la normativa para resultar en una consecuencia de agravación a la
pena ya dada al sujeto.
De igual manera el ejemplo de una ciudad
que está siendo atacada por un ejército enemigo, para lo cual, las fuerzas de
seguridad proceden a destruir estructuras como calles, postes de luz, puertas,
entre otros implementos para crear una barricada de protección. La conducta es
típica, puesto que la destrucción de propiedad pública y privada sí es una
actuación tipificada y castigada, sin embargo, esta acción no puede ser
considerada anti-jurídica porque tiene una causa justificativa que la excluye
de ese elemento.
En esta relación se pueden determinar de
mayor importancia los elementos normativos del tipo y los elementos subjetivos
de la anti-juridicidad. Dichas situaciones de las que se hablara más adelante
son definidas por Mayer como circunstancias que parecerían estar fijadas por un
lado a la tipicidad y por el otro lado a la anti-juridicidad, y es que tienen
un doble carácter: elementos normativos de la tipicidad, y auténticos elementos
de la anti-juridicidad.
Elementos normativos del tipo
Se habla de aquellas partes que integran
el resultado típico, y que se reducen a un significado solo valorativo. Partes
integrantes que no tienen una relación causal con la acción voluntaria, esto
quiere decir que, no son accesibles a la percepción sensorial, no se
desarrollan en el mundo exterior sino en el mundo del derecho. Con respecto a
esto, la sentencia C–605/06 de la Corte Constitucional de Colombia, que alude a
que la valoración de los elementos normativos del delito “corresponden de forma
exclusiva al juez penal”, por la misma razón de que no se desarrollan en el
mundo exterior. Estos elementos son propios del tipo, mas no de la acción
realizada por el agente, porque éste no realiza los elementos, son
independientes de la conducta delictiva.
Por ejemplo, al utilizar al delito de robo
tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, que en primer
lugar menciona “la persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se
apodere de cosa mueble ajena (…)”. La característica de “ajena” que deben tener
las cosas sustraídas no es causada por el ladrón o por el agente del robo, es
un elemento independiente de la acción.
Por ejemplo, en un caso de difusión de
información de circulación restringida tipificado en el artículo 180 del COIP,
que “la persona que difunda información de circulación restringida (…)”
Entonces, el elemento normativo de “información de circulación restringida” no
es una característica que esté en manos del autor, es decir, la característica
de circulación restringida de la información. Lo que es obra del agente, y por
lo tanto, responsabilidad de este sería la “difusión” de dicha información.
Otro claro ejemplo en el artículo 141, que
para el femicidio determina “la persona que (…) dé muerte a una mujer por el
hecho de serlo o por su condición de género (…)” La sentencia C–297/16 de la
Corte Constitucional de Colombia determina que el conector o también se
consideraría un elemento normativo, que “indicaría que el verbo rector dar
muerte a una mujer puede ligarse con dos hipótesis diferentes”, que sería el
hecho de la mujer de serlo, o la condición determinada por su género.
Si es que estos elementos normativos
fueran contados dentro de los presupuestos de la pena, se estaría incurriendo
en un error por parte del legislador, pues si bien estas características son
parte del resultado, no son accesibles a la percepción sensorial del agente, es
por esto que se dice que su realización no se da en el mundo exterior, sino en
el mundo interno del Derecho, siendo este el que las establece, las considera y
las estudia.
Una cuestión importante frente al tema de
los elementos normativos es ¿qué sucede con los tipos penales abiertos y en
blanco? El Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez mediante Sentencia
C–501 del 2014 en la Corte Constitucional de Colombia determina que en cuando a
los tipos penales abiertos, son los que “permiten un grado de indeterminación
en los elementos normativos que lo configuran” mientras que, los tipos penales
en blanco superan su indeterminación mediante el ejercicio de la actividad
interpretadora del juez.
Los tipos penales en blanco hacen una
referencia a la conducta típica que sí incluye un precepto y una sanción, sin
embargo, los elementos normativos del precepto son relativos e indeterminados,
por esta razón, el Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil en la Sentencia C–333
del 2001 en la Corte Constitucional de Colombia determina que los tipos penales
en blanco “requieren otro contenido normativo” para lograr precisarlos
Elementos subjetivos de la anti-juridicidad
A este respecto, Mayer considera que, si
bien los elementos existen, no se los puede considerar iguales o coincidentes
con los elementos de la culpabilidad. Por ejemplo, en un caso de un médico que
toma muy fuerte de la cintura de su paciente, si su propósito es maligno y
desconsiderado, este hecho estaría prohibido, pero si con esta acción pretende
realizar una examinación científica y propia de su profesión, entonces la
acción estaría permitida.
Sin embargo, al analizar un momento en que
el médico pudo haber estado en estado de embriaguez, o por un error disculpable
había creído tener el consentimiento de su paciente para tomarla de la cintura
con un énfasis sexual. En este caso se estaría hablando de una ofensa anti-jurídica,
pero no culpable. Por lo que, los procesos subjetivos que hacen que la acción
se anti-jurídica y aquellos que determinan la culpabilidad de la acción no son
siempre iguales.
La acción en cuanto a la anti-juridicidad
subjetiva se mide siempre en relación con los fines consagrados en la norma.
Para entender esto, hay que comprender primero que, para determinar la mera
objetividad de la anti-juridicidad, el fin perseguido por el agente es completo
e irrelevante. La anti-juridicidad se fundamenta en los fines que tenga el
actor. Por ejemplo, el caso de un maestro de escuela que castiga a un niño para
vengarse del padre, versus que el mismo castigo sea fundamentado en un fin
educativo.
Conclusiones
Se concluye que la anti-juridicidad es un
elemento del delito y además, es la segunda categoría dogmática dentro de la
teoría del delito, si esta llega a faltar, así como sucedería con la tipicidad
y la culpabilidad no sería posible determinar responsabilidad penal, mucho
menos punibilidad. Por tanto, la anti-juridicidad es toda conducta humana que
no está en concordancia con una normativa jurídica, por consiguiente, la acción
del sujeto es totalmente contraria a ella.
Asimismo, como base al concepto de anti-juridicidad,
se puede decir que, para que una conducta humana sea valorada de anti-jurídica,
es necesario que lesione o ponga en peligro un interés jurídico tutelado por el
Derecho, ya que de lo contrario no puede ser valorada como ilícita. Es así que,
la anti-juridicidad supone que la conducta que se ha realizado está prohibida
por el ordenamiento jurídico; es decir, contrario a Derecho.
En tal sentido, se señala que el orden
jurídico es unitario, es decir, la conducta que sea contraria a una norma
determinada debe considerarse contraria al ordenamiento. Por lo cual, para
determinar las cuestiones fundamentales de la conducta opuesta al ordenamiento
jurídico, es decir, el injusto primero ha de ocurrir una acción, este término
hace referencia a la conducta punible, singular y diferenciada, cuya
realización es objeto de una amenaza penal específica. Así, entre los elementos
generales de la anti-juridicidad penal se encuentran: la tipicidad penal y la
ausencia de causas de justificación.
A más de esto, es importante señalar las
determinaciones conceptuales de la anti-juridicidad que son: la anti-juridicidad
formal, que guarda una relación de contradicción entre una acción y el derecho;
la anti-juridicidad material, que no es más que la peligrosidad de la conducta,
siempre y cuando se mantenga dentro de los ámbitos de la norma y el marco de la
ley. Dentro de la anti-juridicidad material y la racionalidad de la pena se
encuentran los siguientes sub-temas: pena justa, pena necesaria, pena
socialmente útil, pena humanitaria, pena merecida y pena legal.
Como punto final es importante destacar la
relación entre la anti-juridicidad y la tipicidad. Para Meyer, el primero es
evidencia del otro, es decir, sin la tipicidad no cabe la anti-juridicidad, por
esto, es importante distinguir entre los: elementos normativos del tipo, que se
definen como aquellas partes que integran el resultado típico y que se reducen
a un significado valorativo, no tienen relación causal con la acción
voluntaria; y los elementos subjetivos de la anti-juridicidad, para Meyer, si
bien los elementos existen, no se los puede considerar iguales con los
elementos de culpabilidad.
Referencias
1.
Asamblea Nacional. (2014). Código Orgánico
Integral Penal. Quito: Corporación de Estudios y
Publicaciones CEP.
2.
Beling,
E. (1906). Relación entre la Tipicidad y Anti-juridicidad.
3.
Bolaños,
M. (1998). Teoría del Delito y Dolo Eventual. Mérida, Venezuela: Universidad
Santa María.Trabajo Especial de Grado. Especialización
en Derecho Penal.
4.
Corte Nacional de Justicia. (marzo de
2014). Ética Judicial. En C. N. Justicia, Ética Judicial (pág. 230). Quito,
Pichincha, Ecuador.
5.
Fernández,
J. (2011). Derecho Penal. Parte General. Teoría del delito y de la pena. Vol.1
El delito visión positiva y negativa. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.
6.
Gómez,
J. (2005). Tratado de Derecho Penal. Parte general. Tomo III. Bogotá: Ediciones
Doctrina y Ley. Ltda.
7.
Jakobs,
G. (1999). La imputación objetiva en el derecho penal. Madrid:
Civitas.
8.
Jescheck, H.-H. (1991). Tratado de Derecho
Penal, Parte General. Barcelona: Editorial PPU.
9.
Márquez,
R. (2003). Capitulo I. Ubicación de la problemática de la antijuricidad. En R.
Márquez, Teoría de Antijuricidad (pág. 187). México. D.F.: Instituto de
Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Primera edición.
10.
Maurach,
R., & Zipf, H. (1995). Derecho Penal Parte General, formas de aparición del
delito y las consecuencias jurídicas del hecho. Buenos
Aires: Editorial Astrea.
11.
Mayer,
M. E. (2007). Derecho Penal. Parte General.
Montevideo: B de F. Ltda.
12.
Mir Puig, S. (2016). Derecho Penal. Parte
General (Décima ed.). Montevideo: B de F. Ltda.
13.
Plascencia,
R. (2004). Teoría del Delito. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tercera
reimpresión.
14.
Roxin,
C. (1979). Teoría del Tipo Penal. Tipos y elementos del deber jurídico. (E.
Bacigalupo, Trad.) Buenos Aires: Ediciones Depalma.
15.
Roxin, C. (2010). Derecho Penal. Parte
General - Tomo I. Madrid: Editorial Civitas S.A.
16.
Silva,
J. (2015). La Antijuricidad como Elemento Garantizador del Delito en el
Ordenamiento Jurídico Venezolano. Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo.
Trabajo Especial de Grado. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Dirección
de Estudios de Postgrado.
17.
Velásquez,
F. (2009). Derecho Penal, Parte General. Medellín: Editorial Comlibros.
18.
Von Beling, E. (1906). Die Lehre Vom
Verbrechen. Alemania: Elibron Classics.
19.
Welzel. (1956). Derecho Penal. Parte
General. (T. C. Fontán Balestra, Trad.) Buenos Aires: Roque Depalma Editor.
References
1.
National Assembly. (2014). Comprehensive
Organic Penal Code. Quito: CEP Studies and Publications Corporation.
2.
Beling, E. (1906). Relationship between
Tipicity and Anti-legality.
3.
Bolaños, M. (1998). Theory of Crime and
Eventual Willfulness. Mérida, Venezuela: Universidad Santa
María. Special Degree Work. Specialization in
Criminal Law.
4.
National Court of Justice. (March 2014).
Judicial Ethics. In C. N. Justice, Judicial Ethics (p. 230). Quito, Pichincha,
Ecuador.
5.
Fernández, J. (2011). Criminal law.
General part. Theory of crime and punishment. Vol.1 The crime positive and
negative vision. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.
6.
Gómez, J. (2005). Criminal Law Treaty. General
part. Volume III. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley. Ltda.
7.
Jakobs, G. (1999). Objective imputation in
criminal law. Madrid: Civitas.
8.
Jescheck, H.-H. (1991). Criminal Law
Treaty, General Part. Barcelona: Editorial PPU.
9.
Márquez, R. (2003). Chapter I. Location of
the problem of unlawfulness. In R. Márquez, Theory of Unlawfulness (p. 187).
Mexico. D.F .: Institute of Legal Research of the National Autonomous
University of Mexico (UNAM). First edition.
10.
Maurach, R., & Zipf, H. (1995).
Criminal Law General Part, forms of appearance of the crime and the legal
consequences of the act. Buenos Aires: Editorial Astrea.
11.
Mayer, M. E. (2007). Criminal law. General
part. Montevideo: B de F. Ltda.
12.
Mir Puig, S. (2016). Criminal law. General
Part (Tenth ed.). Montevideo: B de F. Ltda.
13.
Plascencia, R. (2004). Crime Theory.
Mexico: Institute for Legal Research of the National Autonomous University of
Mexico (UNAM). Third reprint.
14.
Roxin, C. (1979). Criminal Type Theory.
Types and elements of legal duty. (E. Bacigalupo, Trad.) Buenos Aires:
Ediciones Depalma.
15.
Roxin, C. (2010). Criminal law. General
Part - Volume I. Madrid: Editorial Civitas S.A.
16.
Silva, J. (2015). Unlawfulness as a
Guarantee Element of Crime in the Venezuelan Legal System. Valencia, Venezuela:
University of Carabobo. Degree thesis. Faculty of Legal and Political Sciences.
Postgraduate Studies Directorate.
17.
Velásquez,
F. (2009). Criminal Law, General Part. Medellín: Editorial Comlibros.
18.
Von Beling, E. (1906). Die Lehre Vom
Verbrechen. Germany: Elibron Classics.
19.
Welzel. (1956). Criminal law. General
part. (T. C. Fontán Balestra, Trad.) Buenos Aires: Roque Depalma Editor.
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